La Fiscalía se opone por ‘absurda’ a la petición de Junqueras de aplazar la sentencia del ‘procés’
Condena por sedición, y no por rebelión, a nueve exdirigentes catalanes porque cree que los hechos ocurridos en Cataluña en el otoño de 2017 fueron insuficientes para "imponer de hecho la efectiva independencia territorial y la derogación de la Constitución en el territorio catalán".

La Fiscalía se opone por ‘absurda’ a la petición de Junqueras de aplazar la sentencia del ‘procés’

Subraya que el dictado del fallo es "ineludible" para rechazar "este extravagante incidente procesal" que tacha de "ilógico y absurdo" por las consecuencias para el resto de acusados
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26/9/2019 14:07
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Actualizado: 26/9/2019 14:13
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La Fiscalía del Tribunal Supremo se opone a la petición del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras para que el tribunal que le ha juzgado por el ‘procés’ dilate el dictado de la sentencia hasta que el Tribunal de Justicia la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre el alcance de su inmunidad como europarlamentario, cuya vista está prevista para el próximo 14 de octubre.

El Ministerio Público afirma que en el actual escenario procesal «la suspensión del dictado de esa sentencia para uno solo de los juzgados» mientras sí se produce para el resto de encausados, «lejos de ser un instrumento necesario para garantizar su pretendida inmunidad, más bien constituiría un desenlace ratione personae que cabe tildar, cuando menos, de ilógico y absurdo».

Así lo manifiestan los fiscales Javier Alberto Zaragoza Aguado y Jaime Moreno Verdejo en un escrito, de cinco páginas, contra de la petición de Junqueras remitido hoy al tribunal de la Sala de lo Penal que ha juzgado el proceso indepentendista.

La defensa de Junqueras, que ejerce Andreu Van Den Eynde, pidió que se dilate el dictado de sentencia a la espera de la resolución por el TJUE de la cuestión prejudicial planteada o subsidiariamente que se proporcione al TJUE y a las partes información relativa al alcance de la suspensión.

El letrado del líder de ERC señaló que el TJUE no efectúa una función consultiva en la cuestión prejudicial, sino que da una respuesta útil para la resolución del litigio principal, es decir, que resuelve cuestiones que afectan al desarrollo y decisión del concreto litigio nacional, el cual debe suspenderse.

Reconocía que el encaje formal de la controversia se hace por el Supremo en una pieza separada, pero sostenía que ello no puede anular la afectación de la cuestión suscitada a la pieza principal y que afecta a las posibilidades de dictar sentencia.

Esta discusión versa sobre un incidente autónomo, pero sostiene que afecta al pleito principal pues una interpretación extensiva de eficacia absoluta de la inmunidad del artículo 9 del Protocolo 7º impediría dictar sentencia definitiva sin la tramitación del suplicatorio del Parlamento Europeo.

Los fiscales Zaragoza y Moreno recuerdan que el juicio se ha celebrado en su totalidad durante más de cuatro meses para los acusados, las pruebas han sido valoradas por los siete magistrados que componen el tribunal y que dejaron el procedimiento «visto para sentencia» el pasado 12 de junio.

Señalan que desde hace más de tres meses, los magistrados están deliberando, por lo que cabe concluir que las deliberaciones «se hallen prácticamente concluidas y que la sentencia esté en una fase muy avanzada, probablemente en su fase de redacción final».

Se espera para octubre.

«Es decir, el dictado de la sentencia es ineludible en cualquier caso, y el pretendido efecto suspensivo que el solicitante quiere anudar a la pendencia de la cuestión prejudicial únicamente podría afectar a la ejecución de la misma» en el caso de que la sentencia que dicte el TJUE se produce en los términos que la defensa del encausado propone.

Los fiscales destacan que la intención de Junqueras «a través de este extravagante incidente procesal» no es sino una suerte de recurso, a todas luces extemporáneo, con el que se quiere sortear la firmeza de un auto que ya fijó el alcance suspensivo de la cuestión prejudicial planteada ante el TJUE.

El Supremo aceptó en julio la petición del exvicepresidente catalán de plantear una cuestión prejudicial al TJUE para aclarar desde qué momento un diputado electo en el Parlamento Europeo está protegido por la inmunidad parlamentaria, después de que el dirigente soberanista solicitara un permiso para salir de la cárcel preventiva y realizar los trámites para ser proclamado europarlamentario.

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