CDC se financió ilegalmente con facturas falsas emitidas por una productora de TV

Parra ha sido llamado a declarar como testigo ante el juez del denominado caso del ‘3%’ después de que el empresario confesara en el Juzgado de instrucción número 23 de Barcelona haber cobrado trabajos realizados a CDC para la citada campaña con facturas giradas a una productora audiovisual.

En la Audiencia Nacional ha concretado que se trataba de Triacom, y que los conceptos en las facturas se hicieron a programas como Fish and Chips y El gran Dictat por valor de más de 200.000 euros.

Según adelantó ‘El Periódico de Catalunya’, Parra presentó un escrito en dicho juzgado admitiendo que tres empresas que administra no habían prestado servicios a la productora a la que habían girado y cobrado una serie de facturas, sino que esas labores las realizó «en realidad» para CDC en la campaña electoral del 2010 al ‘Parlament’.

Dijo haber sido presionado a ello para poder cobrar sus honorarios

El hombre que habría orquestado toda la maniobra de ocultación de financiación irregular fue según este testigo el exsecretario de Gobierno de la Generalitat, Germà Gordó.

Este le indicó qué hacer en una reunión a la que Parra acudió con los albaranes de los servicios efectivamente prestados para los actos de campaña.

El dirigente de Convergencia le remitió a Oriol Carbó, ex gerente de TV3 y responsable de Triacom, para que éste le girara las facturas con el concepto de servicios a los programas citados.

Además de confesar el amaño, Parra ha entregado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 varios documentos.

Entre ellos un DVD con la grabación de su reunión con Gordó en la sede de Convergencia, en la calle Córcega de Barcelona, así como los albaranes que elaboró inicialmente, según las mismas fuentes.

También ha dicho que cuando en un momento determinado Carbó dejo de pagar y «hubo un problema» con ello volvió a reunirse con Gordó, concretamente el 17 de octubre de 2011, si bien finalmente le pagaron todo de una vez mediante el mismo sistema.

Parra fue condenado en enero de 2018 a ocho meses de prisión y multa de 900 euros por un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido en el caso Palau y el juzgado de Barcelona le estaría investigando ahora por delitos fiscales.

En dicho juicio, ya reconoció que giró un total de 13 facturas al Palau de la Música, presidida entonces por Fèlix Millet, que correspondían a trabajos prestados para CDC en la campaña de las elecciones generales de 2004.