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Volver a empezar. Apuntes sobre el nuevo curso político jurídico

Con las pilas cargadas, debiéramos aprovechar para retomar las asignaturas pendientes por el derecho españolSobre estas líneas, Javier Junceda, autor de esta columna.
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Como en el título de la oscarizada película de Garci, procede regresar al teclado, a las bases de datos de jurisprudencia, a ocuparse de problemas ajenos y a soportar las ineficiencias de un sistema judicial que sigue sin obtener de los gobernantes la atención que merece.

Con la misma pasión del protagonista del filme de los ochenta hacia su amor de juventud, toca volver a empezar con las neurosis cotidianas que nos producen las aplicaciones dispuestas para la digitalización de la Justicia, con sus habituales sobresaltos añadidos al trabajo jurídico diario.

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Y, también, con las decisiones dictadas sobre leyes que han sido habitualmente confeccionadas por quienes no se dedican al derecho y juegan a juristas como los niños a los médicos.

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Dejar atrás las largas jornadas veraniegas, las terrazas y el aire libre, no es tarea siempre sencilla para quienes hemos de encerrarnos entre cuatro paredes durante el año.

Sin embargo, ayuda mucho saber que con ese retorno recuperaremos esa bendita normalidad y el orden que tanto contribuyen a equilibrar la mente, que es nuestra principal herramienta de trabajo.

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Con las pilas cargadas, debiéramos aprovechar también para retomar algunas de las asignaturas pendientes por el derecho español, procurando que al menos no caigan en el olvido.

Me permito ahora apuntar apenas dos, para no hacer demasiado cuesta arriba septiembre.

Asignaturas pendientes

Primera: Reforma constitucional para llevar la fórmula de elección de los alcaldes a la de la presidencia del Gobierno.

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Como ya he defendido en otros lugares, pienso que es inaplazable modificar el artículo 99.5 de la Constitución y contemplar en él que, de no alcanzarse la mayoría por un candidato a presidente en la primera sesión de investidura, sea elegido quien haya obtenido más votos populares en los comicios generales.

No hay aquí menoscabo alguno a la función regia sobre las consultas con los posibles aspirantes, que quedarían limitadas a la primera investidura, además de que de esa manera se alejaría al jefe del Estado de polémicas por eventuales fracasos de aquellos a los que haya propuesto.

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La solución que tenemos en España para la elección de los alcaldes en caso de frustrarse las coaliciones o pactos para su investidura, resulta perfectamente acomodable a nuestro régimen para elegir al jefe del ejecutivo.

Sin necesidad de meternos en camisas de once varas de gran coste económico como las segundas vueltas electorales o en jardines de flores extraños a nuestra historia y realidad constitucionales, como esa extravagante propuesta de prima de escaños para el ganador de unas elecciones.

Y, respecto de la aprobación presupuestaria, igualmente podríamos servirnos de la experiencia local, sometiendo su rechazo a una moción de confianza, aunque siempre sería mejor precisar constitucionalmente que la elección como presidente lleva aparejado al menos esa ley anual, para evitar la paralización del país.

La inestabilidad política que padecemos desde 2015 aconseja sin duda a esta reforma que apunto, que podría conjurar el problema de configuración de un Gobierno impedido por la Cámara baja por activa y por pasiva, como consecuencia de unos líderes carentes de un mínimo sentido de Estado.

Segunda: Proteger al derecho de las reiteradas embestidas populistas que rondan ya a los Parlamentos.

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No me cansaré de repetirlo: hemos de estar bien atentos a los insistentes cantos de sirena del populismo radical, que por inacción de las formaciones políticas moderadas y sensatas, están a punto de llegar a los boletines oficiales, si no lo han hecho ya, en forma de normas disparatadas o simplemente deplorables.

Muchas de esas ocurrencias se han venido debatiendo y aprobando para combatir la corrupción, pero en el fondo se hace para que se siga hablando de ella por espurios intereses políticos.

Porque los medios tradicionales de persecución de esa lacra llevan dando frutos desde hace años sin necesidad de dicha pirotecnia legal.

Soplones anónimos

El último episodio de ese fenómeno se acaba de dar, con el beneplácito comunitario a los soplones anónimos, llamados eufemísticamente “alertadores”, sin establecer un paralelo blindaje a las víctimas de estos revividos sicofantes de la Grecia clásica.

Como se puede apreciar, el renovado totalitarismo de estas corrientes ideológicas les vuelve a tirar al monte de la delación, en el que siempre se han sentido muy cómodos, olvidándose de que los derechos de defensa han sido unas de las principales conquistas de la humanidad.

Debemos de impedir por todos los medios al alcance del ordenamiento que propuestas como estas continúen ocupando el tiempo de los Parlamentos, y cabría apelar aquí al trabajo en ese sentido de los cuerpos de letrados a su servicio.

Estos han de liderar ese frente que evite que intenciones de ese tipo puedan cursar a los diarios de sesiones, porque no todo vale en democracia, sino aquello que garantice un verdadero Estado de Derecho.

Quedan otros muchos asuntos en cartera, pero con estos dos me parece que ya tenemos más que suficiente para ir entrando poco a poco en calor.

por Javier Junceda.

Es un prestigioso jurista y escritor, autor de más de un centenar de publicaciones jurídicas. Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Compagina el ejercicio de la abogacía con la docencia del derecho administrativo en universidades de Madrid, Barcelona y Oviedo. Es también el presidente de la Comisión de Español Jurídico de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, con sede en NY.