El ministro saliente, Rafael Catalá, entregando la cartera a su sucesora, Dolores Delgado. Por la tarde, estuvieron 3 horas reunidos, realizando el auténtico traspaso de poderes.
Catalá entregó a Delgado un «informe completísimo» sobre el exceso de gasto del turno de oficio en el juicio de la Gürtel
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05/11/2019 01:00
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Actualizado: 05/11/2019 09:06
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Fue durante la reunión que mantuvieron el ministro de Justicia saliente, Rafael Catalá, y la ministra de Justicia entrante, Dolores Delgado, celebrada el 7 de junio de 2018 entre las 5 y las 8 de la tarde, en el despacho que uno dejaba y que la otra comenzaba a ocupar, en la sede central del Ministerio, con vistas a la madrileña calle de San Bernardo.
«Ese día le entregué a Dolores Delgado un informe completísimo, con todo, poniendo de manifiesto que se había detectado un exceso de gasto en que se incurrió y un relato de todo lo sucedido. Era una competencia de la Comisión de Justicia Gratuita del Colegio de Abogados de Madrid. El Ministerio no le ha dado la defensa indebidamente a nadie», declaró ayer a Confilegal Rafael Catalá, exministro de Justicia.
«Lo que se ha publicado en El País adolece de parte de la verdad que induce a error. Pero lo que es un hecho es que esto sucedió hace 17 meses. ¡Que en 17 meses no hayan hecho nada y que ahora vengan con este tema, justo en campaña electoral, indica con claridad la intención!«, añadió.
De acuerdo con miembros del equipo ministerial del exministro, el pago indebido fue detectado en abril de 2018.
«Fuimos conscientes de que se había pagado en exceso, erróneamente, al Consejo General de la Abogacía Española y al Colegio de Abogados de Madrid unos 590.000 euros y les pedimos que nos informaran sobre este asunto. Si había habido un pago indebido, devuélvase. Esa era nuestra posición. Queríamos dar facilidades, eso sí, al CGAE y al ICAM. Luego vino la moción de censura y el cambio de gobierno», explicaron a este diario.
De acuerdo con el Convenio firmado en 2016 por el Consejo General de la Abogacía Española, el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y el Ministerio de Justicia, se elevó la subvención que recibirían los abogados de oficio del caso Gürtel por su especial complejidad y duración.
El tope establecido fue de 570.000 euros.
«La Abogacía del Estado estaba al tanto porque les consultamos. En este asunto no se puede hallar más que transparencia», añadieron.
En la relación se pagos se encontraban los abogados del turno de oficio de 11 «personas jurídicas» -empresas- que fueron defendidas en el juicio de la trama Gürtel y algunos abogados de acusados que no tenían reconocido el derecho a la justicia gratuita.
EL «AGUJERO NEGRO LEGAL»
Según fuentes consultadas por Confilegal, el problema de fondo es la existencia de un «agujero negro legal».
Porque puede ser que algunos de esos abogados no tuvieran derecho a un abogado de oficio.
Y es cierto que la Ley de Asistencia Gratuita no ampara a las empresas.
Sin embargo, también es cierto que el juicio no podía haber comenzado sin que los imputados -personas físicas o empresas- tuvieran representantes legales.
Cuando ocurre eso, el juez de instrucción ordena que se provea de abogado de oficio.
El problema que se presenta es quien debe de pagar a los abogados del turno de oficio si los enjuiciados no tienen reconocida la prestación, porque no la han solicitado o porque no tienen dinero, o si es imposible, en el caso de las empresas, porque estén descapitalizadas.
La alternativa de que los abogados del turno trabajen por «amor al arte» no está contemplada.
Esto es precisamente lo que recordaron ayer el ICAM y el CGAE en sendas notas aclaratorias a las informaciones publicadas por El País el 3 y el 4 de noviembre pasados.
La del CGAE dice: «Toda actuación relacionada con la instrucción y enjuiciamiento del denominado caso Gürtel en la Audiencia Nacional se ha desarrollado en la jurisdicción penal. El artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece en su apartado 3 que ‘Si no hubiesen designado procurador o abogado, se les requerirá para que lo hagan o se les nombrará de oficio si, requeridos, no los nombrasen, cuando la causa llegue a estado en que se necesite el consejo de aquéllos o haya de intentar algún recurso que hiciese indispensable su actuación‘. Por tanto, todos los encausados deberán estar defendidos en un proceso penal tengan o no bienes materiales para costeárselo, conforme al requerimiento judicial», explica.
EL CGAE Y EL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID DEVOLVIERON EL DINERO
«El pago de las retribuciones a la Abogacía del turno de oficio del caso Gürtel se estructuró en torno a un Convenio firmado por el Ministerio de Justicia, el Colegio de Abogados de Madrid y el Consejo General de la Abogacía, tal y como se ha llevado a cabo en el pasado con otras macrocausas como el 11-M», recuerda el CGAE.
«La excepcional retribución respecto del resto del turno oficio se justifica en que en este tipo de casos, debido a su alto grado de complejidad y duración, los abogados se ven obligados a dedicar la práctica totalidad de sus horas de trabajo a una sola causa durante un largo periodo de tiempo», añade.
Y recuerda que tanto el CGAE como el Colegio de Abogados de Madrid devolvieron el dinero pagado «en exceso».
«El nuevo equipo del Ministerio de Justicia, surgido del Gobierno que tomó posesión en junio de 2018, decidió unilateralmente que los pagos realizados una vez concluida la vigencia del convenio no se ajustaban a derecho, no obstante haberse seguido prestando el servicio y abonando el Ministerio las pertinentes certificaciones, y reclamó al Colegio de Abogados de Madrid y al Consejo General de la Abogacía la devolución de los pagos que ya habían sido abonados a los abogados del turno de oficio, en total 591.297 euros».
Tanto el CGAE como el ICAM se vieron obligados a devolver esa cantidad, el 31 de octubre de 2018, como condición impuesta por la nueva administración socialista en el Ministerio como condición previa para desbloquear los los 7.835.117 millones de euros en emolumentos que se adeudaban a los abogados de ese servicio del llamado «territorio Ministerio» (en las Comunidades Autónomas de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia, Baleares, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y en los órganos centrales –Audiencia Nacional y Tribunal Supremo–) por los meses de julio, agosto y septiembre.
EL MINISTERIO DE JUSTICIA DEMANDADO POR EL CGAE Y POR EL ICAM
Como consecuencia, el CGAE y el ICAM han interpuesto un recurso contencioso-administrativo conjunto ante la Audiencia Nacional para reclamar «abono de esas cantidades que corresponden al órgano que representa al conjunto de los abogados españoles y al Colegio de Abogados Madrid, previa la interposición de un recurso de reposición que no mereció respuesta alguna por parte del Ministerio de Justicia».
El decano del ICAM, José María Alonso, en este sentido, hizo un balance de su relación con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, el pasado 8 de octubre: «La relación con la ministra de Justicia, que ha sido una persona encantadora y preparada, ha sido muy buena. Exquisita en el trato. Pero si uno analiza qué es lo que ha obtenido la abogacía en este periodo pues la verdad, tenemos que concluir que nada. No puedo decir otra cosa. No se ha avanzado nada en la Ley Orgánica del Derecho de Defensa. No se ha avanzado nada en el Estatuto General de la Abogacía. No se ha hecho ninguna revisión de los baremos del Turno de Oficio y hemos tenido que abonar los 180.000 euros de la Gürtel [el 30 por ciento de los 591.297 euros; el resto lo asumió el CGAE]. Esa es la realidad y no hay otra».
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