El juez Murat Arslan lleva en prisión en Turquía tres años. Desde 2016. Recientemente ha sido condenado por un tribunal de Ankara a 10 años de cárcel por «pertenencia a organización terrorista».
Este juez fue relator del Tribunal Constitucional turco. En 2017 recibió el Premio Vaclav-Havel, que concede la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en reconocimiento a su gran profesionalidad.
Su encarcelamiento y su posterior condena es injusta e ilegal.
Por ello, el Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), en su última reunión, decidió conceder el premio “Jesús Vicente Chamorro” 2019 a Murat Arslan, en reconocimiento a su independencia judicial y a su lucha por la justicia.
A Arslan se le acusa en Turquía de pertenecer a la comunidad de Fethullah Gülen, el predicador exiliado en Estados Unidos a quien las autoridades consideran el cerebro del fallido golpe de estado contra el régimen de Erdogan del 15 de julio de 2016.
El juez, era presidente de la Asociación de magistrados independientes Yarsav, la única organización turca que estableció lazos con sus homólogos de otros países.
Al igual que casi tres mil jueces y fiscales, Arslan es víctima de la represión impuesta por el presidente Erdogan tras el fallido golpe de Estado.
El premio se entregará durante la clausura del XXXIV Congreso de la Unión Progresista de Fiscales, que tendrá lugar en Zaragoza el día 8 de Junio de 2019.
UNA ACUSACIÓN BASADA EN PRUEBAS FALSAS
Las agencias internacionales, consideraron que no se había probado ningún hecho terrorista a Arslan y que todo el caso se montó sobre la base de algunas aplicaciones encontradas en su teléfono móvil.
Entre ellas, se encontraba un servicio de mensajería instantánea llamado Bylock, que las autoridades de Ankara describían como “la principal forma de comunicación de los conjurados”.
El juez negó haberse descargado esa aplicación y la Asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y la Libertad (Medel) afirmó en un comunicado, tras conocerse la sentencia, que “todo el procedimiento judicial carece de trasparencia y no tiene nada de procedimiento legal regular”.
La Plataforma para la Independencia de la Justicia Turca, que agrupa a las cuatro principales asociaciones de jueces de Europa, constató varias violaciones a las garantías procesales, tales como el derecho a la defensa o a una apelación.
El proceso, según ellos, estuvo repleto de irregularidades: aseguran el principal testigo de cargo de la acusación es anónimo y otros muchos testigos se han desdicho de sus primeras declaraciones.
Por otra parte, el juez se ha cambiado cuatro veces, y tres de ellas, consideran que sin ninguna razón ni explicación, se han rechazado las propuestas de la defensa de escuchar a algunos testigos, así como las múltiples veces que se ha pedido la libertad del acusado.
«NO EL PERFIL»
Desde el diario francés Le Monde, aseguraban que «Murat Arslan no tiene el perfil de un adorador religioso, ni mucho menos el de un terrorista».
Además, el 20 de julio de 2016, cinco días después del fallido intento de golpe de estado contra el régimen de Erdogan en Turquía, Murat Arslan declaraba que presentía que se iban a llevar a cabo purgas en la institución judicial.
En los días siguientes fueron puestos en arresto domiciliario 2.745 magistrados, sospechosos de apoyar el movimiento “terrorista”.
El 19 de octubre de 2016 Arslan fue encarcelado en la prisión de Sincan, en Ankara, donde comparte celda con otros 16 detenidos.
El juicio no fue justo según el relator especial de la ONU para la independencia de los jueces y abogados Diego García Sayán: «La condena del juez Arslan constituye un ataque severo y grave a la independencia del poder judicial en Turquía y en un proceso democrático».
«Según el Estado de Derecho, un poder judicial independiente e imparcial es una garantía fundamental para la sociedad en general «, concluyó el experto en derechos humanos de la ONU.
