Con el nuevo texto, el Consejo Fiscal queda prácticamente reducido a un papel testimonial. El poder es todo para el fiscal general del Estado –sobre estas líneas el actual, Álvaro García Ortiz–, afirma la AF. Foto: EP.
La AF rechaza el anteproyecto de reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal porque concentra el poder en el fiscal general
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16/5/2025 18:53
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Actualizado: 16/5/2025 18:53
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La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria de las tres existentes, ha lanzado una dura crítica al anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el pasado martes porque no busca mejorar la independencia de la institución, como sostiene el Ministerio de Justicia, sino todo lo contrario: refuerza el poder del fiscal general del Estado y debilita los contrapesos internos y la participación democrática de los fiscales.
“Nos venden esta reforma como un cumplimiento de las exigencias de Europa, pero en realidad lo que hace es concentrar aún más el poder en manos del Fiscal General”, alertan desde la AF.
Menos control interno, más poder en la cúpula
Una de las principales críticas es la pérdida de competencias del Consejo Fiscal, el órgano elegido por votación entre los fiscales y que hasta ahora tenía un papel clave en los nombramientos y en la supervisión del trabajo del Fiscal General.
Con el nuevo texto, el Consejo Fiscal queda prácticamente reducido a un papel testimonial, sin capacidad real para frenar decisiones discrecionales.
“Es el único órgano con participación democrática dentro de la Fiscalía, y lo quieren convertir en un adorno”, afirman desde la asociación.
Además, denuncian que se está cambiando el sistema de elección para facilitar la entrada de asociaciones minoritarias, precisamente aquellas que apoyan al actual Fiscal General, en clara referencia a la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
Una Fiscalía a la medida del Gobierno
Según la Asociación de Fiscales, lo que está detrás de esta reforma es el intento de consolidar un modelo de Fiscalía «a medida» del Gobierno.
Recuerdan que los últimos Fiscales Generales del Estado —Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz— han sido objeto de varias polémicas por nombramientos anulados por los tribunales, en los que, según la AF, se premiaba más la afinidad política que el mérito profesional.
“Los fiscales ascendidos por afinidad ideológica permanecerán hasta su jubilación en los puestos clave, asegurando el control a largo plazo”, advierten.
Y recuerdan también que los órganos que podrían servir de contrapeso, como la Junta de Fiscales de Sala, ya están en manos de personas afines al actual Fiscal General.
Falta de garantías y de mecanismos de control
La AF también pone el foco en otros aspectos del anteproyecto que consideran muy preocupantes, como el nuevo sistema de reparto de casos a los fiscales.
A partir de ahora, este reparto quedará en manos de la jefatura, sin criterios objetivos claros ni posibilidad de que los fiscales puedan recurrir la decisión. Para la asociación, esto abre la puerta a decisiones arbitrarias y a una Fiscalía menos imparcial.
Además, critican una disposición transitoria incluida en la reforma que permite mantener en el cargo al actual fiscal general o incluso nombrar a otro antes de que la ley entre en vigor, lo que a su juicio demuestra que el objetivo es consolidar un modelo de control desde arriba, sin participación ni transparencia.
Es necesaria una reforma que garantice la independencia real
Para los fiscales, el verdadero problema no está en la falta de poder del Fiscal General, sino en la falta de autonomía real del Ministerio Fiscal frente al Ejecutivo.
Por eso reclaman medidas que sí servirían para garantizar su independencia: una autonomía presupuestaria real y la capacidad de dictar su propio reglamento, sin depender del Gobierno.
“No vamos a entrar ahora en todos los fallos técnicos del texto, que son muchos”, concluye el comunicado de la Asociación de Fiscales, “pero sí queremos alzar la voz y decir claramente que este anteproyecto es inaceptable, debilita los controles democráticos y falta al respeto a los fiscales”.
Con esta postura, la Asociación de Fiscales deja claro que la batalla por el modelo de Fiscalía no ha hecho más que empezar, y que están dispuestos a defender una institución “independiente, imparcial y al servicio del interés general, no de intereses partidistas”.
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