El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tacha de «carentes de toda verosimilitud y sin soporte probatorio alguno» las afirmaciones del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.
En ellas, comunicaba a socios y clientes que contrataría al exmagistrado Baltasar Garzón y mediaría con jueces y fiscales de la Audiencia Nacional para impedir la extradición a Guatemala del naviero español Ángel Pérez-Maura.
El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, fue dictado el pasado 5 de junio y se refiere a la pieza ‘Pit‘ del caso Villarejo.
Este investiga el contrato de 10 millones de euros que el naviero suscribió con el comisario para que desplegase su influencia dentro y fuera de España.
El fin era conseguir que la causa de corrupción por la que le reclamaba Guatemala, así como el proceso de extradición incoado en consecuencia en la Audiencia Nacional quedasen en nada.
Según expone, «los avances en la investigación demuestran la existencia no solo de los contratos firmados firmados en fecha 29 de abril de 2016 y corroborados a través de las grabaciones realizadas por el propio Sr. Villarejo, sino también los pagos que se fueron realizando a los distintos investigados hasta noviembre de 2017″.
Expone que Villarejo y sus presuntos colaboradores «no dudaron, tal y como señala el Ministerio Fiscal, en justificar algunos de esos cobros en supuestas contrataciones como la del Sr. Garzón o gestiones con terceras personas vinculadas con la Administración de Justicia».
Se refiere aquí a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y al comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Ivan Velasquez.
Asevera el juez a continuación: «justificaciones éstas carentes de toda verosimilitud y sin soporte probatorio alguno, como ya se ha puesto de relieve por la propia Fiscalía Anticorrupción el pasado 8 de mayo de 2019, y reconocieron además los propios investigados en sus declaraciones posteriores a la detención».
El escrito de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, al que se refiere el auto expresamente que: “Al hilo de algunas informaciones publicadas, la Fiscalía quiere hacer constar que la investigación no atañe a la actual Ministra de Justicia en funciones, Fiscal de la Audiencia Nacional en aquellos momentos, quien no consta tuviera intervención alguna en el citado procedimiento de extradición, como ya se hizo constar en la nota que en su día emitió la Fiscalía de la Audiencia Nacional”.
En concreto, según el sumario de actuaciones, el abogado Enrique Maestre contactó por encargo de Pérez-Maura y su hermano con el empresario Adrián De la Joya, amigo de Villarejo, en busca de ayuda ante la inminencia de un procedimiento de extradición.
Estos dos vieron «oportunidad de negocio» y pactaron repartirse «a pachas» una cantidad que estimaron en 10 millones de euros, aunque la causa ha acreditado hasta la fecha el pago de 7,6.
