Las alarmas, entre algunos de los 815 jueces y magistrados destinados en Cataluña, saltaron a finales de la pasada semana. Inesperadamente se encontraron, al acceder a sus ordenadores, con un mensaje, en sus pantallas, que les decía que si querían acceder a ellos tenían que darle a aceptar.
Les informaban, eso sí, sobre la «vigencia y aplicabilidad» de la instrucción 3/2018 de la Secretaría de Administración y Función Pública de la Generalitat, por la que podían acceder a los sistemas informáticos de la Administración de Justicia para llevar a cabo actividades de «control y seguimiento», incluidas las estaciones de trabajo e infraestructuras comunes.
Y se podía entender que con carácter general.
Traducido al «román paladino»: Que podían tener acceso a todos los ficheros jurisdiccionales. Algo que tienen absolutamente prohibido. Porque contienen todo tipo de datos sensibles, cuya protección, como Autoridad de Protección de Datos, corresponde al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
¿Era un intento de implementar un «Gran Hermano» en el poder judicial en Cataluña, por parte de la Generalitat?
Las alarmas se dispararon. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat), presidida por Jesús María Barrientos, se reunió de urgencia el miércoles y dirigió acuerdo a los miembros de la Comisión Permanente del CGPJ –que habían sido avisados telefónicamente y a los que les enviaron copias de los pantallazos por correo electrónico– solicitando su intervención.
La incomunicación entre el Departamento (en Cataluña se denomina así a la Consejería del ramo) de Justicia de la Generalitat, cuya consejera es la exdiputada nacional por ERC, Ester Capella, y el poder judicial en esa Comunidad Autónoma está bajo mínimos.
«La Comisión de Informática hace más de ocho meses que no se reúne», explicaron fuentes jurídicas de aquella Comunidad a Confilegal.
La desconfianza está a flor de piel, de ahí que las sospechas se hayan disparado a toda velocidad.
En el universo separatista catalán se tiene muy presente que la instrucción base que posibilitó la investigación que desembocó en el juicio contra 12 exaltos cargos y líderes sociales se produjo desde el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona.
Y que, en estos momentos, se siguen otros procedimientos contra cargos de segundo y tercer nivel en la Sala de lo Civil y Penal del TSJCat.
El poder judicial ha sido la pieza del Estado que ha impedido que el referéndum y la declaración de independencia del 1 de octubre de 2017 no fuera a mayores.
EL ACUERDO DEL TSJCAT LLEGÓ AL LÍMITE
El acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJCat le llegó a la Permanente a última hora de ayer y fuera de la orden del día.
Debido a la gravedad del asunto, tomaron la decisión de abrir una investigación, que encargaron a su Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la informática judicial del CGPJ, compuesta por expertos en esta especialidad, para que determine si la Generalitat accedió a algún tipo de información «sensible» de las bases de datos jurisdiccionales del poder judicial español.
«Como Autoridad de Protección de Datos de los juzgados y tribunales en toda España, al mismo tiempo que hemos ordenado estas diligencias informativas, hemos requerido a la Generalitat para que paralice toda actividad de inspección, control o seguimiento sobre tratamientos jurisdiccionales. Y le hemos dado 15 días para informarnos, de manera pormenorizada, de todos los accesos que se hayan producido en los órganos judiciales de Cataluña«, explicaron fuentes del CGPJ a Confilegal.
«El cometido que tiene ahora nuestra gente del CENDOJ es aclarar qué es lo que ha pasado –¿los responsables son unos ignorantes que no saben lo que es un fichero jurisdiccional o ha sido algo intencional?–, a dónde han accedido y qué han visto y si se han llevado algo. De lo que estamos hablando es de una gravedad extrema. De ahí nuestra rapidez y contundencia«, añadieron.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece de un modo muy claro los límites de ese acceso.
Con la transferencia de la Administración de Justicia a la Comunidad Autónoma de Cataluña ésta adquirió la responsabilidad sobre los funcionarios –a excepción de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia– y los medios materiales, incluyendo los sistemas informáticos sobre los que trabajan todos ellos.
LLUEVE SOBRE MOJADO
No es la primera vez que la Generalitat trata de acceder a información jurisdiccional de los órganos judiciales en Cataluña.
En mayo de 2017 el entonces consejero de Justicia, Carles Mundó, de ERC, trató de implementar el programa «Visión Justicia: sistema de evaluación y mejora continua», por el que pretendía evaluar a las personas, la organización y los procesos de trabajo en los juzgados.
El plan contemplaba que los «evaluadores» del Departamento de Justicia accederían a los sistemas informáticos de gestión procesal que utilizan jueces, fiscales, letrados judiciales y funcionarios.
