Primero fueron las cuatro asociaciones de jueces –la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial independiente– las que se pronunciaron, en un comunicado conjunto, llamando a los medios de comunicación a que se respetara, en el juicio que comienza hoy, «la intimidad del menor [Gabriel Cruz] y su familia, así como la presunción de inocencia de la acusada, mediante un tratamiento informativo responsable que conjugue el derecho a la información con la protección constitucional de las partes intervinientes».
Después han seguido el mismo camino el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) las asociaciones de prensa y periodistas de Almería, Huelva, Málaga y Sevilla, así como por la Demarcación Territorial del Colegio de Periodistas de Andalucía en Málaga, la Asociación pro Derechos Humanos de Sevilla, la Federación de Sindicatos de Periodistas, el Sindicato de Periodistas de Andalucía y QSD Global, la fundación que preside Paco Lobatón, promoviendo un «pacto ético» para que la cobertura informativa por del juicio por la muerte del niño Gabriel Cruz, que comienza hoy en la Audiencia Provincial de Almería, evite los «excesos».
«Excesos» como los que se produjeron durante la cobertura de la búsqueda de Gabriel y la detención e interrogatorio de Ana Julia Quezada, la entonces novia del padre del niño, quien confesó haberle quitado la vida.
Aunque ni jueces –que no se han adherido oficialmente al «pacto ético», pero que por planteamiento, implícitamente lo comparten– ni el CAA, ni las asociaciones de prensa y periodistas citados hacen referencia directa a las televisiones es evidente que sus palabras van dirigidas a los conglomerados audiovisuales que obtienen, con estas coberturas, un aumento de audiencias evidentes.
Los profesionales de la información buscan que las informaciones «no añadan dolor al dolor de la familia de Gabriel».
EVITAR EL SENSACIONALISMO
Los padres de Gabriel han llegado a elaborar un documento en el que solicitan que se eviten informaciones «relativas a los informes forenses que se le practicaron, que puedan dañar su imagen y ocasionen un perjuicio y dolor enorme a sus seres queridos».
«No nos negamos a que se informe, dicen, sólo demandamos ser cuidadosos con la imagen de un menor», añadían. Y pedían que se evite «un tratamiento sensacionalista y morboso que atienda a intereses diferentes» y que «no se produzcan interferencias que pudieran cuestionar que se trata de un juicio justo y con todas las garantías».
El juicio, por tratarse de un supuesto asesinato, se celebrará en la Audiencia Provincial de Almería por el procedimiento del tribunal popular. Nueve hombres y mujeres, después de escuchar a testigos y peritos, tendrán que pronunciarse sobre un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad de Ana Julia Quezada.
