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Los 10 obstáculos que han impedido dar una solución a las víctimas de la talidomida

El vicepresidente de AVITE, Rafael Basterrechea, enumera en este artículo los 10 obstáculos que han impedido que a las víctimas de la talidomida en España todavía no se les haya hecho justicia.
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Solo con echar la vista atrás y analizar los últimos treinta meses más recientes, con gobiernos alternativos de PP y PSOE revelan que han quedado flecos pendientes importantes que han impedido que las victimas de talidomida recibieran sus compensaciones fijadas en la proposición no de ley (PNL) del 2016 y en la Ley de Presupuestos del Estado del 2018.

Rafael Basterrechea, vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (AVITE) explica aquí cuáles han sido los 10 obstáculos que han impedido encontrar una solución final.

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Las víctimas de la talidomida, 60 años después, siguen esperando que la clase política arregle este asunto.

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Hay 570 peticiones de reconocimiento, posibles afectados, que aún siguen sin ser reconocidos de forma oficial.

Pese a ello el Tribunal Supremo en el 2015 declaró el caso prescrito en una sentencia, siguiendo las tesis de la Audiencia Provincial de Madrid, que revocaba un fallo de un juzgado de instrucción y las compensaciones económicas que había fijado.  a pesar de que en ese momento no había oficialmente víctimas de la talidomida.

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“Lo que si está claro es que treinta meses y 3 gobiernos después seguimos donde estábamos”, aclara Basterrechea. A su juicio, estas son las cuestiones pendientes que frenan encontrar una solución a este asunto.

1.- LLEVAR ADELANTE UNA PNL EN 2016 APROBADA POR UNANIMIDAD EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

“Los últimos gobiernos han ralentizado el tema todo lo que han querido. No les interesa y es posible que crean que no consiguen rédito político. La última oferta de febrero del 2019 del Ministerio era muy por debajo de lo que se pactó.  Ya dijimos que iríamos a los Tribunales si el Real Decreto Ley salía adelante”.

En opinión de Basterrechea, «deberían darse cuenta del comportamiento internacional que hay sobre la materia que debería serviles de ejemplo, incluso con estas compensaciones últimas señaladas por la ministra Carcedo nos quedamos muy por debajo de afectados alemanes o italianos, un 260% menos, que no puede tolerarse. Pero es que estamos hablando de una vida inutilizada y eso debe tenerse en cuenta”.

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2.- ESTABLECER PLAZOS Y CUMPLIRLOS 

“Hemos trabajado con el Ministerio de Sanidad de forma muy extraña. La PNL se aprobó en noviembre del 2016  y la primera reunión con aquel secretario general de Sanidad, Castrodeza,  fue en marzo del 2017. La verdad es que no hemos podido definir un plan de trabajo con unos plazos claros para que se pudieran desarrollar los reconocimientos de los posibles afectados por talidomida”.

Ha faltado una clara planificación de todo lo que se iba a hacer. “A ninguna Comunidad Autónoma se le ha dicho que tenía un plazo concreto para reconocer a posibles afectados por talidomida. Parece como si no hubiera prisa. Todo deslavazado, sin ninguna estrategia”, aclara nuestro interlocutor.

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Luego añade que “llevamos exigiendo un cronograma para poner en marcha este programa de reconocimiento y otras acciones que a día de hoy, 18 de mayo del 2019 no lo tenemos”.

3.- GESTIONAR LA COMISIÓN DE LA TALIDOMIDA CON TRANSPARENCIA 

“Como fruto de todo lo que estamos hablando la gestión de la Comisión encargada de las víctimas de la talidomida ha adolecido de falta de transparencia. Nos hemos ido enterando de la actividad de la Comisión porque los hitos no se conseguían y pasaba el tiempo”.

Para Basterrechea, “lo normal es que en el propio Instituto de Salud  Carlos III hubiera una persona que analizara la información que le llega de cada reconocimiento. Y si faltase algún dato, pedirlo. Sabemos que hay Comunidades Autónomas que no han cumplido el protocolo acordado, con lo cual las pruebas genéticas no se han hecho en su totalidad”.

Miembros de AVITE, afectados por la Talidomida, a las puertas del Congreso de los Diputados. El tercero por la derecha es Basterrechea.

4.- NO RECONOCER NI A UN SOLO AFECTADO POR TALIDOMIDA, NI SIQUIERA UNO EN 30 MESES 

 “El retraso es alarmante en este tema. La primera revisión que se hizo fue en el País Vasco el 12 de febrero del 2018. Lleva año y medio esperando resultados en un país como el nuestro, con 257.000 médicos colegiados. A día de hoy hay 570 solicitudes de reconocimiento como víctimas de talidomida.  Sorprende que no exista la figura de un coordinador que esté pendiente de estos trabajos y no dé cuenta de los retrasos”.

5.- CREAR UN REAL DECRETO JUSTO EQUIPARABLE AL RESTO DE EUROPA 

“Como antes comenté la última propuesta del Ministerio de Sanidad es inaceptable. Al mismo tiempo quieren que de la cantidad a percibir por cada uno de nosotros, muy inferior a la que está en los Presupuestos Generales del Estado, se nos retenga el IRPF. Eso supondría perder la mitad de la indemnización en impuestos”, aclara el vicepresidente de AVITE.

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Con 20 millones de euros, presupuestado en el último Real Decreto Ley,  a una media de 700.000 euros solo habría dinero para 25 afectados reconocidos.

6.- NEGOCIAR CON GRUNENTHAL Y HACERLA ASUMIR SU RESPONSABILIDAD 

“Otro punto oscuro de esta historia. A día de hoy nadie nos ha informado si ha habido esta reunión entre la farmacéutica que comercializó la talidomida en España y Sanidad.  Lo que se ha filtrado ha sido por los medios de comunicación. Pero no tenemos constancia que les hayan obligado a pagar su parte de compensaciones. Sin embargo en países como Alemania han colaborado de forma notable, con más de 500 millones de euros, hasta la fecha”, aclara el vicepresidente de AVITE.

En la propia PNL, en su artículo 24, se habla de abrir un periodo de negociación para pedirle a Grunenthal que se haga cargo de una parte de dicha indemnización a todos los afectados.

Y en los Presupuestos Generales  del Estado, artículo 4, dice algo parecido: “pedir la colaboración económica necesaria a la empresa propietaria de la patente y a otras que lo comercializaron. Esa colaboración económica incrementaría las cantidades ya reconocidas a los afectados”.

7.- NO CUMPLIR NI UNO SOLO DE SUS COMPROMISOS 

Hasta el momento ninguno de los gobiernos que han asumido este tema ha cumplido ninguno de sus  compromisos.

La anterior ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, llegó a decir que en el 2017 estarían los reconocimientos para luego empezar con los pagos.

Sin embargo, aún no se ha hecho nada. Basterrechea califica de despropósito todo lo que AVITE y víctimas de la talidomida están aguantando en estos últimos treinta años

8.- SER ÁGIL Y COLABORADOR 

“Es otro elemento que se deriva de todo lo que estamos hablando. Estamos en un bucle del que no salimos. En cualquier empresa privada hay una fecha de finalización de la actividad, penalizaciones  u otras cláusulas en el caso de que pueda existir un retraso, en esta cuestión no se avanza y nadie se hace responsable de los retrasos”, apunta Basterrechea.

9.- DIALOGAR CON LOS REPRESENTANTES DE LAS VÍCTIMAS EN IGUALDAD  

Las relaciones entre las víctimas de la talidomida y Sanidad se han ido deteriorando con el tiempo por la falta de diálogo entre las partes y la falta de información de cómo van los reconocimientos a las posibles víctimas.

Basterrechea confiesa, con amargura, que pese a las reuniones que hemos mantenido con diferentes responsables de Sanidad “no tenemos un teléfono directo de un interlocutor que esté llevando directamente este asunto y al que podamos abordar de manera frecuente sobre la gestión de este tema. No podemos preguntar a nadie cómo va nuestro tema porque no hay dicho interlocutor”.

10.- NECESIDAD DE VOLUNTAD POLÍTICA Y UN PLAN CLARO QUE RESUELVA ESTE ASUNTO 

Es fundamental que nuestros políticos se lo tomen en serio. Que se establezcan plazos claros para resolver este tipo de asuntos. La forma más rápida de solucionar este tema pasaría por concluir los reconocimientos médicos y saber cuántas víctimas están reconocidas.

“Con posterioridad habría que aprobar la PNL que hemos citado y se publique en el BOE para realizar las solicitudes de indemnización a cada uno de nosotros. Según la propia PNL el Estado tendría un plazo de seis meses para cumplir con la misma”, concluye  Basterrechea.