Patricia Suárez, Asufín: “Hasta que el TJUE no dicte sentencia sobre el IRPH no podemos cantar victoria”
La presidenta de Asufín es cauta sobre el informe del abogado general del TJUE, que tiene que ser conocido el próximo 10 de septiembre; lo definitivo es la sentencia. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Patricia Suárez, Asufín: “Hasta que el TJUE no dicte sentencia sobre el IRPH no podemos cantar victoria”

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07/9/2019 11:00
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Actualizado: 07/9/2019 14:06
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Tiene 45 años, está casada y tiene dos hijos. Patricia Suárez Ramírez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufín) es licenciada en Filología Alemana. No es abogada. Sin embargo, como «paralegal», que es como ella se autodefine, los conocimientos que posee sobre esta materia superan a los de muchos abogados en ejercicio.

Cuando habla lo hace con aplomo. Con mucha seguridad. Son ya diez años al frente de esta asociación de consumidores y usuarios que ella fundó, como medio para recuperar su dinero, como damnificada. Un dinero que le fue restituido hace 5 años. Ello supuso, para Asufín, su despegue, porque tomó la decisión de dedicarse en cuerpo y alma a la Asociación.

«Hace 10 años éramos 500 socios. En 2015 decidí dedicarme a tiempo completo a la Asociación. En ese momento ya éramos 800. El año pasado superamos los 10.000. Pero si sumamos los simpatizantes, superamos los 20.000», explica.

Los ingresos anuales de la Asociación son de 1.056.121,02 euros, de los que un 90,3 por ciento corresponden al apartado de cuotas de asociados.

El próximo día 10 de septiembre se ha fijado como fecha para que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el polaco Maciej Szpunar, haga público su informe sobre la cuestión prejudicial interpuesta por el magistrado del Juzgado de Primera Instancia 38 de Barcelona, Francisco González de Audicana, sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH).

La figura del abogado general del TJUE -son 9, de otros tantos países- no tiene nada que ver con los abogados, fiscales o abogados del Estado.

Desempeña un papel especial en el Tribunal de Justicia, aportando a los jueces su opinión, con total imparcialidad e independencia. No forman parte de las deliberaciones del tribunal, cuyos jueces son los que finalmente aportan la decisión final. Y sus conclusiones no son vinculantes.

Estadísticamente, en el 67 por ciento de las sentencias los magistrados del TJUE siguen los dictámenes de los abogados generales. 

La expectación en torno a este futuro informe es una de las razones que han impulsado esta entrevista en la sede de Asufín, que tiene sus oficinas en un edificio frente al Hotel Palace.

A apenas 50 metros de la terraza desde la que Felipe González, el 28 de octubre de 1982, saludaba a la muchedumbre que esa noche celebraba la victoria más aplastante que jamás ha conseguido el PSOE en su historia: 202 diputados, de un parlamento formado por 350 diputados.

Nada que ver con los tiempos que nos ha tocado vivir.

Hoy todo el mundo está expectante sobre el informe del abogado general del TJUE sobre el IRPH. Precederá a la sentencia del tribunal, que se producirá para final de año. Sin embargo, las estadísticas dicen que el TJUE no tiene por qué seguir su dictamen. ¿En qué basan sus esperanzas para pensar, primero, que dicho informe va a ser favorable a su causa? ¿No es lo más  importante la sentencia de la Gran Sala?

Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, el informe del abogado general sobre las cláusulas suelo fue contrario a lo que luego el TJUE dictó con respecto a la retroactividad.

Pero, sí que pienso que gota a gota llenamos el vaso. Tenemos un informe de la Comisión Europea muy favorable. Un informe del Reino Unido que también es favorable.

Una defensa de los abogados del consumidor, José María Erauskin y Mayte Ortiz, muy potente. Desencajó totalmente a la abogado del Estado de España, que defendió la tesis del Supremo y a Bankia.

Si a esto le suma las conclusiones de un abogado general, que sigue la línea de defensa del consumidor, pues, gota a gota, llenamos el vaso. Y eso es lo que yo espero.

Pero estoy totalmente de acuerdo en que hay que ser prudentes. Hasta que el TJUE no se dicte la sentencia no podemos cantar victoria.

¿Cómo cambiará el panorama si la sentencia sale como ustedes esperan?

Bueno, lo primero es que yo creo que, rápidamente, el Gobierno, al igual que hizo con las cláusulas suelo, instrumentalizará una supuesta resolución alternativa de conflictos para demorar el asunto y para disuadir a los consumidores de reclamar.

Porque al final son medidas que lo único que hacen es agotar al consumidor. Estamos convencidos de que va a suceder así.

Lo segundo que va a suceder es que los juzgados especializados, que ya están llenos, no van a dar abasto. Va a ser escandaloso.

Desde la asociación sí que estamos trabajando y recabando datos que, porque para nosotros son dilaciones indebidas.

La Constitución, que tanto se defiende, el artículo 24 dice que los ciudadanos tenemos derecho a una tutela judicial efectiva.

Para nosotros los tribunales especializados están vulnerando esta tutela y terminaremos, seguramente, en Estrasburgo [sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos], por vulneración de los derechos humanos.

Porque lo que no se puede hacer es impedir que los ciudadanos puedan resolver un conflicto sobre el que venimos trabajando desde hacer años y del que se sabe que va a suceder y prolongarles esa angustia 4, 5 o 6 años para que los bancos tengan capacidad y tesorería para recuperarse.

Los bancos ya saben lo que les va a pasar. Ya han tenido tiempo para prepararse.

La presidenta de Asufín, Patricia Suárez, en una foto ante el TJUE, que tiene su sede en Luxemburgo.

¿De qué cifras estamos hablando?

Aquí lo que hay es una absoluta y total falta de transparencia. A mí me pone muy nerviosa que ni el Banco de España ni el Instituto Nacional de Estadística puedan darnos cifras fiables. Pero no sólo sobre el IRPH, tampoco sobre las cláusulas suelo o las hipotecas multidivisa.

Resulta que hoy todo está digitalizado y codificado y sólo podemos saber cuántas hipotecas hay en España y cuantos millones suponen esas hipotecas.

Pero no existe un desglose de a cuántas familias impacta, a cuántos españoles, qué tipo de hipoteca son. Si son fijas, variables, mixtas o multidivisa.

Lo cual es absolutamente absurdo. Sorprende que el Banco de España, que tiene que estar pendiente de la estabilidad financiera, no tenga esos números, sobre la exposición al riesgo de los bancos.

Honestamente, no me creo que no los tengan. No me lo creo. No son transparentes. Son opacos.

Dicho esto, hay estudios que hablan de 700.000 u 800.000 afectados. Hay quien habla de 1,5 millones. Nosotros preferimos ser prudentes, y todos cálculos y las estimaciones que hacemos las basamos siempre en un millón.

¿Cuánto dinero en juego implica eso?

Ahí también hay tema. Por un lado, los bancos están informando a la CNMV, porque es su obligación, de la exposición que tienen. Están cerca de los 17.000 millones.

Pero claro, ayer salía una noticia de Bankinter en la que se decía que tenía 240 millones de euros en hipoteca multidivisa. Es decir, el banco nunca dice la verdad. Va de a poquito.

Te va diciendo, cien millones hoy. Según veo el panorama, pues van a ser doscientos más, trescientos. Pero no están diciendo la verdad. Están provisionando, están informando, pero no están diciendo todo lo que tienen.

Luego tenemos el informe de Goldman Sachs, que habla de una horquilla de pérdidas de 7.000 hasta 44.000 millones de euros.

Nosotros, ante este caos, hemos hecho nuestras propias cuentas.

Nosotros calculamos que el dinero que está en juego por el IRPH está en torno a los 25.000 millones de euros

¿Y….?

Tenemos un millón de afectados. Tenemos un informe pericial que nos dice que la media de las hipotecas españolas es de 200.000 euros. Y que en 200.000 euros la media de pérdidas es de 25.000 euros. Pues 25.000 euros por 1 millón de hipotecas, me salen 25.000 millones de euros. Nosotros calculamos que ese es el dinero que está en juego por el IRPH.

Sin contar, costas e intereses.

Este sería, según nosotros, una estimación bastante ajustada de lo que le podría costar a la banca si el TJUE da la razón a los consumidores.

¿El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha convertido en el caballero blanco, en el defensor de los consumidores, en Europa?

El TJUE tiene que asegurarse que las Directivas europeas aprobadas se cumplan en todo el territorio. Y que esto no sea un reino de taifas. Y que cada uno transponga las Directivas y luego interprete.

Yo soy licenciada en Filología alemana. Cuando tu estudias esta carrera tienes dos materias clave: por un lado, aprender la lengua y, por otro, la literatura. Y la literatura es todo. La hermenéutica de la literatura. La interpretación del texto.

Bueno, pues los abogados son iguales. Están en la interpretación de la ley, sistemáticamente. Y las leyes se dictan, cuantas más ambiguas mejor, para dar margen de interpretación.

Bueno, pues el TJUE lo que hace es, afortunadamente, es decir “la interpretación es esta”. No la que usted en España, en Italia o en Polonia, hacen. Es esta”.

Y eso es lo que están haciendo: impedir la arbitrariedad. Impedir que las Directivas europeas caigan en saco roto.

Por lo tanto, entiende que el TJUE se ha convertido en el Tribunal Supremo de la Unión Europea, ¿no?

Totalmente, sí, claro.

Hace poco, el presidente del TJUE visitó España y se reunió con los magistrados del Supremo español, ante los que subrayó su importancia para fijar la jurisprudencia.

Es el máximo órgano judicial de nuestro país. El que interpreta, sin ninguna duda. Pero no es infalible. Y si se equivoca, nos queda Luxemburgo, nos queda el TJUE.

¿Cómo interpreta la salida del magistrado de la Sala de lo Civil del Supremo, Javier Orduña, el hecho de que haya renunciado a continuar? ¿Es un revés para los consumidores?

Es un revés, sin ninguna duda. Porque Javier Orduña era el que defendía las tesis europeas y sus votos particulares se han visto revalidados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Y además, hay que decir algo muy importante. Se ha generado una corriente liderada por juristas, a los que respeto mucho intelectualmente, pero con los que no puedo estar de acuerdo, sobre el populismo judicial.

Y se considera que estos votos, tanto de Javier Orduña, en el Supremo, como de otros magistrados de segunda y primera instancia, que dan la razón a los consumidores, los fallos no están basados en tesis jurídicas sino en el sentir de la ciudadanía. Y que por eso los fallos son populistas.

Lo que les he dicho públicamente, y les reitero, es que entonces están llamando populista al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ir en contra del “establishment”, de la corriente mayoritaria para entender que España es Europa no es ser populista, es ser europeo.

Patricia Suárez está de acuerdo con el exmagistrado del Tribunal Supremo de que la transparencia debería ser un principio general del derecho. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

¿Qué papel puede jugar Orduña, ahora que está fuera del Supremo? Su influencia ya no va a ser la de antes…

Javier Orduña ha hecho un gran trabajo. Ahí han quedado sus votos particulares, su herencia… El IRPH llega a Europa de la mano de un voto particular suyo.

Ahora, fuera del Supremo, Javier Orduña va a tener libertad para decir lo que piensa. La defensa del consumidor se puede desde muchas parcelas. Lo ha hecho desde el Tribunal Supremo y ahora lo hará desde la Universidad. La Academia también es importante.

Nosotros le tendremos el 26 de septiembre en Barcelona hablando de las conclusiones del abogado general sobre el IRPH.

La bandera que ha venido enarbolando Orduña es la de convertir la transparencia en un principio general del derecho. Que cuando los consumidores vayan a contratar cualquier producto con una entidad bancaria sean informados, en un lenguaje que entiendan, escrito, las implicaciones del contrato que van a firmar. ¿La comparte?

Estoy totalmente de acuerdo. Primero, creo que las entidades financieras y bancarias van con retraso, con 50 años de retraso.

Lo segundo que pienso es que hay otra cosa que está cambiando. Importantísima. Hace diez años, cuando conseguí reunirme con el secretario general de Bankinter –para hablar sobre mi caso– él me dijo que se debía a sus accionistas. Y que debía defenderlos. Y en estas están, no solo las entidades financieras sino todas las grandes corporaciones, en la defensa del accionista.

Cuando dicen eso están pensando en la cuenta de resultados. Es lo único que importa.

Ahí también van con retraso. Debían leerse “The Economist”. Las empresas tienen que trabajar lo que de verdad importa: El cliente y la sociedad.

Su impacto en la sociedad. Eso es lo que tiene valor para la empresa. El accionista tiene que exigir eso. Si no lo hacen se están quedando muy atrás. Y el tiempo les va a pasar por encima. Ahora vienen las Fintech, que tienen más claro que lo importante es el cliente. Y los barrerán del mapa.

Estamos trabajando también sobre las finanzas sostenibles, que tiene que ver mucho con esto. ¿Dónde pones el dinero? Si acabamos con el planeta, ¿de qué te va a servir el dinero? Este pensamiento muchas entidades lo están tomando en cuenta.

La cuenta de resultados ya no es lo más importante.

Las entidades financieras y bancarias van con retraso, con 50 años de retraso

¿Fue una buena solución la creación de los Juzgados especializados en cláusulas suelo, organizado por el Consejo General del Poder Judicial?

No. Los Juzgados especializados, en contra de la intención inicial, que era desatascar, que hubiera magistrados especialistas, que lo sacaran más rápido. Esto es como las leyes. Si no van acompañadas por una memoria económica no sirven de nada.

Pues esto fue igual. No fue acompañada de medios. Se desperdició todo el conocimiento de los jueces que habían venido resolviendo asuntos bancarios, preferentes, “swaps”…, se les quitó de en medio.

Se puso a gente recién salida de la carrera judicial, que, en teoría, era copia y pega. Están absolutamente saturados, desbordados, ralentizando la justicia y consumiendo los impuestos de los contribuyentes en el más caro y menos resolutivo sistema de resolución de conflictos que son los tribunales.

De esto se está aprovechando la banca. Está haciendo caja, tesorería. No es lo mismo pagar hoy que dentro de 4 o 5 años.

No entiendo que sigan prolongándolo, viendo cómo funcionan.

Me acaba de contar que, por formación, usted es filóloga. ¿Cómo acaba usted dirigiendo una asociación de defensa del consumidor como ASUFIN, convertida en una jurista paralegal?

Soy orgullosamente paralegal. Y me lo puedo permitir porque estoy casada con un doctor en derecho, porque muchos juristas se ponen muy nerviosos con el intrusismo.

Yo creo que el conocimiento es libre y que uno tiene toda la vida para formarse. No cuatro o cinco años en la Universidad.

¿Cómo entro? No me enrollo.

Yo trabajaba en mi casa, haciendo páginas web, como “freelance”.

¿De…?

Cualquier cosa. Tenía una franquicia que me mantenía bastante bien, porque tenía un fijo, que era de restaurantes. Los fijos siempre son importantes [sonríe].

Hice páginas web jurídicas, de ingenieros, diseño gráfico, multimedia.

Al mismo tiempo gestionaba mi casa y mis niños y mis historias.

En octubre de 2008 mi marido y yo habíamos contratado con Bankinter un “swap”, sobre el que nos habían dicho que era un seguro de tipos de intereses. Y que este seguro era fijar nuestra hipoteca, de manera que si subían los tipos no nos iban a subir la hipoteca.

Pero nadie nos dijo que si bajaban los tipos, nadie nos dijo que teníamos que pagar la diferencia.

Y lo que jamás nos dijeron es que si queríamos cancelarlo nos iba a costar 8.000 euros.

La presidenta de Asufín con el Hotel Palace al fondo; sobre su hombro derecho, la terraza desde la que Felipe González celebró, el 28 de octubre de 1982, una victoria sin precedentes del PSOE: 202 diputados. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

¿No venía explicado en la letra pequeña?

No había letra pequeña. Siempre lo digo. Es que, a veces, la letra pequeña no existe.

¿Y cómo le pudieron imponer unas condiciones inexistentes?

Porque no era un seguro. Era un derivado financiero. Cuando contratas un derivado financiero hay un concepto que se llama valor de mercado que un profesional entiende. Y un consumidor, no.

Y el valor de mercado es justamente lo que te cuesta cancelar, teniendo en cuenta la curva de futuros y el tiempo que tú has contratado. Las previsiones que tiene el banco.

Si esas previsiones dicen que los intereses van a bajar y tú tienes un fijo de 4, le tienes que dar el dinero de esos tres años que te faltan.

Si fuera al revés, el banco te paga a ti.

Esto no lo sabe nadie. Tú bajas a la calle y preguntas a la gente si saben lo que es un “swap” y te dicen que ni idea.

Como nadie sabe lo que es un “swap” nos lo metieron como un seguro de tipos de intereses.

¿Cómo funcionaba?

Estaba referenciada a mi hipoteca. Te lo ofrecía el banco. Nos dijeron que los tipos de interés estaban subiendo y no querían que la gente dejara de contratar hipotecas. Por eso era mejor contratar este seguro.

Cuando ustedes suscribieron esa hipoteca lo hicieron sobre la base de la confianza plena que tenían en el banco, ¿no?

Totalmente. Estabamos convencidos de que no nos podían engañar y que operaban respetando, por completo, la ley. Cuando vas a un restaurante no vas a pensar que te van a dar comida envenenada. Como tampoco en una farmacia te van a dar morfina cuando necesitas un nolotil.

¿En qué momento descubre que no es así?

En diciembre de 2008. Dos meses más tarde. Veo que me toca pagar. Llamo y les digo que ya no quiero este seguro. Y me dicen que cancelarlo cuesta 8.000 euros. Les contesté que debían haberse equivocado, que debían ser 80 euros [se ríe].

La propia persona que me atendió de banca telefónica, me dijo que sí, que era un poco raro, y me puso música. Y cuando volvió, me dijo que había hablado con el departamento de Tesorería. “Me dicen que el cálculo es correcto: ¿quiere usted cancelar?”.

¿Cómo voy a cancelar ocho mil euros? ¿Nos estamos volviendo locos?

Yo le dije a mí marido, “no te das cuenta de que nos han engañado”. Él me decía que no y que no. Pensaba que el error lo habíamos cometido nosotros y que mala suerte

Un seguro que usted había contratado para su hipoteca dos meses antes.

Para protegerme de las subidas de los tipos de interés, que habían bajado. Una persona como yo, que teníamos una hipoteca, dos nóminas, dos tarjetas de débito, el seguro de la casa… Por no tener, no teníamos ni acciones. Nada.

Yo, entonces, seguí el camino de cualquier consumidor que confía en el sistema y que piensa que vive en un país civilizado y que las instituciones funcionan: me planté en la oficina del banco, para hablar con el director.

Éste estaba desesperado –pasados los años lo entendí–, porque había contratado una hipoteca multidivisa y también estaba en una mala situación. Mejor dicho, estaba en peor situación que yo.

Porque su deuda había aumentado. No me hizo mucho caso. Me dijo que el producto era bueno. Que estaba todo informado y que no podía hacer nada.

Acto seguido, me fui al servicio de atención al cliente, pensando que alguien va a corregir esa mala comercialización. Y te dicen que el contrato está todo claro y que no hay nada que hacer.

Después de te vas al Banco de España… En esto han pasado meses.

Entre medias, tengo un marido doctor en derecho administrativo que te dice que estás loca y que no vamos a demandar al banco.

A ver si lo entiendo: El jurista, doctor en derecho, le dice a la filóloga alemana, que no sabe nada de leyes, que está loca…

Yo le dije a mí marido, “no te das cuenta de que nos han engañado”. Él me decía que no y que no. Pensaba que el error lo habíamos cometido nosotros y que mala suerte.

Y yo le contestaba que no habíamos cometido ningún error, que lo que había pasado es que no nos habían dicho la verdad.

En febrero de 2009, como yo seguía de “freelance” con mis páginas web y tenía unos horarios diferentes, una noche se me ocurrió meter en Google “clip Bankinter”. Y descubro que había más gente como yo.

Me pasé toda la noche sin dormir, leyendo la Ley del Mercado de Valores, la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros, la MIFIT, la Ley de Consumidores y Uusarios… Me acosté a las 5 de la mañana.

En el desayuno le expliqué todo a mi marido. “Tenemos razón. Esto es un ‘swap’…”, le dije como loca, enfervocerida.

Ahí tuve la suerte de que él, con su formación, fue más rápido que yo. Comprendía mejor que yo. Y lo vio. Vio que teníamos razón y me apoyo ciento por ciento.

La presidenta de Asufín entró en este campo tras verse afectada por un producto financiero: Le vendieron un «swap» a guisa de seguro contra la subida de intereses hipotecarios. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

¿Qué hizo a continuación?

[Se ríe] Ahí empieza otra carrera. Encuentra un abogado que te defienda. Como estábamos en la universidad, hablamos con los catedráticos y nos fuimos a Pryce Whaterhouse, a Deloitte, a Cuatrecasas, a Garrigues, Uría… A todos. A los grandes.

¿Y…?

Tenían conflicto de intereses. Lo único que gané con ellos fue la razón. Que me dijeran, “no estás loca. Tienes toda la razón. Se va a liar la de Dios, porque no sabíamos que estaban colocando esto. Si lo tienes tú, lo tienen todos. Es la punta del iceberg. Defiéndete como puedas. Yo no puedo hacerlo”.

Así nació Asufín. El 20 de julio de 2009, después de una manifestación ante las puertas del Banco de España, en la que el Banco de España nos había dado la razón.

Soltó varias resoluciones de 10-15 folios, en las que decía que Bankinter no había informado adecuadamente de este producto.

Falta de conocimiento informado.

Desglosaba perfectamente no informar del coste de cancelación, de calcular coste… Que luego nos sirvieron para las demandas.

Esto fue en julio de 2009, repito. En septiembre de 2009 el Banco de España empezó a emitir resoluciones que decían todo lo contrario. En esencia, que el contrato estaba bien y que si no estábamos de acuerdo que nos fuéramos a tribunales.

Desde entonces, el Banco de España se ha quedado ahí.

Cuando se dice que los tribunales están saturados porque los consumidores están saturados porque nos hemos vuelto locos, hay que recordar que el sistema alternativos de conflictos no funciona.

Posteriormente, el Senado, el PP, que luego consiguió el Gobierno, hizo una moción exigiendo a la entonces ministra de Economía, Elena Salgado, que prohibiera las cláusulas suelo y los “swaps”.

Ese informe está ahí. El Gobierno socialista lo que dijo fue, vamos a preguntar al Banco de España. Y esta institución emitió un informe explicando el grave conflicto de interés que tiene un organismo que, al mismo tiempo tiene que asegurar la estabilidad financiera, y defender al consumidor.

Las mejores armas no son siempre un pito y una pancarta. Tú tienes que tener la razón, para que te la den

Casi tan esquizofrénico como hacer de juez de instrucción hoy en día.

Es que no puede ser. Porque en ese informe, hizo los números. Dijo cuántas cláusulas suelo y “swaps” había y afirmó que eran instrumentos necesarios para la estabilidad financiera. Pero no para las familias del país.

Y que nos lo teníamos que comer.

Luego llegó el PP y se le olvidó que había pedido la supresión de las cláusulas suelo y de los “swaps”. Se descolgó con un decreto ley, pasándolo a mayor gloria.

Esto es así. Cuando tú te das cuenta de que ni tu sucursal, ni el Banco de España ni los políticos ni nadie te va a ayudar, te pasan dos cosas: primero, te rebelas. Soy una persona que cree en el sistema.

Entiendo que te puedan robar el bolso en la calle. Mala suerte. Es una grieta del sistema. No te pueden poner un policía detrás de cada uno de nosotros.

Pero cuando una institución financiera que es parte esencial del sistema te roba, el sistema no está funcionando. Hay alguien que no está impidiendo que esa entidad abuse de su posición de poder.

Y ante eso, los ciudadanos nos tenemos que rebelar. No lo podemos permitir.

¿Recuperó su dinero?

Sí, en noviembre de 2014.

Pasó tiempo.

Sí, claro. Porque empezamos con demandas colectivas, demandas acumuladas. Nos las desacumularon. Las demandas colectivas en nuestro país no están bien articuladas ni procesalmente ni de ninguna manera.

Ahora están con el “New consumers deal” [Nuevo acuerdo con los consumidores], pero no están bien hechas. Al final los jueces prefieren el caso por caso.

Fíjese en la contradicción del sistema. Yo hice una asociación porque quería ir junto con otros afectados. Teníamos la fuerza de la unión de los consumidores.

Del otro lado tienes al mejor despacho procesal de este país: Uría. Su único objetivo es dinamitar esa operación para que la gente tenga que ir al caso por caso.

¿Para qué hacen eso?

Nosotros empezamos con las demandas colectivas, entre todos juntábamos 500. Cuando esas demandas colectivas se disolvieron solamente unos 300 pusimos la demanda individual. 200 se quedaron por el camino.

Ahora, ¿de qué se quejan los bancos? De que todas las sentencias son copia y pega, de que todas las demandas son copia y pega y que para eso no hacen falta tantas costas. Que con 100 o 200 euros esto nos lo ventilamos.

Claro que son corta y pega, porque cuando el abuso es masivo, la litigación es masiva.

Pero el origen del abuso es tuyo. La pasividad es tuya. Y eres tú el que te has encargado de que no vayamos de manera colectiva. Porque si tú quieres resolver conjuntamente, yo también.

Asufín fue fundada por Patricia Suárez en 2009 para defender a consumidores, que como ella, habían sufrido las consecuencias de productos financieros inadecuados. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

¿Les temen los bancos?

No busco que nos teman. Personalmente he trabajado 10 años para conseguir el respeto del enemigo. El asociacionismo actual, aparte de manifestarte y colgarte una pancarta, que siempre es necesario, tiene que ser solvente. Porque del otro lado tienes a grandes juristas. Las mejores armas no son siempre un pito y una pancarta. Tú tienes que tener la razón, para que te la den.

Ya sabe lo que dicen los abogados: Que para ganar un pleito, primero hay que tener razón, segundo hay que saber explicarlo y, tercero, que te la den.

Pero tienes que tener razón. Si no, no me hubiese metido en este lío.

¿Cuántos afiliados tiene Asufín?

Hace 10 años éramos 500 socios. En 2014 recuperé mi dinero, como le he explicado. Mi idea era recuperar el dinero y marcharme. Pero, tras un periodo de reflexión, me lo pensé y decidí que no podía irme a mi casa. Me gustaba lo que hacía. Merecía la pena intentar cambiar las cosas.

Dejé las páginas web y decidí, en febrero 2015, dedicarme “full time” [a tiempo completo] a la Asociación.

No niego que la terquedad de los bancos han hecho crecer a esta Asociación. Si ellos hubieran resuelto los conflictos, no existiríamos. Trabajaríamos en otras cosas, pero no en la defensa de trinchera, de estar en los tribunales.

A eso se llama músculo.

Así lo entiendo yo. El año pasado revalidamos los cargos los cargos de la Junta Directiva en la Asamblea. Nosotros no tenemos, como otras asociaciones y partidos políticos, comisionados o delegados. En nuestra asociación cada socio tiene un voto.

Participaron en la Asamblea más de 1.800 personas. La Junta Directiva que yo lideraba recibió el respaldo de un 99 y pico por ciento.

A la búlgara.

Sí [se ríe]. Cuando vi que Pablo Casado tenía menos votos que yo, el líder del Partido Popular, me dije, “ostras, sí que tenemos fuerza, sí que tenemos potencia, sí que tenemos socios activos”. No es fácil mantener el espíritu. Creo que estamos trabajando bien.

El año pasado ya empezamos a decir la litigiosidad es la litigiosidad. Lo tenemos bien gestionado y bien engrasado. Pero la asociación tiene que trabajar por un efectivo cambio de cultura bancaria. Tenemos que trabajar en formación financiera y en comunicar a la sociedad cómo deberían ser las finanzas, cómo debería funcionar el sistema.

Ese trabajo también lo estamos haciendo.

¿Cómo ve el futuro de Asufin?

Soy una persona optimista. Estamos en un momento que tenemos que sacar conclusiones de la crisis y aprender. Volveremos a tener una crisis. Siempre habrá crisis. No cometamos los mismos errores.

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