Las deliberaciones en el Tribunal Supremo sobre la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos han encontrado un escollo en la oposición, por parte de la familia del dictador, a que el entierro de los restos se realice en el cemenerio de El Pardo-Mingorrubio.
Así lo han señalado a Europa Press fuentes de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal.
Así, uno de los aspectos más complejos que tienen sobre la mesa los seis magistrados que tienen que resolver este asunto el próximo día 24 tiene que ver con la posible vulneración del derecho de los familiares a elegir el lugar en el que deben reposar los restos de Franco.
Para ello, esta parte ofreció la cripta de la Catedral de la Almudena.
Desde el Gobierno se rechazó dicha posibilidad.
La negativa de la familia a la exhumación y posterior entierro de los restos en Mingorrubio aparece en la demanda y salvo que se superen las diferencias de criterio ello que puede llevar a que la resolución que finalmente se adopte acabe no siendo unánime.
El tribunal está presidido por Jorge Rodríguez Zapata y lo integran también los magistados Celsa Pico, José Luis Requero, Pilar Teso, Segundo Sanz y Pablo Lucas. El ponente de la resolución será éste último.
El Supremo paralizó la exhumación acordada por el Gobierno para el pasado 10 de junio y lo justificó en la necesidad de evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes -la familia Franco y otros tres colectivos-.
Intereses públicos del Estado
Y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, «los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan».
En este asunto están personados, además de la familia Franco, La Fundación Francisco Franco, la comunidad Benedictina en Cuelgamuros y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos.
Ante la negativa de la familia de renunciar por el momento a enterrar a Franco en la sepultura que poseen a perpetuidad en la cripta de La Almudena, un lugar que el Gobierno considera inadecuado por su situación tan céntrica y su interés turístico, el Ejecutivo aprobó posteriormente, el 15 de marzo, otro acuerdo por el que decidía reinhumar los restos del dictador en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio y fijaba para el 10 de junio la fecha de los trabajos de inhumación.
En sus alegaciones sobre el fondo, la familia Franco calificaba de «precipitada» la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez y denunciaba que encajaba en una voluntad «electoralista» sin justificación.
Por su parte, la Abogacía del Estado señalaba que todas las decisiones del Ejecutivo encajan en la legalidad y no vulneran derechos de la familia del dictador, por lo que deben cumplirse en cumplimento de la Ley de Memoria Histórica. EP.
