La Fiscalía Anticorrupción considera necesario reformar de forma «sustantiva y procesal» la responsabilidad contable.
Es decir, aquella en la que incurren los cargos públicos en el uso incontrolado del erario público, para poder perseguir con mayor eficacia delitos cometidos en este contexto y que, afirma, se dan especialmente en las contrataciones y las subvenciones.
Así lo recoge la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2018 y presentada este lunes con motivo de la Apertura del Año Judicial.
Un trabajo en el que Anticorrupción incide en la importancia de «un adecuado control del gasto» bajo criterios de eficiacia y eficiencia para evitar perjuicios que «tanto daño producen a la credibilidad del sistema democrático».
«En esta tarea queda una amplia labor por realizar, en especial en lo que atañe a las contrataciones y a las subvenciones, que constituyen verdaderas áreas de riesgo», explica la Fiscalía Anticorrupción, en relación a este tipo de ilícitos que son competencia en España del Tribunal de Cuentas.
«El Ministerio Fiscal es el único que está presente en todos los procedimientos de fiscalización y de enjuiciamiento»
En este tribunal, según afirma, «la presencia e intervención del Ministerio Público cobra especial importancia, por cuanto es la única institución que está presente en todos los procedimientos de fiscalización y de enjuiciamiento».
En cuanto a su balance de 2018, esta Fiscalía Especial destaca el incremento en el número de procedimientos judiciales en trámite.
Este ha pasado de 609 en 2017 a 678 en el año 2018, cuando además, se incoaron 89 causas, de las que 55 son el resultado de la apertura de piezas separadas con las que se pretende simplificar y agilizar las investigaciones.
Por lo que se refiere a las actuaciones propias del Ministerio Fiscal, se incoaron 38 diligencias de investigación y se formularon 41 escritos de acusación el año pasado, cuando se dictaron 28 sentencias de las que 23 fueron condenatorias. EP.
