Rafael Catalá, exministro de Justicia: “El cambio del termino imputado por investigado fue un acierto pleno»
El exministro de Justicia, Rafael Catalá, es hoy presidente del Consejo de Administración del Grupo Belagua, propietario de los hoteles NH, entre los que se encuentra el Hotel Santo Mauro, en el centro de Madrid, donde tuvo lugar la entrevista. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Rafael Catalá, exministro de Justicia: “El cambio del termino imputado por investigado fue un acierto pleno»

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23/9/2019 00:55
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Actualizado: 23/9/2019 00:58
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Rafael Catalá, 58 años, ministro de Justicia entre septiembre de 2014 y junio de 2018, está cambiado. Diría que rejuvenecido. Más delgado, incluso. En forma. Bronceado. Desprende paz interior.

Sus ojos ya no denotan la tensión interior, y que controlaba tan bien, los tres años y nueve meses que estuvo «montando al tigre», al frente del Ministerio.

Sonríe mientras tomamos un café en uno de los salones del Hotel AC Santo Mauro, en cuya primera planta tiene ahora su despacho, como presidente del Consejo de Administración de Belagua, la entidad propietaria de la cadena de hoteles.

¿Por qué esta entrevista? Me parece necesaria. Siempre me ha sorprendido la carrera desenfrenada que iniciamos los medios por conseguir ser los primeros en entrevistar a un ministro cuando lo nombran. En los primeros días.

Por conocer sus planes inmediatos.

La realidad, y lo sé por experiencia, es que ni ellos lo saben. Aterrizan en una cartera y tienen que metabolizar en el menor tiempo posible lo que les ha caído encima. Las respuestas son siempre para salir del atolladero.

Muchas veces preparadas por el jefe de Prensa o el jefe de Gabinete.

Sin embargo, cuando alguien se marcha es otra cosa. Como dice el Eclesiastés, «Todo tiene su momento oportuno; hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo». 

«Un tiempo para la guerra, y un tiempo para la paz», «un tiempo para callar, y un tiempo para hablar». Para recapacitar. Para sacar conclusiones. 

Y él se presta.

¿Cómo es su nueva vida?, aunque sigue vinculado al PP.

Sí, sigo siendo secretario ejecutivo de Justicia e Interior del PP, sigo coordinando esas dos áreas.

Pero sí es verdad que ha habido dos procesos de descompresión. Uno, en junio de 2018, cuando dejé el Gobierno, dejé de ser ministro. Y el segundo, en junio de 2019, cuando dejé el escaño. Lo había renovado en el mes de abril, pero…

¿Por qué lo dejó?

Llegué a ser diputado por ser antes ministro, y antes directivo público. En ese momento me planteé si ese, el de diputado, era mi perfil.  Lo que yo sé hacer.

Me quedaba estar en el Congreso de los Diputados, haciendo oposición parlamentaria, hablando con Pablo Casado. Llegué a la conclusión de que yo no encajaba en ese perfil, en lo que sabía hacer mejor.

Lo que me apetecía, en esta etapa, era mantener una actividad intensa y el Parlamento, un parlamento en el que no había mayoría ni proyectos importantes que pudieran sacarse adelante, no era el lugar.

Ahí acordamos mi salida.

Ha pasado de tener un día en el que no le daban las 24 horas, trufados de reuniones, de entrevistas, de inauguraciones de actos, a tener todo el tiempo del mundo. Casi como un prejubilado…

Sí, pero no ha sido así. He tenido la fortuna de recibir muchas ofertas de colaboración.

Yo tenía claro que en esta etapa no quería tomar posiciones ejecutivas en una compañía. No quería volver a ser secretario general o responsable de lo que sea en ninguna empresa sino lo que quería –acabo de cumplir 58 años– era una etapa de asesoramiento, de “advisory”, consultoría, y, por lo tanto, he ido creando una posición profesional con varias piezas, algunas de ellas de tiempo parcial, tiempo limitado.

Estoy muy satisfecho de la situación actual.

¿Qué empresas forman parte de su nueva vida?

Estoy de presidente de AC Hoteles. Del Consejo de Administración de Belagua, que es la propietaria de los hoteles. Presidente no ejecutivo. Un “Chairman” del Consejo de Administración.

Soy “Senior Advisor” (asesor senior) de la firma Herbert Smith Freehills, un despacho importante y que hace operaciones muy relevantes, por lo tanto un sitio muy interesante para estar.

Soy “Senior Advisor” también de una compañía de comunicación y estrategia política, que se llama Kreab, una empresa de origen sueco, que tiene una cuota de mercado muy importante en España en estas materias.

Y luego estoy de patrono en un par de fundaciones, que son dos temas que me gustan mucho.

Una es la Fundación del Atlético de Madrid. El objeto social de esa Fundación es transmitir los valores del deporte, básicamente a través de los niños, en España, en Latinoamérica y en África. Hacen una labor muy bonita.

La otra en la que también estoy de patrono es la Fundación de Legalitas. Es un modelo de despacho, de asesoramiento, a una base muy amplia de la sociedad, con un coste muy bajo, y que hace una labor social muy importante.

Y luego hago alguna labor, como abogado que soy. Estoy colegiado en el Colegio de Abogados de Madrid y tengo algún cliente, algún asesoramiento puntual.

Uno de ellos fue con Codere. Se contó regular.

Codere es una empresa en la que trabajé durante siete años.

En esta etapa me pidieron si podía hacer algún asesoramiento y es lo que estoy haciendo. Asesorarles externamente en temas regulatorios o institucionales.

Cuándo le ofrecieron el Ministerio de Justicia, un Ministerio contestado por todos los agentes sociales, ¿se lo pensó? ¿Tuvo dudas?

Cuando el presidente de Gobierno te llama y te dice que te quiere nombrar ministro, no hay nada que pensar. Para mí fue un honor y un privilegio inimaginable. Ni me lo pensé. No sólo contesté que sí sino que agradecí la propuesta.

Y en segundo lugar, aunque le pueda parecer paradójico, nunca le agradeceré lo suficiente a Alberto Ruiz-Gallardón el Ministerio que heredé. Por dos motivos, porque había muchísimo trabajo hecho, proyectos de ley en marcha –de Código Penal, de Código Civil, de Ley de Enjuiciamiento Criminal, de Ley de Enjuiciamiento Civil, de Ley de Estatuto de la Abogacía, de Víctimas–; había un trabajo extraordinario.

Y luego, en términos de gestión, había conflictos, que fui capaz resolver en tiempo. Por lo tanto, me lo puso fácil.

Gracias a eso tuve éxitos cortos e inmediatos, como negociar con el Ministerio de Hacienda la derogación de las tasas judiciales, poder sentarnos con los sindicatos y alcanzar un acuerdo en 2015.

De no haber sucedido el 11-M, en 2004, Catalá habría sido ministro de Justicia 10 años antes. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Se encontró con el sector justicia en pie de guerra literal a su llegada.

Y encontramos las cuatro palancas para resolver cosas.

Su carácter es muy diferente al de Ruiz-Gallardón. Usted escuchaba a la gente. El talante, que decía Rodríguez Zapatero. ¿El escuchar a la gente es una obligación llegado a un puesto como el de ministro?

En las organizaciones de profesionales –la Sanidad, la Educación o la Justicia–, lo más importante son las personas porque son las que hacen el servicio público.

La clave es el diálogo y la concertación. Porque el que va a hacer el trabajo cada día no es el ministro.

Van a ser ellos.

Yo eso siempre lo he tenido muy claro. En este tipo de organizaciones el diálogo, para llegar a resultados, es vital.

Desde el Ministerio no se puede decir lo que hay que hacer. Hay que sentarse con los procuradores, con los notarios, con los abogados, con los registradores, con las asociaciones y buscar soluciones compartidas.

Sólo así se consiguen cosas.

Cuando le nombraron ministro de Justicia en Confilegal revelamos que usted hubiera sido el ministro de Justicia si la historia no hubiera dado un vuelco de 180 grados con el atentado del 11-M en 2004. Aquello cambió la historia de España y su historia personal, y retrasó su llegada al Ministerio 10 años…

Cambió la historia de España. Aquello fue una sacudida. Una tragedia. Primero para las víctimas y sus familias y para la sociedad española, en general.

Yo entonces era secretario de Estado de Justicia…

Y nuevo ministro de Justicia si no se hubiera producido ese sangriento atentado y ganado el PP las elecciones.

Eso nunca se sabe.

Los planes eran que usted pasaba a ser ministro de Justicia y José María Michavila, que entonces era el titular de esa cartera, pasaba a Interior.

Da para hacer una novela bonita. Que hubiese pasado si no hubiera habido cambio de gobierno en 2004.

Diez años después usted asumió esa misma cartera. Justicia. ¿El azar juega un papel fundamental en la vida?

Sin duda. Es una pieza importante. Hay otras muchas, ¿eh? Las cosas nunca suceden por casualidad. Pero hay que trabajar para que sucedan.

Es verdad que hay oportunidades que se culminan y otras que no. ¿Por qué? Pues por el azar, por las casualidades, por la providencia, por lo que lo quiera calificar.

Yo me considero una persona afortunada. Hago siempre mucha referencia a esa frase de Napoleón que nombraba generales a personas con buena suerte.

He tenido muy buena suerte en lo profesional y en lo personal. He tenido unas oportunidades magníficas a lo largo de mi vida. ¿Me las merezco más que otros? Pues no lo sé.

Hay que trabajar, hay que estar ahí, hay que ser capaz de responder a los desafíos.

«La palabra imputado tenía una carga negativa consolidada en el lenguaje común en España. Trabajamos con la Real Academia de la Lengua y con lingüistas y encontramos esta definición que es más acorde con el estado procesal»

¿Por qué no salió la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?

Entre septiembre de 2014 y diciembre de 2015, que fue un año y dos meses, que fue mi periodo inicial. Que fue cuando se acaba la legislatura. Ahí tuvimos una actividad legislativa intensísima.

Yo, lo que valoré, es que teníamos dos proyectos encima de la mesa. El que había dejado el equipo de Fran Caamaño y Juan Carlos Campo.

Un proyecto de calidad técnico-jurídica. Y el proyecto que habían elaborado Manuel Marchena y Nicolás González-Cuéllar y otras personas en una Comisión que había nombrado el ministro Ruiz-Gallardón.

Los proyectos se parecían mucho. Los contenidos fundamentales coincidían en un 80-85 por ciento.

Lo que yo valoré es que teniendo tantos proyectos en cartera, tantas cosas que hacer, pues había que elegir.

Y este es un proyecto que debe ser un proyecto de inicio de legislatura. Es un proyecto innovador y transformador de la justicia penal. Yo pensé que no era razonable haberlo metido en el Parlamento y haberlo sacado con la mayoría absoluta del Partido Popular.

Porque luego tiene un periodo de implantación tan largo y tan complejo que hubiese sido un poco aventurero.

¿Qué condiciones tiene que reunir para su aprobación, según su punto de vista?

Tiene que ser fruto de un consenso político-parlamentario amplio. Tiene que ser un proyecto de Estado.

Lo que hice, entonces, fue extraer de ese proyecto cosas que sí me parece que tenían sentido puntualmente: Regular la investigación tecnológica, que tenía una laguna absoluta en nuestro derecho, modificamos la regla de la conexidad, para intentar evitar las macrocausas, modificamos muchos temas de garantías, como la de imputado por investigado, la modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre los plazos máximos para la instrucción que, para mí, sigue teniendo todo el sentido.

Porque permitió revisar 300.000 causas en seis meses y sacar de los armarios muchos legajos y muchos papeles que estaban dormidos.

Fue pegarle un meneo, una agitación, a un estado contemplativo de dilación sine die que ha sido muy positivo.

Hay una crítica que dice que puede generar impunidad. Cualquiera que se haya leído el artículo sabe que eso es mentira. Es pura dialéctica. Porque dice que, en ningún caso, la finalización de los plazos máximos generará ningún tipo de impunidad. O sea, está en manos de jueces y fiscales que eso no pase.

A la Ley de Enjuiciamiento Criminal le sacamos varias piezas de corto plazo y las llevamos adelante. Espero que, en algún momento, se pueda hacer una reforma global.

El caso de la absolución del expresidente de Murcia, del PP, se achacó precisamente al 324.

No debido al 324. Debido al juez y al fiscal que conocían de esa causa y que, por lo que fuera, dejaron que pasaran los plazos.

Me sorprende que personas del entorno de la izquierda, comprometidas con los derechos, con las libertades y la independencia, no les preocupen instrucciones de años, años y años que perjudican gravemente la reputación de las personas, sus derechos y sus garantías.

Que una instrucción dure años no parece importarle nada a nadie.

Hay jueces que llevan macrocausas en el noroeste de España que duran 6, 7 u 8 años.

¿Y eso no le importa a nadie? ¿El Consejo no tiene nada que decir? Esto afecta a personas de toda condición y de todos los partidos. Personas que, con ello, quedan marcadas para siempre si luego salen absueltas.

Esa medida, la despenalización de las faltas y la  no tramitación de las denuncias sin autor conocido, han permitido agilizar notablemente nuestra justicia penal manteniendo todas las garantías.

«La Constitución dice que los jueces juzgan y hacen ejecutar lo juzgado. No hay ningún artículo en nuestra Carta Magna que diga que los jueces instruyen las causas penales, investigan los delitos», afirma Catalá. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

¿Fue un acierto cambiar el término imputado por investigado, que usted impulsó cuando era ministro de Justicia?

Sí, sin duda. El cambio del termino imputado por investigado fue un acierto pleno. Esa medida fue dentro de un paquete de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que iba orientado a fortalecer las garantías de las personas que participan en un proceso.

A garantizar la presunción de inocencia, en concreto.

La palabra imputado tenía una carga negativa consolidada en el lenguaje común en España. Trabajamos con la Real Academia de la Lengua y con lingüistas y encontramos esta definición que es más acorde con el estado procesal.

Fue un elemento pequeño de la reforma, pero en el conjunto de medidas de protección y de garantías de las personas que participan en un proceso penal tuvo sentido.

Aunque todavía seguimos escuchando el término imputado como sinónimo de investigado, no cabe duda de que el de investigado corresponde a la situación procesal en esa fase.

¿Quizá el problema fundamental reside en nuestro sistema judicial, porque el juez de instrucción no puede acusar, sino que le corresponde a las partes, y los medios necesitamos un sinónimo para ello?

Sin duda alguna. Y eso nos lleva a una reforma pendiente. La de trasladar la instrucción al fiscal y el juez sea un juez de garantías. Porque existe una contradicción, incluso, paradójicamente, a lo que dice la Constitución.

La Constitución dice que los jueces juzgan y hacen ejecutar lo juzgado. No hay ningún artículo en nuestra Carta Magna que diga que los jueces instruyen las causas penales, investigan los delitos.

Los investiga la Fiscalía en todo el mundo con el apoyo de la Policía Judicial. Lo ha hecho Alemania, lo ha hecho Francia, lo ha hecho Portugal, lo ha hecho Italia. España ha quedado como una isla en Europa, donde los jueces siguen instruyendo, e investigando, las causas penales, cuando no es su función constitucional.

¿La existencia de un Ministerio y de 12 consejerías de Justicia ayuda?

No ayuda nada. El modelo organizativo, o la gobernanza del sector, por decirlo en términos un poco cursis, es tremendamente compleja. El reparto de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas, entre el Ministerio y el Consejo, y entre el Ministerio y la Fiscalía General del Estado, componen un puzzle que hay que ser muy iniciado para entenderlo bien.

Y también para comprender algunas disfuncionalidades que existen cuando se quiere crear una oficina judicial y resulta que eso tiene que informarlo favorablemente el Consejo General del Poder Judicial.

Lo crea el Ministerio con informe de las Comunidades Autónomas cuando es territorio de su competencia.

O cuando se crean sistemas de gestión procesal distintos por cada Administración pública. Hay resultados paradójicos que tienen que ver con situaciones políticas de organización que no son nada eficientes.

El año pasado se celebró el 40 Aniversario de la Constitución. Se hizo balance de lo que ha funcionado bien –muchísimas cosas, nuestra democracia– y de lo que no ha funcionado tan bien y lo que no ha funcionado tan bien.

Yo creo que habría que hacer un buen balance sobre el reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, qué ha aportado, por qué genera valor una gestión descentralizada, que en materia sanitaria o educativa puede tener sentido, manteniendo principios comunes y garantías de derechos homogéneos en todo el Estado, y las cosas que no aportan nada.

La gestión de los medios materiales por parte de las Comunidades Autónomas en materia de justicia, en mi opinión, no aporta demasiado.

Aporta complejidad y aporta incompatibilidades de sistemas de información.

La existencia de un Ministerio y de 12 consejerías de Justicia no ayuda nada para la gobernanza del sector. Hay que ser muy iniciado para entenderlo bien

¿Eso tiene arreglo?

Todo en la vida tiene arreglo.

¿Y por qué no se arregla?

Nosotros lo intentamos. Una de las cosas a las que le dediqué esfuerzo e intensidad fue a hablar con las Comunidades Autónomas. Hicimos una evaluación de los sistemas actuales de gestión. Los de Madrid, de Canarias, de Andalucía, de Cataluña. Hicimos una especie de ranking.

Llegamos a la conclusión de que debíamos adoptar por uno común que, fíjese qué paradoja –por el momento político en el que nos encontrábamos–, pensamos que el de Cataluña era el mejor.

Había que hacer un esfuerzo para unificar los sistemas utilizando uno común. Estuvimos en contacto con la Generalitat de Cataluña. Me acuerdo perfectamente de aquellas reuniones.

En los temas políticos estábamos tan tensos, sin embargo, sobre los temas de gestión seguíamos hablando. No quisieron asumirlo.

Ahí hay una cortedad de miras para superar temas instrumentales.

La Agencia Tributaria funciona como un tiro, con un solo sistema en todo el territorio y la Justicia lo hace con 9 o 10 sistemas de gestión procesal distintos que no hablan entre ellos.

La Agencia Tributaria es única. Pero ya que la justicia no lo es, en política se puede hacer cualquier cosa. Se puede hacer un acuerdo político en conferencia sectorial, que recupere una gestión más integrada.

No es una barbaridad decir esto. Pero es que, además, acordar un sistema de gestión compartido único y común en toda España, para la Administración de Justicia, no sería tampoco tan difícil.

¿Le dolieron las huelgas de jueces y fiscales?

A lo largo de mi vida profesional me he dedicado a temas de Recursos Humanos. He sido director de personal de AENA, director de la Función Pública del Estado, director de Personal de Educación.

Los temas de gestión de personal y de negociación colectiva no me son nada ajenos. Entiendo las reglas, los equilibrios.

No me ofendo cuando una representación sindical o laboral declara una huelga como instrumento de negociación.

No entendí cuando habiendo un proceso de negociación abierto, habiendo mesas, habiendo propuestas, habiendo asuntos concretos que, paradójicamente, luego no se han concretado en nada, cuando estaban calientes para alcanzar acuerdos en mejoras de guardias, de clasificación de los sistemas retributivos, cuando teníamos cosas concretas, sin embargo, hubiese cierta tensión.

Lo puedo entender cuando cierta asociación tiene un cierto vínculo político y quiere alterar el orden y crear tensión en el gobierno. Por parte de otras asociaciones lo entiendo bastante menos.

Porque había diálogo, porque había negociación, porque estábamos sentados en mesas. Por lo tanto, en ese sentido, no lo entendí.

No hacía falta que nos presionasen, porque estábamos sentados, ni nos llevaba a ningún sitio. Yo creo que en aquel momento se hizo un daño político y algunos se dejaron llevar.

El exministro cree que uno de los problemas más importantes que tiene la Justicia es de organización. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

No quiso cobrarles por la huelga.

Bueno, ese es un asunto que siempre ha sido muy debatido.

Este Ministerio actual sí lo ha hecho. Y supone un reconocimiento claro del derecho a la huelga por parte de jueces y fiscales.

Hay un trasfondo muy relevante y es que este Ministerio ha tomado partido por ello. No sé si las asociaciones están de acuerdo o no, diciendo que los jueces son trabajadores por cuenta ajena.

O son trabajadores por cuenta ajena o son un poder del Estado. Si es un poder del Estado tiene una naturaleza jurídico-constitucional. Si son trabajadores por cuenta ajena están sometidos a un derecho laboral, tienen derecho a la huelga, y, por lo tanto, un descuento por los días no trabajados.

Nosotros estábamos más en el respeto constitucional. No por no descontar, que en algún momento nos hubiese apetecido. Si no trabajas, te lo descuento.

Ahora ha prevalecido una visión más laboralista-proletaria. Yo nunca he entendido así la relación profesional de los jueces.

En mi opinión, algunas asociaciones se han laboralizado en exceso y han abandonado la visión general de la justicia.

¿El problema de la justicia es de dinero o de organización?

Bueno, con dinero los problemas se solucionan más fácilmente.

En la actualidad hay jueces que el agua les llega a la nariz y otros que no les moja ni los tobillos. Unos viven agobiados por una actividad extrema y otros por una falta de actividad evidente.

Yo me peleé en 2015, 2016, 2017 y 2018 tuvimos incrementos presupuestarios de financiación para la Justicia. Ahora tienen prorrogado el de 2018.

Dicho eso, una parte del incremento presupuestario lo dedicamos a las nuevas tecnologías. De cincuenta y poco millones pasamos a 108 millones de euros.

Se suele decir que se necesitan más jueces, pero deben estar mejor organizados y con mejores herramientas para trabajar.

Está acreditado que los tiempos telemáticos en la gestión de un proceso son menos de una cuarta parte que un proceso en modo tradicional.

Nosotros implantamos el sistema de justicia digital en todo el territorio del Ministerio de Justicia [Comunidades Autónomas de Extremadura, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Murcia e Islas Baleares] con esa inversión en tecnologías.

Hemos dedicado mucho tiempo con el Consejo a estudiar las cargas de trabajo. Es verdad que en términos de cargas de trabajo hay juzgados que tienen una sobrecarga de trabajo importante pero hay muchos que están por debajo del módulo.

Ese enfoque hay que darlo en su conjunto. Y cuando hay juzgados de lo mercantil que están señalando para dentro de dos años hay que tomar medidas. Pero no hay que poner el foco en eso solo. Hay que hacerlo en el conjunto de las 4.500 unidades judiciales que hay en España.

Yo sí creo que es un problema de organización, sin duda.

¿Fue una buena idea la de los Juzgados de cláusulas abusivas, o fue una mala idea, a la vista de los resultados?

Bueno, por parte del Ministerio sostuvimos la tesis de la distribución de la carga de trabajo entre todos los juzgados de la localidad. No apostamos por la concentración.

Pero el Consejo tenía sus estudios. Insistió. Fuimos leales y le apoyamos.

«Si el dinero que invertimos en reforzar los juzgados de cláusulas suelo lo hubiéramos invertido en incentivar al conjunto de los profesionales –juzgados de primera instancia– que tenían que conocer esas demandas el resultado hubiera sido mejor»

Han sido muy criticados.

Sí, ahí están los resultados. Hay un atasco importante en algunos sitios. Yo sigo creyendo que la competencia distribuida –e incentivada– habría sido más eficaz.

Si el dinero que invertimos en reforzar los juzgados de cláusulas suelo lo hubiéramos invertido en incentivar al conjunto de los profesionales –juzgados de primera instancia– que tenían que conocer esas demandas el resultado hubiera sido mejor.

El Consejo valoró la unidad de doctrina y la unificación de la competencia.

Como le he dicho, nosotros fuimos leales. No tenía sentido entrar en conflicto con el Consejo. El resultado no ha sido muy satisfactorio.

Hay unos tiempos muy dilatados y yo pienso que la distribución hubiese funcionado con más eficacia. La unificación habría llegado por las Audiencias Provinciales.

Ahora uno de los temas candentes es el de los hurtos leves en Cataluña. Ustedes hicieron una reforma del Código Penal.

En 2015, sí.

Y tuvo un pequeño fallo. Que los hurtos leves, los que no superan los 400 euros de valor, no generaban antecedentes penales, por lo tanto no producían cómputo a efectos de reincidencia. Y ha habido profesionales de lo ajeno que han sido detenidos más de 300 veces, sin consecuencias.  

Es verdad que la Sala de lo Penal del Supremo anuló esa parte de la reforma, no sin polémica. Yo he leído a unos cuantos penalistas que, en la legítima discrepancia y sana diferencia de criterios, no están de acuerdo con lo que dijo el Supremo porque la reforma estaba razonablemente hecha.

Pero, bueno, respetamos las reglas del juego. El Tribunal Supremo anula una parte de la reforma, una parte muy pequeñita, y hay que subsanar. El PP ha presentado una propuesta no legislativa para ello.

Recordemos que hasta 2015 nuestra actividad legislativa fue intensísima. Luego entre diciembre de 2015 y junio de 2016 estuvimos en funciones. Una etapa infructuosa en términos legislativos.

En octubre del 2016 se formó gobierno y desde esa fecha hasta junio de 2018, hasta la moción de censura, hubo un bloqueo parlamentario. Se hicieron muchas iniciativas legislativas pero no teníamos mayoría.

No hubo acuerdos, como no lo hubo en la estrategia nacional de justicia. Tenía 103 medidas pactadas en la subcomisión y se fue todo al garete porque alguien no quiso.

Con la reforma sobre los hurtos leves, habrá que esperar hasta que haya un nuevo parlamento.

Esa es la base del Pacto de Estado que ahora ha planteado el PSOE en sus 370 medidas.

Es que las 103 medidas se tomaron con consensos. O cuando llevamos un proyecto de ley sobre el Registro Civil, en el que estaba todo el mundo de acuerdo, y por bloqueo político-parlamentario lo dejaron caer.

En ese tiempo ha habido una actitud de filibusterismo parlamentario que impidió que unas cosas muy sensatas y muy razonables no hayan salido en este periodo.

Para Catalá, «el juicio que se celebró en el Tribunal Supremo, sobre el ‘procés’, ha sido un paradigma de buen funcionamiento de la justicia». Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

¿Fue un error la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2013, que mantuvo la elección parlamentaria de los 12 vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial, contraviniendo el programa del PP de 2011 que prometió que los eligiría la carrera judicial por voto secreto y directo?

Este debate, el de la elección de los vocales jueces del Consejo, ha estado permanentemente sobre la mesa desde 1985, desde que el PSOE reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En el PP hemos optado por la elección directa, por jueces y magistrados. Pero hay muchos matices en todo esto. Si los jueces y magistrados eligen entre ellos una lista y de esa lista el Parlamento designa a 12, ¿en qué momento han perdido la independencia los candidatos?

Los han elegido los jueces. Han elegido 20 y yo, Parlamento, me quedo con 12.

También que los jueces y magistrados elijan a 12 y que el Parlamento sancione esa elección.

Mientras que siga vigente esta ley, la institución tiene que renovarse con el sistema que existe actualmente. No es buena esa situación de interinidad que existe.

La otra es cambiar la ley. Pero hoy por hoy no es posible. Al menos hasta saber qué va a ocurrir tras las elecciones y qué mayorías va a haber.

El pasado mes de julio publicamos una noticia en Confilegal que decía que el 47,7 por ciento de los españoles no tiene noticia de la existencia del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué opina usted? ¿Es preocupante?

Yo creo que el Consejo debería haber dedicado mucho más esfuerzo a labores de concienciación, de información, de comunicación, para que los ciudadanos perciban la calidad de la justicia española.

El juicio que se celebró en el Tribunal Supremo, sobre el “procés”, ha sido un paradigma de buen funcionamiento de la justicia. Yo lo he comentado con un amigo. Debería crearse un Canal Justicia para que, todos los días, haya por televisión retransmisión de un juicio.

El Tribunal Supremo funciona con una calidad y unas garantías extraordinarias, pero es que todos los tribunales en España lo hacen así. Y la gente no lo sabe, pero tiene esa percepción.

Por eso digo que el Consejo tendría que hacer algo.

El otro día, leyendo la última encuesta del CIS, me sorprendí leyendo las opiniones de la gente sobre la justicia. Decían que no era independiente, que funciona fatal, y no es cierto. Hay que trabajar mucho en hacer pedagogía, en contar.

¿Le ha sorprendido la convocatoria de elecciones?

No. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien sacó los mejores resultados en las elecciones del 28 de abril pasado, no ha capaz de sacar su propia investidura.

Ha demostrado una falta de capacidad negociadora absoluta. Con todos, con el centro derecha, con la izquierda. Ha tenido ofertas de acuerdos y ha sido incapaz de sacar acuerdos adelante.

El escenario es similar al que llevó al anterior presidente, Mariano Rajoy, a convocar también elecciones anticipadamente, en junio de 2016, ¿no?

Rajoy no tenía los votos asegurados, mientras que aquí, Podemos, por un lado, y  Ciudadanos, que en última instancia le ofrecieron una posibilidad de negociación. Sánchez no ha sido capaz. No ha tenido la generosidad negociadora para llegar a un acuerdo.

Las nuevas elecciones aplazan, obligatoriamente, la renovación tanto del CGPJ como de los cuatro magistrados del Constitucional…

Es verdad que cuando tenemos un gobierno en funciones durante tanto tiempo y una repetición de elecciones, una de las consecuencias es la falta de instituciones que permitan el funcionamiento normal de nuestra democracia.

Como la renovación del Consejo, ya demorada desde hace un año, y algunas otras designaciones importantes, como la renovación del Tribunal Constitucional, o de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Banco de España…

Hay muchos nombramientos que están demorados y que no es posible abordarlos. Esa es otra de las consecuencias de esta situación de interinidad y de no contar un gobierno que promueva las reformas que España necesita y la estabilidad institucional que se requiere.

Por último, ¿se atreve a revelar los tres errores que cometió como ministro de Justicia y que no debía haber cometido?

Quizá no haber intensificado más el diálogo con las asociaciones judiciales y fiscales. Pudimos hacerlo mejor, seguro.

También nos hemos podido equivocar con las Comunidades Autónomas al no haber generado suficientes incentivos para tener un sistema informático único de gestión.

Y yo creo que las relaciones con el Consejo General del Poder Judicial podían haber sido mejores. Deberían haber sido mejores.

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