El Supremo confirmó el pasado marzo la condena de dos años de cárcel impuesta al exconsejero madrileño por el chivatazo de la Púnica. Foto: EP
Granados y sus socios habrían saqueado 15 millones de euros a cooperativas escolares en una década, según el juez
Y en un solo año el exsecretario general del PP de Madrid habría amañado los concursos para adjudicar tres tramos de Metro a empresas amigas
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03/9/2019 16:09
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Actualizado: 03/9/2019 16:15
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El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y número 2 del PP en la región Francisco Granados lideró una trama que entre 2002 y 2014 saqueó más de 15 millones de euros a cooperativas de profesores en la construcción de colegios concertados en municipios de esta y otras comunidades autónomas, según el relato de los hechos que recoge el auto del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón para formar una pieza separada, la 11, que permita juzgar aisladamente esta rama de la trama Púnica.
Detalla que el corazón del negocio era Alfadel, la promotora de Alfonso Ferrón del Río y el «patrón» era «el mismo» en todos los casos investigados: La empresa constituía cooperativas para promover la construcción de colegios concertados y exigía a los cooperativistas amplios poderes para la gestión del proyecto, desde autorización para contratar servicios hasta firma en las cuentas bancarias para pagarlos.
Era así como Ferrón les cargaba facturas falsas emitidas por otras empresas de la trama -las de David Marjaliza y José Luis Capita, ambos investigados- y conseguía el dinero con el que luego abonaría comisiones y dádivas a técnicos y políticos mientras él «se procuraba ingentes beneficios», hasta el punto de que ha acabado imputada su mujer por aflorar en forma de lujos este dinero de origen ilícito.
El colegio, no obstante, se construía.
Según el auto del juez, el primer paso era «un concierto criminal» en el que Ferrón, Marjaliza, Capita y el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso –también investigado- «definían en qué Ayuntamientos podrían establecerse las cooperativas de profesores, qué cambios de planeamiento del PGOU había que realizar, la tramitación de los concursos necesarios, la obtención de licencias y todo ello acompañado del pago de sustanciosas comisiones que se repartían entre los regidores y técnicos de los ayuntamientos».
Granados, por su parte, habría sido determinante.
El juez, en línea con las tesis de Fiscalía Anticorrupción, expone que primero como alcalde de Valdemoro y luego como secretario general del PP de Madrid y número 3 del ejecutivo regional, «usaba sus influencias políticas» para que los ayuntamientos cedieran suelo «a un precio muy inferior al de mercado con el argumento de que el colegio concertado era un servicio público de interés».
Una vez liberado el suelo, llegaba el proceso de adjudicación de las parcelas, fase en la que a la luz de los informes policiales que obran en la causa, «los promotores no dudaron en saltarse los trámites administrativos» y las mesas de contratación, en obviar esta circunstancia.
El auto relata cómo se rebajó el peso de la oferta económica en los concursos para poder adjudicar la construcción a Alfadel, si bien no cumplía los requisitos e incluso tenía informe negativo de la Seguridad Social.
En todo este proceso, la promotora «pagaba una comisión que oscilaba según las características del colegio» y que siempre según el auto, «se enmascaraba mediante un contrato falso de consultoría» con «alguna de las sociedades» de Marjaliza.
«De esta forma, Alfonso Ferrón del Río pagaba las comisiones, siempre presuntamente, a través de facturas falsas, pero todo ello con una apariencia legal», detalla.
Entre las comisiones que recoge el informe de Anticorrupción, constan 660.000 euros que se habría embolsado el propio Granados por dos colegios y 400.000 euros al exregidor de Cartagena, más otros 939.000 euros a una de sus sociedades por estas licitaciones, entre otras.
Según la tesis de los investigadores, este dinero salía de los cooperativistas y a sus espaldas pues Ferrón, «utilizando facturación falsa del resto de los investigados -Marjaliza, Capita y Alonso- atendió pagos contra los saldos de las cuentas de las cooperativas, para fines ajenos a estas» que «se concertaron con facturación simulada para el vaciamiento de los fondos de las cooperativas de la enseñanza».
«Las facturas y comisiones de estos últimos, encubrieron los pagos de dádivas que repartieron entre los alcaldes y técnicos de varios municipios de Madrid, facilitando Alfonso Ferrón los fondos de los sobornos y la documentación simulada de cobertura», expone el auto de imputación.
En total, el auto cifra en algo más de 19 millones de euros los fondos que Alfadel obtuvo de 19 cooperativas y en 12,1 millones de euros los ingresos obtenidos por las empresas vinculadas a David Marjaliza, José Luis Capita y José Antonio Alonso con esta trama que pivotaba en torno a la construcción de colegios concertados.
Las irregularidades, añade el juez, «no atendieron a promover o mejorar el sistema de enseñanza de sus respectivos municipios, sino que se dirigieron fundamentalmente a obtener un ilícito lucro para su enriquecimiento personal» con un perjuicio para los cooperativistas que se estima en 15 millones de euros, «importe al que ascendió todo el aprovechamiento ilícito que se realizó de los proveedores, constructores y arquitectos de las cooperativas».
OBRAS DE METRO NORTE, METRO OESTE Y METRO SUR
Por otra parte, el magistrado que instruye el ‘caso Púnica’ afirma que Granados aprovechó el único año que estuvo al frente de la Consejería de Transportes de la Comunidad (noviembre 2003-diciembre 2004) para amañar los concursos públicos de la construcción de tres tramos de Metro y adjudicarlos a empresas ‘amigas’ a cambio del cobro de comisiones, siempre buscando su enriquecimiento personal y en detrimento del erario público.
García-Castellón está de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, que en un informe entregado al Juzgado hace un mes acusa a Granados de «aliarse en busca de su beneficio personal» con Jesús Trabada, el entonces consejero delegado de la empresa pública Mintra, la encargada de «ejecutar, gestionar y mantener las infraestructuras del transporte colectivo» de la Comunidad de Madrid.
Disponiendo de un elevado presupuesto para acometer ampliaciones de la línea del suburbano madrileño, Granados y Trabada supuestamente diseñaron un plan para adjudicar las obras de Metro Norte, Metro Oeste y Metro Sur a «empresas medianas» del círculo del exconsejero, compañías que hasta la fecha nunca se habían dedicado a la construcción de este tipo de infraestructura, en detrimento de grandes constructoras adjudicatarias tradicionales de este tipo de proyectos.
Una de las empresas favorecidas por este plan fue Obrum, a sugerencia de Marjaliza. Pero Obrum nunca había acometido este tipo de obras, y así lo exponía su objeto social: «administración de fincas, proyectos de ingeniería y arquitectura, promociones y construcciones de viviendas, así como toda clase de edificaciones».
Todas las empresas adjudicatarias, explica el auto del magistrado, «están implicadas en la realización de pagos no justificados en los servicios contratados», ya que «no cumplían los requisitos de licitación y con graves irregularidades en el proceso de contratación administrativa».
Además de la adjudicación en sí, Granados y Trabada habrían concertado con los técnicos de Mintra Antonio González Jiménez, José María Díaz Retana y Manuel Herrera Álvarez -los tres citados a declarar como investigados en las próximas semanas- para que elaboraran informes que justificaran «la necesidad de un modificado del contrato inicial o de un contrato complementario» con la excusa de que habían surgido «modificaciones para conseguir una mejor adaptación».
Para estas modificaciones, fueron los técnicos los que, según el magistrado de la Audiencia Nacional, sugirieron contratos sin licitación, «tratando de justificar la adjudicación a las empresas de su círculo de confianza de los nuevos contratos por modificados y obras complementarias, que tenían un objeto inexacto y precio indiciariamente sobrevalorado, superando el límite del 20% del precio del contrato originario».
Indiciariamente estos nuevos contratos, añade García Castellón, «desviaron fondos a favor de las empresas favorecidas, que a su vez incrementaron el importe de las comisiones» ilegales que entregaban a Granados y otros participantes en la trama.
Correos electrónicos intervenidos en registros realizados en empresas de los investigados Marjaliza y Javier López Madrid han llevado a los investigadores a estas conclusiones.
El propio Marjaliza reconoció los hechos después en sede judicial.
Los hechos serían constitutivos de presuntos delitos de malversación, cohecho, organización criminal, tráfico de influencias, falsificación de documentos mercantiles y blanqueo de capitales, sin perjuicio de que puedan ampliarse a medida que avance la instrucción.
El magistrado ha citado a declarar el próximo 18 de septiembre a los técnicos de Mintra supuestamente implicados en los amaños para la construcción de los tres tramos de Metro, así como a representantes de otras sociedades que también se habrían beneficiado de las obras, como José Luis Ulibarri, presidente de la sociedad Begar; Gustavo Muñiz Fernández, del consorcio de Azvi, Constructora San José y S.A. Elsan; y Eugenio José Rey Conde, de la UTE Metronorte: Obrum-Teconsa-Arias. Con información de EP.
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