El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) alerta en su informe preceptivo al proyecto de nuevo Reglamento para la Carrera Fiscal -que aspira a sustituir una normativa preconstitucional que data de 1969- que el texto propuesto por el Ministerio de Justicia desoye la doctrina del Tribunal Constitucional (TC), al aludir al papel que tendrían unos futuros «consejos de justicia» de las Comunidades Autónomas en asuntos como el nombramiento de los fiscales superiores en cada territorio.
Actualmente en España no existen ni funcionan ninguno de estos «consejos de justicia autonómicos», si bien su existencia y funciones están previstos en estatutos territoriales como el de Andalucía o el de Cataluña.
La sentencia sobre Estatut catalán que dictó el TC en 2010 revocó la mayoría de sus atribuciones por invadir competencias estatales, y es esta doctrina la que estaría obviando el proyecto del Ministerio de Justicia a la hora de proponer su nuevo Reglamento para los fiscales.
Así, aunque el informe sobre el Proyecto de Real Decreto sobre el Reglamento del Ministerio Fiscal fue aprobado el pasado 27 de junio por el Pleno del CGPJ, con una valoración global positiva, los vocales Rafael Mozo y Juan Manuel Fernandez advierten que el artículo 55.2 del mencionado Proyecto presentado por Justicia dispone que el fiscal general del estado debe oir «necesariamente» al Consejo de Justicia de la Comunidad Autónoma cuando los Estatutos de Autonomía prevean su existencia, y siempre «con carácter previo» a la propuesta de nombramiento que realice.
El CGPJ admite que esta referencia al trámite de audiencia del Consejo de Justicia de la Comunidad autonómica se reconoce en el propio Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) -norma de la que deriva el Reglamento que ahora se pretende aprobar-, si bien no debería desconocerse la doctrina de la sentencia del TC sobre el Estatut sobre la invalidez de la previsión estatutaria de estos órganos autonómicos.
Los dos vocales recomiendan «modular» –suprimir, sería el término apropiado– dicha referencia en el Proyecto de Reglamento del Ministerio Fiscal.
«Por ello, debería modularse la reproducción por el poder reglamentario de una previsón del EOMF, incorporada en 2007, que tiene por base una realidad normativa que ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en 2010«, añaden. La redacción de esta artículo en el Reglamento, apunta el órgano de gobierno de los jueces, «no debería desconocer la doctrina constitucional en esta materia».
El proyecto del departamento de Dolores Delgado para dotar de un nuevo Reglamento a la Carrera Fiscal ha recibido hace unas semanas los preceptivos informes tanto del CGPJ como del Consejo Fiscal.
Curiosamente, este último, órgano asesor de la fiscal general del Estado, María José Segarra, obvia el tema de los Consejos de Justicia Territoriales.
-este último no menciona el tema de los Consejos de Justicia Territoriales-, si bien la tramitación quedará ahora posiblemente paralizada debido a la actual situación política.
Fuentes fiscales reconocen que hay interés sobre el nuevo reglamento, si bien la carrera permanece dividida. La Unión Progresista de Fiscales lo apoya y la Asociación de Fiscales la ha criticado duramente, en especial porque facilita que la actual fiscal general del Estado pueda acceder a ser fiscal de Sala del Supremo al terminar su mandato.
La actual situación de bloqueo parlamentario hace muy improbable su aprobación próximamente. EP.
