José Manuel Villarejo Gil, el hijo del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, era apoderado de las empresas de su padre que recibieron los pagos de los navieros Ángel y Álvaro Pérez-Maura.
Estos pagos se realizaban a cambio de frenar la extradición del primero a Guatemala para responder por presuntos delitos de corrupción.
También facilitó «teléfonos de seguridad» a los supuestos implicados en este encargo porque el expolicía creía que el CNI les escuchaba.
Estas son las razones que llevan al juez de la AN Manuel García Castellón a fijar como medidas cautelares para Villarejo Gil prohibición de salida de España, retirada de pasaporte y comparecencias quincenales en el juzgado más cercano a su domicilio, después de que prestara declaración esta mañana.
Los indicios que pesan contra el hijo del comisario han sido expuestos por el magistrado en el auto en el que se adoptan las medidas cautelares.
Apunta que durante las negociaciones con los Pérez-Maura fue «autorizado/apoderado junto con Rafael Redondo en las cuentas de las dos sociedades que reciben los pagos del proyecto», Cenyt y Stuart & Mckenzie Spain, y de hecho, «cobra la nómina de ahí».
Añade el juez que Villarejo Gil figura en «multitud de correos intervenidos como asistente a las reuniones en las que se planifica y desarrolla el proyecto Pit«, y «facilita teléfonos de seguridad para los investigados», como así figura en varias conversaciones intervenidas.
QUE ALEGARA «UN TEMA DE CHICAS»
El instructor destaca tres conversaciones en concreto, en una de las cuales el comisario jubilado le pide a su hijo que le facilite a Ángel Pérez-Maura un teléfono porque tiene la convicción de que el CNI escuchaba al naviero; Villarejo Gil se encarga de explicar el funcionamiento del mismo.
En esa conversación, el comisario jubilado le aconseja a Pérez-Maura que si en algún momento le detienen, explique que ese teléfono es «para una novia que tiene, porque a la policía cuando se le dice que es para un tema de chicas o sexual no suele analizarlo».
También participa en otras reuniones en las que también están su padre, Rafael Redondo y el empresario Adrián de la Joya sobre la negociación del encargo de los Pérez-Maura, concretamente sobre contratos y una discusión que habían mantenido con el naviero acerca del dinero a convenir.
FORMABA PARTE DEL EQUIPO
En cuanto al policía y trabajador de Villarejo Antonio Bonilla, que también ha declarado este lunes en la Audiencia Nacional, García Castellón ha acordado libertad provisional sujeta al pago de una fianza de 15.000 euros que deberá abonar antes del 24 de julio para así evitar la prisión.
Según expone el juez en su auto, Bonilla era «conocedor» de la condición de funcionario de Villarejo, incompatible con sus actividades privadas, y «forma parte del equipo» de éste para afrontar otros proyectos.
En la documentación intervenida consta una carpeta con su nombre que incluye «información de carácter reservado obtenida a partir de bases de datos policiales respecto a diferentes personas implicadas en el proyecto Pit».
Constan asimismo un viaje a Guatemala en mayo de 2016 y «otros encargos a Bonilla», tal y como recogen los audios de reuniones que obran en el sumario como uno en el que Rafael Redondo y Villarejo abordan de encomendarle alguna gestión.
Para el magistrado, esto, sumado al hecho de que Bonilla ya está imputado en las piezas Iron, sobre espionaje a abogados; Pintor, sobre extorsión a un exjuez y ‘8’ en relación a un empresario de Marbella; lleva a concluir que participa en el entramado de Villarejo y que hay un «sólido cuadro indiciario» de delitos graves como para acordar libertad bajo fianza.
SU PROPIA CARPETA
Por último, García Castellón ha fijado libertad provisional con comparecencias mensuales y obligación de comunicar al juzgado si quiere viajar fuera de España al exembajador de Guatemala en Estados Unidos Julio Ligorría.
Se basa en que tanto la documentación incautada como el testimonio de los implicados Adrián De La Joya y Enrique Maestre apuntan a que cobró por sus servicios.
Según el plan trazado por ambos en colaboración de Rafael Redondo y Enrique Maestre, Ligorria debía ejercer su influencia para frenar la causa de corrupción contra Pérez-Maura en Guatemala.
Para ello, iban a hacerle presidente del país con apoyo económico estadounidense canalizado por el entonces ‘número 2’ de la campaña de Donald Trump, Paul Manafort, con el que constan diversas reuniones sobre el tema.
En el auto, el juez recoge que Ligorría, que está imputado por cohecho, tenía su propia «carpeta» en el archivo de Villarejo, participa en varias reuniones con ellos para organizar el proyecto y cobro dinero por ello, tal y como reconocieron Maestre y De la Joya, y figura en las cuentas de Pérez y Cía, la mercantil de los navieros que promovieron el encargo.
EP.
