El exconsejero delegado del BBVA Ángel Cano y otros cuatro altos cargos de la entidad están citados este jueves a declarar en calidad de investigados.
Se les investiga por presuntos delitos de cohecho activo y revelación de secretos por los encargos que el banco habría realizado bajo presidencia de Francisco González al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.
Además de Cano, está previsto que acuda a la Audiencia Nacional, a partir de las 10.45 horas, el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero.
Por la tarde, a las 16.15 horas, están citados el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González.
También el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección de la entidad Ricardo Gómez Barredo; y el exdirector de Finanzas Javier Malagón Navas, que sigue vinculado al banco.
Las comparecencias de estos cinco imputados se enmarcan en una nueva ronda de declaraciones de la que es la novena pieza del ‘caso Tándem’ y que culminará el viernes con la citación, también como investigados, del exjefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano.
También su sustituta en el cargo, Inés Díaz Ochagavia; el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; y el abogado y socio de Villarejo Rafael Redondo, con quien gestionaba, entre otras, la mercantil CENYT a través de la que se gestionaban los contratos con el BBVA, de acuerdo a los investigadores.
Esta pieza separada del ‘caso Tándem’, también llamado ‘caso Villarejo’, investiga las actividades ilícitas del excomisario y entre las que figuran contratos millonarios para desempeñar supuestas labores de inteligencia para el BBVA.
Tareas estas en las que de acuerdo a los investigadores se habría servido de su condición de policía y que habrían incluido escuchas y espionaje a miembros del Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero.
MÁS DE DIEZ AÑOS DE ENCARGOS
De acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas, la relación entre mercantiles del comisario, como el grupo CENYT, y BBVA se habría prolongado durante más de una década en la que se sucedieron encargos para tareas diversas.
Esto ha convertido esta pieza separada en una ‘macrocausa‘ en sí misma con numerosas ramificaciones, incluida la que señala directamente a Corrochano como presunto interlocutor de Villarejo con la dirección del banco.
La parte más conocida de esta pieza que permanece bajo secreto es la relativa a la ‘operación Trampa’, el despliegue que habría orquestado el comisario para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración del banco.
Según publicaron Moncloa.com y El Confidencial, Villarejo facturó más de medio millón de euros a cambio de informes que incluían la monitorización de más de 4.000 teléfonos y seguimientos a periodistas, empresarios y políticos entre 2004 y 2005.
Incluido el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián; personado como acusación en la causa.
Tras la difusión de la existencia de aquellos negocios con Villarejo a principios de este año, el ya presidente de honor del BBVA Francisco González presentó su renuncia al cargo y la nueva presidencia encargó una auditoría y una investigación internas para esclarecer los hechos.
