Germán Rasilla, quien fue asesor de la Viceconsejería de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid, aseguró ayer ante el magistrado que investiga la trama Púnica que, tras su nombramiento en 2004, recibió la orden de que todos los contratos de publicidad debían pasar por la Consejería de Presidencia.
Y aclaró que todos los que se firmaron, se ejecutaron.
Según informaron fuentes jurídicas, Rasilla explicó al magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, y a la Fiscalía Anticorrupción, que el sistema de funcionamiento era someter todos los contratos de publicidad e imagen a consideración de la Dirección General de Medios que dirigía Isabel Gallego, persona considerada próxima a la presidenta Esperanza Aguirre, a quien no mencionó.
Rasilla negó que se produjera ninguna irregularidad pues, conforme dijo, no se visó ningún trabajo que no se realizara y todos estuvieron sometidos a un doble control, el técnico de la propia Consejería y el de la constructora adjudicataria.
Aseguraba así que no hubo pagos por servicios inexistentes ni, por lo tanto, facturación falsa en lo que de él dependía.
En cuanto al 1% del valor del contrato que se exigía a las adjudicatarias emplear en publicidad e información del mismo, se desmarcó de irregularidad alguna y aseguró que así se ahorraba dinero al erario público, puesto que no era la Consejería de turno la que tenía que asumirlo.
El papel del ente público en esta ecuación, conforme señaló, era comprobar que el trabajo efectivamente se realizaba, sin que interviniese en la elección de las empresas a las que recurría el adjudicatario para ponerlo en marcha, siempre según las mismas fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio.
OTROS INTERROGATORIOS
Otros cuatro ex altos cargos de la Comunidad de Madrid declararon ante el juez, aunque uno de ellos, el exviceconsejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid, Alejandro Halfter, se acogió a su derecho a no declarar alegando que no conocía las actuaciones.
Sí prestaron declaración, además de Rasilla, la funcionaria Rosario Jiménez; Almudena Pérez Hernando, exdirectora del Servicio Madrileño de Salud; y Carlos Rivero, consejero delegado de Gedesma, la empresa de gestión y desarrollo de medio ambiente de la Comunidad de Madrid.
Todos coincidieron en defender la regularidad de las adjudicaciones, así como en expresar su malestar por haber sido llamados como investigados cuando, inicialmente, prestaron declaración ante la Guardia Civil como testigos, según informaron fuentes jurídicas presentes en la declaración.
En el caso de Almudena Pérez, defendieron la regularidad del procedimiento en lo tocante a la Consejería de Sanidad, mientras que la funcionaria Rosario Jiménez aportó datos e información tanto de contratos concretos como del modo en que se resolvían.
Mientras, Jiménez realizó una explicación técnica de cada uno de los contratos objeto de la investigación y defendió la ausencia de irregularidades en el modo en que se gestionaban.
Rivero, por su parte, dijo desconocer directriz alguna dado que eso, de acuerdo a las fuentes consultadas, quedaba mucho más arriba.
