La consejera de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, ha anunciado este martes que el ‘Govern’ ha acordado «emprender acciones legales» contra el informe sobre el proceso independentista elaborado por la Secretaria de Estado de la España Global (Ministerio de Asuntos Exteriores).
En la rueda de prensa tras el ‘Consell Executiu’, la consejera ha recordado que, pese a que el informe iba destinado a representantes diplomáticos de la Administración central, «es conocido que ha sido objeto de difusión entre periodistas, corresponsales y otros interlocutores internacionales».
El ‘Govern’ considera que con el informe «se está perjudicando la imagen de Cataluña, especialmente en el Exterior» y critica que con el documento se vulnere la presunción de inocencia de los encausados en el juicio del Tribunal Supremo por el impulso del 1-O.
El Gobierno catalán ya acordó llevar al Estado a los tribunales por la financiación pendiente de 2019
La consejera de Presidencia y portavoz del ‘Govern’, Meritxell Budó, anunció el pasado martes que iniciaría los trámites legales para llevar al Estado ante los tribunales por no haber transferido los ingresos pendientes de 2019.
En la rueda de prensa tras el ‘Consell Executiu’, la consejera rechazaba el argumento legal del Ejecutivo central para no hacer efectivo el pago –que es un Gobierno en funciones– porque «es una acción administrativa ordinaria y es legalmente exigible a un Gobierno en funciones».
«Una vez más, el Gobierno del Estado proyecta sus problemas internos al resto de administraciones», reprochaba, y afirmaba que otras comunidades autónomas han seguido el ejemplo de Cataluña y estudian emprender medidas legales.
En respuesta a los periodistas, el ‘Govern’ señalaba que no prevé realizar una acción legal conjunta con ellas, pero ha desvelado que sí ha habido «comunicación» entre las comunidades afectadas y que desde Castilla y León y desde Galicia se les ha explicado que también prevén optar por la vía legal.
El ‘Govern’ cifra la deuda que reclama al Estado en 1.317 millones, una cantidad que procede de la mejor recaudación de 2019 –874 millones–, pero también de una parte del IVA de 2017 que «se tenía que liquidar este año», que asciende a 443 millones.
Preguntada por el informe de la Abogacía del Estado que esgrime el Gobierno para no hacer efectivos los anticipos, ha explicado que no se les ha «facilitado», que sabe que el grupo del PP en el Congreso lo ha pedido y que los diputados de ERC y JxCat en la Cámara Baja también lo han hecho.
