La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará al mayor de los ‘Mossos d’Esquadra’ Josep Lluís Trapero, los exjefes políticos de la policía autonómica catalana Pere Soler y César Puig y la intendente Teresa Laplana a partir del 20 de enero de 2020.
La Fiscalía solicita en su escrito de conclusiones provisionales 11 años de prisión para Trapero, Puig y Soler por un delito de rebelión, mientras que Laplana se enfrenta a cuatro años de cárcel por sedición.
El tribunal que juzgará a los exjefes de los ‘Mossos’ estará compuesto por la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, y los magistrados Francisco Javier Vieira y Ramón Sáez Valcárcel, quien además será el ponente de la sentencia.
Según la diligencia de ordenación emitida este martes por el tribunal, los magistrados prevén que el juicio se desarrolle a lo largo de unas 25 sesiones y se celebrará en la sede que la Audiencia Nacional tiene en el municipio madrileño de San Fernando de Henares.
Así, la vista oral comenzará el 20 de enero con las cuestiones previas, tras lo cual tendrá lugar el interrogatorio de los cuatro acusados, lo que se prolongará hasta el día 23.
Las siguientes sesiones tendrán lugar en febrero y marzo con las comparecencias de los testigos y peritos y la prueba documental, para finalizar con los informes finales de las partes.
El juicio contra los exjefes de los ‘Mossos d’Esquadra’ comenzará, pues, después de que se conozca la sentencia del Tribunal Supremo contra Oriol Junqueras y el resto de dirigentes del proceso independentista catalán, que se prevé para el próximo otoño.
EL FISCAL: «INACCIÓN Y DEJACIÓN DE FUNCIONES»
La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera a Trapero un subalterno de los promotores de delitos de rebelión y sostiene en su escrito de acusación que cooperó de forma «decisiva, consciente e intencionada» con los líderes políticos independentistas.
Señalan los sucesos del 20 y 21 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía de la Generalitat como durante el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Para el fiscal Pedro Rubira, durante aquellos días los acusados diseñaron un plan para promover una «inacción y dejación de funciones» de los Mossos que permitiera a los líderes independentistas alcanzar sus objetivos, ya que entiende que Puig, Soler y Trapero, «cada uno desde su cargo y responsabilidad, se sumaron al plan secesionista, poniendo a disposición de éste la actuación del cuerpo policial».
«Su capacidad investigadora e intimidatoria al servicio de la organización y de los fines independentistas era imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum».
«Dedicándose a funciones impropias de un cuerpo policial como la realización de seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y en algunos casos, incluso oponerse físicamente», detalla el Ministerio Público.
De hecho, el fiscal afirma que Trapero obró aquel 1 de octubre con «inequívoco propósito de dificultar la labor de la Policía Nacional y la Guardia Civil«.
Junto a Puig y Soler, «alertaban de la actuación de otros cuerpos policiales y facilitaron información a los impulsores del proceso para garantizar el buen fin del mismo, al tiempo que daban a estos cobertura y protección».
En cuanto a los sucesos de septiembre, la Fiscalía sostiene que Trapero, Puig y Soler «cooperaron de forma decisiva, consciente e intencionada con los fines perseguidos por las instituciones catalanas» y con ANC y Òmnium.
«Impidiendo el desarrollo de la diligencia judicial» y «propiciando con su deliberada pasividad la concentración durante horas de una gran masa de personas en actitud obstaculizadora y hostil frente a la sede» que estaba registrando una comisión judicial.
SE DESMARCA DEL PLAN INDEPENDENTISTA
Sin embargo, el mayor Trapero asegura en su escrito de defensa que «no ha participado, no ha intervenido y no ha compartido» el plan independentista «ideado» por el Gobierno de Carles Puigdemont y el referéndum del 1-O.
Lo califica de «ilegal», y garantiza que siempre actuó «desde el más riguroso respeto al orden jurídico constitucional, obedeciendo y cumpliendo los mandatos judiciales».
El que fuera jefe de los Mossos insiste en su escrito en la versión que tanto él como otros mandos policiales explicaron en el Supremo al tribunal del ‘procés‘, y es que el 26 y el 28 de septiembre, pocos días antes del referéndum ilegal, la policía autonómica expresó a dirigentes de la Generalitat, en dos reuniones convocadas a petición del propio mayor, su «preocupación» por los «problemas graves de orden público» que la convocatoria podía suscitar.
Además, asegura que «no ordenó a los ‘Mossos’ labores de seguimiento o vigilancia a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que intervinieron en el operativo», y que mandó investigar todas las conductas de aquellos agentes de la policía autonómica que incumplieron las órdenes dadas por los mandos para cumplir el mandato judicial.
EP.
