La Asociación El Defensor del Paciente, que ejerce la acusación popular en el juicio contra una enfermera del hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares (Madrid) acusada de asesinar a dos pacientes inyectándoles aire con una jeringuilla, reclama que sea condenada a prisión permanente revisable.
Además, ha señalado que la procesada, Beatriz L.D., pudo haber acabado con la vida de hasta cinco personas más, si bien no cuentan con «pruebas fidedignas suficientes» para poder acusarla.
Hoy ha arrancado el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid contra ella por dos presuntos delitos de asesinato. El caso será juzgado por un jurado popular.
La Fiscalía pide 40 años de cárcel por la muerte de dos ancianas, mientras las acusaciones elevan la petición de pena al añadir un supuesto delito de intento de asesinato por una paciente que no llegó a fallecer.
Hace un año, la juez de Instrucción número 4 de Alcalá de Henares, María Belén Pérez Salido, procesó a la auxiliar por dos delitos de asesinato y otro en grado de tentativa. Éste último no ha sido contemplado por la Fiscalía.
El Ministerio Público también reclama que se le imponga la medida de libertad vigilada consistente en la prohibición de desempeñar actividades como auxiliar de clínica en cualquier hospital o centro médico, durante un período de 10 años.
Además, pide que indemnice con 92.000 euros a los familiares de las víctimas.
Solicita que sea responsable civil directo la entidad ‘Societe Hospitaliere Dássurances Mutuelles’ y responsable civil subsidiario la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
‘PUDO HABER HASTA SIETE VÍCTIMAS, PERO NO HAY PRUEBAS FIDELIGNAS PARA PODER ACUSAR’
En declaraciones a las puertas de esta sede judicial, la presidenta de El Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha criticado, que el Ministerio Público no ejerza acusación respecto al caso de intento de asesinato.
Además, Flores ha señalado que «se calcula que pudo haber hasta siete víctimas, pero que no hay pruebas fidedignas para poder acusar».
«La pena debe ser prisión permanente revisable porque hubo personas indefensas y vulnerables y no fue maltrato, se llegó a la muerte», ha reseñado.
El abogado Antonio Rubio, que defiende a una de las víctimas que sobrevivieron y a la acusación del Defensor del Paciente, ha censurado «cómo se trató el caso desde los servicios públicos, dado que conocía que había envenenamientos y no se hizo nada hasta que hubo una muerte».
Ha manifestado que hubo «una serie de disfunciones absolutas dentro de servicios públicos y no se tomaron medidas hasta que era evidente que había un asesino entre ellos porque era parte del personal sanitario».
También ha criticado a la Administración una familiar de una de las víctima que consiguió superar las afecciones que le provocó el aire que tenía después de que la enfermera le inyectara aire en las venas.
UNA JERINGUILLA CON UNA GRAN CANTIDAD DE AIRE
Beatriz L.D., trabajaba desde 2004 como auxiliar de clínica el hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares «siendo sus funciones el cuidado y atención de los pacientes ingresados en las habitaciones asignadas al control de enfermería B de la plana 5ª dedicada al servicio de la medicina interna».
Según se desprende del escrito de acusación de la Fiscalía, el 29 de julio de 2015, la acusada entró en una habitación ocupada por una paciente de 92 años, L.M.S., a quien se le iba a dar el alta al día siguiente, «y con ánimo de causar su muerte de forma inmediata y aprovechando que en esos momentos no se encontraba acompañada de ningún familiar», le inyectó con una jeringuilla una gran cantidad de aire en el sistema circulatorio a través de una vía.
A consecuencia de ello, la paciente entró en parada cardio-respiratoria y falleció poco después a causa de una embolia gaseosa pulmonar masiva.
La fallecida dejó dos hijos, uno de ellos con una minusvalía del 86%.
Dos años más tarde, el 2 de agosto de 2017, pasadas las tres y media de la tarde, la enfermera entró en la habitación de una paciente de 86 años, C.D.F., a quien inyectó con una jeringuilla una gran cantidad de aire a través de la vía, lo que provocó que sufriera un parada cardiorrespiratoria motivada por una embolia gaseosa masiva que provocó su fallecimiento a las cuatro de la tarde de ese día, pese a las maniobras de reanimación que le fueron practicadas por los médicos.
La acusada de encuentra privada de libertad desde el 5 de agosto de 2017.
