España está muchísimo mejor que el resto de Europa en la lucha contra la violencia de género en general, no solamente en número de víctimas sino también en la atención, en las órdenes de protección, en los centros de acogida y en el sistema de pulseras que ahora nos están copiando muchos países europeos”.
Con estas palabras defendió Pilar Martín Nájera, fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado, el enorme trabajo que se realiza desde todos los estratos de la sociedad para luchar contra esta lacra.
El marco elegido para hacerlo fue la Jornada Violencia de Género Digital que tuvo lugar en la Universidad Isabel I.
Junto a ella estuvieron Pilar Conde Colmenero, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas y directora del Grado en Derecho de la Universidad Isabel I; María Boado, fiscal coordinadora de Violencia de Género del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León; y Encarnación Iglesias, de la Asociación STOP Violencia de Género Digital.
La fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer reflexionó sobre las ventajas e inconvenientes intrínsecas a las nuevas tecnologías.
Subrayó que “nos han cambiado el criterio de intimidad” e indicó que hay corrientes de pensamiento que, motivadas por las redes sociales, ya apuntan a conceptos como intimidad compartida y extimidad.
Autoregulación de las redes sociales
Una de las cuestiones fundamentales en las que interviene la transformación digital es en las relaciones de pareja, donde, apunto, existe una “responsabilidad individual y colectiva para exigir la autorregulación del uso de las redes sociales”.
Las redes impulsan cambios en las relaciones que las convierten en totalmente diferentes “a las que regula el ordenamiento jurídico español”, aseguró Martín Nájera.
Una razón de peso para trabajar por la evolución de las leyes con el objetivo de que contemplen situaciones que se han convertido en cotidianas a día de hoy.
Como ejemplo, citó que “los jóvenes han aprendido que una torta no se puede permitir” pero “la violencia de control, la humillación, el abuso psicológico, no se identifica como violencia”, lo que dificulta que “se reaccione”.
El «sexting» (difusión imágenes íntimas), el «child grooming» (idéntico delito, pero con menores), la sextorsión, el ciberacoso o la interceptación de comunicaciones personales son algunos de los principales delitos en materia de violencia de género digital.
Esto corrió a cargo de María Boado, fiscal coordinadora de Violencia de Género del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
La presidenta de la Asociación STOP Violencia de Género Digital, Encarnación Iglesias, relató el camino de la primera entidad de estas características que se creó en España, poniendo el acento en que “las víctimas de violencia de género digital no son conscientes de que son maltratadas”, lo que supone el primer problema a resolver.
El trabajo para concienciar sobre el carácter delictivo de estas acciones se ha mezclado, desde los comienzos de la Asociación, con otro: No sólo han tenido que tratar a las víctimas, sino que también se han dedicado, y lo siguen haciendo, a formar a profesionales especializados en esta materia.
