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Expertos en vivienda convocados por Pedro Sánchez, urgen un plan de choque que frene la escalada de los alquileres e impulse la compraventa

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, flanqueado por el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, y Beatriz Corredor, secretaria de Ordenación del Territorio y Políticas de Vivienda del PSOE y exministra de Vivienda, durante el encuentro que el pasado viernes celebraron con arquitectos, promotores inmobiliarios, registradores, cooperativistas y miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para tratar del problema de la vivienda.
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Arquitectos, promotores inmobiliarios, registradores, cooperativistas y miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entre otros colectivos instaron al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a impulsar una política de vivienda que incentive la compraventa, estancada este primer semestre del año, y frene la escalada del alquiler.

Fue durante el encuentro que mantuvieron el pasado viernes, a instancia del propio Sánchez, que estuvo acompañado por  José Luis Abalos, ministro de Fomento en funciones  y la secretaria de Ordenación del Territorio y Políticas de Vivienda del PSOEBeatriz Corredor –exministra de Vivienda bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero–, y que tenía como objetivo conocer su visión sobre este sector.

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Las expectativas creadas, según las opiniones recabadas por Confilegal entre algunas de las personas que estuvieron presentes, son altas.

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Entre los asistentes a esta reunión sectorial sobre Vivienda estuvo María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores de España, quien  manifestó su preocupación porque en casos de desahucios la Administración no siempre puede  tener preparada una solución habitacional inmediata, brindándose a comunicar el inicio de la ejecución hipotecaria a la Administración competente para su planificación.

Del mismo modo, expuso la posibilidad de articular, a través de la institución registral, un sistema que diera seguridad jurídica al alquiler vacacional que está ahondando en la gentrificación de algunos barrios, que es el proceso mediante el cual la población original de un sector o barrio, generalmente céntrico y popular, es progresivamente desplazada por otra de un nivel adquisitivo mayor.

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El sistema propuesto  permitiría el control de seguridad y fiscal de los usuarios y de los arrendadores.

Adán comento que dicho sistema  impediría que aquellas comunidades de vecinos que tengan prohibido en sus estatutos el alquiler vacacional, tengan que soportarlo por la vía de los hechos, o que el arrendatario lo subarriende sin permiso del propietario. Todo ello con el absoluto respeto a las competencias que en esta materia la ley atribuye a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

Uno de los puntos en los que muchos de los intervinientes estuvieron de acuerdo fue en la necesidad de apoyar la rehabilitación de edificios, como tema que fue recurrente en las intervenciones de estos expertos asistentes a este encuentro.

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María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores de España, Beatriz Corredor, secretaria de Ordenación del Territorio y Políticas de Vivienda del PSOE y exministra de Vivienda, y Carlos Ballugera, registrador de la propiedad y presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios.

LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, EN JUEGO

Por su parte, Carlos Ballugera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios y registrador de la Propiedad, destacaba que “de cara al futuro, las personas consumidoras queremos financiación de la compra de vivienda libre de cláusulas abusivas y un mercado del alquiler que dé estabilidad a la satisfacción de la necesidad de vivienda para las personas consumidoras, con plazos adecuados y alquileres asequibles, es decir proporcionados o proporcionales al salario de las personas consumidoras, sean trabajadoras o autónomos”.

En cuanto a su intervención, resaltó que “es necesario que los bancos asuman su responsabilidad en la burbuja inmobiliaria y en la elevación de los precios base del sobreendeudamiento, teniendo en cuenta, además, que la suspensión de lanzamientos se acaba en mayo de 2020”.

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Ballugera recordó al presidente Sánchez “la necesidad de desarrollar reglamentariamente la previsión de la disposición adicional segunda del Real Decreto 5/2017, de 17 de marzo, de regular el derecho de recuperación de la propiedad por los deudores hipotecarios incluidos en el artículo 1.1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de su vivienda habitual, cuando esta hubiera sido objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria”.

En cuanto al control de los alquileres, Ballugera cree que no será sencillo  poner precios máximos a la vivienda libre.

“Es cierto que algunas ciudades han puesto alquileres máximos, algunas, con carácter temporal. Las soluciones no parecen simples”, apuntó. 

A este respecto recordó que “es  aconsejable aclarar algunos elementos de regulación todavía oscuros en perjuicio de las personas consumidoras. Es conveniente que, contra la doctrina del Tribunal Supremo, se clarifique de una vez que en España, como sostiene la Comisión Europea, no se ha transpuesto el artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas”.

A su juicio, «eso significa que también el precio está sujeto al control del contenido sobre cláusulas abusivas. Es decir, es conveniente un pronunciamiento expreso del legislador que añada, necesariamente, que en caso de precios abusivos de la vivienda quepa su reducción a proporciones razonables”.

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Eso supondría paraBallugera“ confiar en el mercado, en cuanto que los precios que se forman, por ejemplo, en el mercado de viviendas de protección oficial, con precios máximos fijados legalmente, puedan operar de módulo para evitar abusos, de modo que esos precios sirvan de término de comparación para saber si el precio de viviendas similares a las del mercado de viviendas de protección oficial, son abusivo”.

Para Ballugera “cuando las diferencias sean importantes habría de abrirse una vía a la reducción de los precios abusivos, vía que significa también, una reducción y un límite pro consumerista a la necesidad de financiación del comprador””.

FRENAR EMERGENCIA HABITACIONAL

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, su portavoz nacional, Paco Morote acudía desde Murcia a este encuentro.

“La reunión terminó sin ningún compromiso firme, más allá de una declaración de buenas intenciones y el anuncio de recoger nuestras aportaciones en un documento que presentarán el próximo martes, cosa que está por ver”, explicó.

En su intervención dibujó un plan de choque para la emergencia habitacional en un documento que hizo llegar al propio Sánchez.

En dicho documento se reclama, entre otras cuestiones, la suspensión temporal de cualquier desahucio que afecte a personas con bajos ingresos, que carezcan de alternativa habitacional adecuada, hasta que la Administración Pública que corresponda pueda garantizar genuinamente el acceso a una vivienda adecuada.

Junto a ello, se reclama el cumplimiento del mandato constitucional acerca de los Tratados Internacionales, y su prevalencia sobre la legislación nacional.

Se deben aprobar urgentemente medidas que obliguen al acatamiento judicial/estatal de las peticiones de suspensión de desahucios emitidas por el Comité DESC de Naciones Unidas.

Al mismo tiempo, el plan de choque reclama la renovación de los contratos de alquiler social, el control de los precios de alquiler, en consonancia con salarios y prestaciones existentes o impedir la enajenación de vivienda pública por norma legal.

Junto a ello también se insiste en la  limitación de la responsabilidad al bien hipotecado y la dación en pago como fórmula natural de resolución de impagos por causas sobrevenidas y ajenas a la voluntad del deudor, superando el sobreendeudamiento de miles de familias y conseguir una auténtica segunda oportunidad

Morote, enterado de la idea de Abalos de aprobar una Ley Estatal de Vivienda la próxima Legislatura, recordó que su colectivo había presentado en el Congreso una Ley Estatal de Vivienda basada en la Ley Vivienda PAH, la Ley 24/2015 catalana –fruto de una iniciativa legislativa popular impulsada por la PAH y con amplio consenso político de extenderla– más la incorporación de los aspectos más progresistas y avalados por el Tribunal Constitucional, como la movilización de vivienda deshabitada hacia el alquiler social estable o la consideración del Derecho a la vivienda como Derecho Subjetivo para las familias vulnerables.

Alfredo Naranzo y Paco Morote, portavoces de la PAH, asistentes a la reunión, con el documento que luego entregarían a Pedro Sánchez.

EL CONTROL DEL ALQUILER LLEGA TARDE

Por su parte, Dionisio Moreno, abogado, experto en temas hipotecarios, que ha estado pendiente de dicha reunión del pasado viernes, cree que la futura medida del Gobierno de limitar los alquileres se produce llega tarde .

“A buenas horas vienen con medidas que ponen en evidencia el absoluto fracaso de la política de vivienda en España”. En su opinión hay ocho elementos a tener en cuenta en este escenario.

En primer lugar, “ahora la mayoría de los que tienen que acudir al alquiler son los que antes eran propietarios con un préstamo hipotecario. Ahora hay mayor demanda de alquiler porque hay menos propietarios. ¿Por qué no se adoptaron medidas para que estas personas no perdieran sus viviendas en propiedad regulando mejor las ejecuciones o los contratos de préstamo para evitar que perdieran sus viviendas?”.

También recuerda que «los mayores tenedores de viviendas son SAREB, Fondos Buitre y los bancos, sí señores, esos que han ‘echado’ a los propietarios de sus viviendas, han vendido sus carteras de ‘activos tóxicos’ a los Fondos Buitre, y se han ido de rositas con ayudas del Estado, el dinero de los que ahora no tienen otra alternativa que alquilar».

Para Moreno, ”existe de facto un monopolio de la propiedad de la vivienda permitido por los sucesivos gobiernos de PP y PSOE, y ahora vienen a poner ‘tiritas’ donde tenían que haber hecho una operación en firme”.

En tercer lugar, revela que “las leyes procesales en materia de alquiler son más drásticas que las de las ejecuciones hipotecarias. Justo las cambiaron cuando empezó la avalancha de ejecuciones hipotecarias, sabedores de que los mayores ‘caseros’ iban a ser los bancos».

Como cuarto elemento, destaca que “¿para qué pagar un alquiler si un préstamo hipotecario resulta más barato? ¿No sería mejor facilitar la propiedad a quienes tuvieron una y la perdieron con una especie de ‘ley de segunda oportunidad a la propiedad?'».

Como quinta reflexión este abogado comenta que “¿a quién le pondrán el límite? ¿A los propietarios privados, algunos que sólo tienen esos ingresos?. Sería injusto con ellos».

En sexto lugar, Moreno destaca si “¿Realmente se pretende limitar el precio del alquiler para que la gente consiga vivienda o para que no litigue por la que tiene ahora?”.

Su séptima reflexión recuerda que “si seguimos teniendo los servicios más caros e ineficientes de la UE (electricidad, gas, telefonía), ¿cómo le va a llegar a la gente para pagar un alquiler? La  vivienda no son solo cuatro paredes: Se necesita agua para limpiarla y limpiarse, electricidad para que funcionen las neveras o la cocina, gas para calentarla y cocinar, y telefonía, porque estamos en la sociedad hiperconectada y el móvil es tan imprescindible como la nevera».

Desde el punto de vista de Moreno, “si se limita el precio del alquiler, debería limitarse el precio de los servicios necesarios para que la vivienda sea Digna”.

Y su octava reflexión tiene que ver con la necesidad de que el derecho a la vivienda sea un derecho fundamental.

“Quizá al reconocer lo que por los tratados internacionales no se ha hecho sistemáticamente, podría hacerse una profunda reforma de la política de vivienda y facilitar el acceso a todos los colectivos, para que los ciudadanos decidan cómo quieren estar, y no tener que conformarse con lo que se puedan permitir con los sueldos mileuristas que tenemos”, apunta.

Como conclusión final advierte que “limitar el precio de los alquileres es como domiciliar a los ‘sin techo’ en un banco del parque para que puedan votar”.