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¿Colaboración o resistencia?: Las asociaciones judiciales se enfrentan al dilema de apoyar, o no, la renovación del CGPJ

Los participantes en la mesa "¿Qué podemos hacer los jueces por la independencia del Poder Judicial?", que tuvo lugar el pasado viernes en Bilbao. De izquierda a derecha, Jesús Agustín Pueyo, de FJI; Alfonso Álvarez Buylla, de AJFV; Emilio Lamo de Espinosa, de APM; Julia Sauri, de JJpD; y Jesús Villegas, de la PCIJ. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
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Es un dilema al que las cuatro asociaciones judiciales –la Asociación Profesional de la Magistratura (APM); la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV); Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)– van a tener que hacer frente de aquí a cuatro o cinco meses, cuando toque volver a la fallida renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hoy seis meses ya fuera de su tiempo.

Una de ellas, FJI, lo tiene ya muy claro: resistencia. No hay espacio para la colaboración y mucho menos para la negociación.

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Las cuatro se han pronunciado de forma inequívoca, desde el invierno de 2015, cuando forjaron la política de unidad de acción y de colaboración, para que los 12 vocales de procedencia judicial –de los 20 que componen el CGPJ– sean elegidos por los 5.500 jueces y magistrados que componen la carrera judicial, por voto secreto y directo.

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De la misma forma que se eligió la Comisión de Ética Judicial, en abril de pasado año.

Y no por el Parlamento, como viene siendo costumbre desde 1985.

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Regresando, así, al sistema original de 1980.

Sin embargo, el dilema es muy duro: Mantener la política de no colaboración, asumiendo que el actual mandato del CGPJ podría prolongarse «provisionalmente» cuatro años más –con su presidente al frente, Carlos Lesmes Serrano, al que todos quieren ver fuera cuanto antes, por su «nefasta gestión» (así lo ven ellos)– o apoyar, «por última vez», la elección parlamentaria, propiciando la renovación rápida, antes de que termine el año.

Y la salida de Lesmes. Regresando al sistema colegiado de gestión del órgano de gobierno de los  jueces, desprovisto del sentido presidencialista que le dio el ministro de Justicia del momento –en 2013–, Alberto Ruiz Gallardón, y que refrendó el Gobierno popular de Mariano Rajoy.

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Inevitablemente esa decisión podría afectar a la política de unidad que han venido implementando y que ha funcionado muy bien, hasta ahora, para irritación de Lesmes.

LA TERCERA VÍA

Porque la hay. Y fue explicada el pasado viernes por la mañana por el magistrado Jesús Villegas, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), durante su intervención en las Jornadas Jurídicas «Independencia Judicial, ¿hacia donde vamos?», que organizó FJI en el Colegio de la Abogacía de Bilbao.

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La  PCIJ es una asociación transversal de jueces, fiscales, abogados, profesores de universidad y ciudadanos, que preside el exvocal del CGPJ, magistrado en excedencia y abogado, Agustín Azparren.

La tercera vía planteada por Villegas es que los miembros de la carrera judicial y las asociaciones cierren un acuerdo de compromiso, por el que llevarían a cabo la elección de sus doce vocales, por sufragio secreto y directo. De forma autónoma y al margen de todo.

Los elegidos serían así los únicos que se presentarían a la elección por el Parlamento.

«Así no habría que reformar ninguna ley y acabaríamos con esta estructura de sumisión y subordinación al Parlamento», explicó a los presentes.

Todos los participantes en esa mesa, titulada «¿Qué podemos hacer los jueces por la independencia del Poder Judicial?», Emilio Lamo de Espinosa, por la APM; Alfonso Álvarez Buylla, por la AJFV; Julia Sauri, por JJpD; y Jesús Agustín Pueyo, por FJI, se reafirmaron en la reivindicación de que los 12 vocales jueces sean elegidos por sus iguales.

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Lo mismo que la codirectora de la jornada, Nekane Rodríguez, también de FJI: «Es una necesidad vital para la carrera».

LAS MATEMÁTICAS PARLAMENTARIAS 

El problema con la posición colaboradora, es que la matemática parlamentaria emergida de las últimas elecciones va en sentido contrario.

Aunque las circunstancias también podrían favorecer la no renovación del CGPJ.

Todo depende del PP.  

Porque para elegir a la mitad de los nuevos vocales del CGPJ –10– en el Congreso de los Diputados se necesitan 210 votos de 350. Tres quintas partes del aforo de la cámara baja. 

Las dos fuerzas mayoritarias, PSOE y Unidas Podemos, partidarias de seguir con la elección parlamentaria, suman entre las dos 166. 

PP, Ciudadanos y Vox, y Navarra +, el bloque ideológico contrario, suma 149. 

Ninguna de los dos pueden llegar a la cifra de 210.

Ni siquiera, en el caso de PSOE-Unidas Podemos, sumando todas las fuerzas restantes –ERC Sobiranistes, JxCat, PNV, EH Bildu, Coalición Canaria, Compromiso, o el Partido Regionalista de Cantabria–  sumarían.

Porque solo son 36 votos. Todos ellos suman 202 votos. A 8 de los 210 preceptivos.

En el Senado, la cosa estaría más fácil.

Con un aforo de 208 escaños, el PSOE cuenta con 121 votos y necesita 125. PNV tiene 9. 

«RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL» 

Aunque el PP, desde el pasado mes de noviembre está en el discurso de que los jueces elijan a sus 12 representantes, es también la única formación que ha cambiado de postura más veces.

En su programa de gobierno de 2011, el PP proponía volver al sistema originario de elección exclusiva por jueces y magistrados de los 12 no reservados al Parlamento de 1980 y en la reforma de 2013 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, hizo todo lo contrario.

Luego, en noviembre del pasado año apoyó, junto a ciudadanos, la enmienda para que fuera así, pero fue tumbada en su regreso al Congreso, en diciembre, después de ser aprobada en el Senado, donde tenía una mayoría aplastante.

La clave está en la postura que adopte la dirección del PP, a cuyo frente está Pablo Casado.

Se da, además, la circunstancia, de que el Congreso de los Diputados tiene que elegir, en el otoño-invierno de este año, a los sustitutos del actual presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, la vicepresidenta, Encarnación Roca, y los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés.

Y también por una mayoría de tres quintos, es decir, 210 votos.

El conocido discurso de la «responsabilidad institucional», como partido de Estado, es con lo que muchos cuentan para que el PP pueda llegar a un acuerdo con el PSOE.

Por lo tanto, la pelota –tarde o temprano– estará en el tejado de Casado.