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El Gobierno impugnará las resoluciones del Parlamento catalán que llaman a la desobediencia y piden la salida de la Guardia Civil

También tendrá respuesta por parte del Ejecutivo la que acuerda pedir la amnistía de los separatistas presos si son condenados por el 'procés'Tras conocer la prisión para los CDR se vivieron momentos de tensión en la Cámara catalana, con gritos de "libertad, libertad" de diputados independentistas; Carrizosa, de Cs, manifestó su "inmensa vergüenza" por estas muestras de apoyo a los encarcelados, discutió con Maragall (ERC) y terminó siendo expulsado. Foto: EP
| | Actualizado: 27/09/2019 9:50

El Gobierno ha anunciado que impugnará las propuestas de resolución aprobadas ayer por el Parlamento catalán que defienden la «legitimidad de la desobediencia civil e institucional» para defender «derechos civiles, políticos y sociales», reclaman la salida de la Guardia Civil de Cataluña y acuerdan pedir la amnistía de los separatistas presos si son condenados por el ‘procés’.

Con los votos a favor de JxCat, ERC y la CUP, y la abstención de los comuns, la Cámara catalana aprobó una resolución que pide «la retirada de Cataluña de los efectivos de la Guardia Civil», así como la dimisión de la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera. Fue presentada por JxCat y ERC.

El texto afirma que este Cuerpo «se ha mostrado abiertamente como una policía de carácter político que está centrada en perseguir a determinados colectivos políticos y sociales, y completamente redundante a la hora de garantizar la seguridad de la ciudadanía».

Otra resolución aprobada ayer, registrada por JxCat, ERC y la CUP, expresa el compromiso del Parlamento catalán para trabajar para conseguir la amnistía de los separatistas presos si son condenados en la sentencia del juicio del 1-O. Salió adelante con los votos de sus promotores.

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Reivindica la «legitimidad de la desobediencia civil e institucional» para defender «derechos civiles, políticos y sociales.

Con esta resolución, el Parlamento catalán también se conjura para «liderar una respuesta institucional a la sentencia» si es condenatoria, «basada en el respeto, garantía y defensa de los derechos fundamentales cívicos y políticos, las libertades y el ejercicio del derecho de la autodeterminación».

En línea con las anteriores, fue aprobada una resolución de la CUP, que recabó el apoyo de JxCat y ERC, pero que rechazaron los comunes, que reivindica el 1-O como un «referéndum legítimo y legal». Esta moción fue cuestionada por los letrados del Parlament porque incluía, además, referencias a resoluciones independentistas tumbadas por el Tribunal Constitucional.

El Gobierno ya ha impugnado varias resoluciones del Parlamento de Cataluña relativas a la figura del Rey y a la Monarquía, entre ellas una en la que se reprobó a Felipe VI y se reclamó el fin de la Monarquía, que fue propuesta por En Comú, y se aprobó el 11 de octubre de 2018.

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El Tribunal Constitucional la anuló en julio.

TENSIÓN POR LA PRISIÓN DE LOS CDR

La segunda y última jornada del debate de política general terminó con bronca entre los diputados independentistas y los constitucionalistas, especialmente los diputados de Ciudadanos, hasta el punto de que el presidente del grupo naranja, Carlos Carrizosa, fue expulsado del hemiciclo, por lo que todo su grupo abandonó el pleno en solidaridad con él.

Ocurrió tras conocer la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de decretar prisión provisional para siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de presunto terrorismo.

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Hubo gritos de «libertad, libertad» de independentistas para los CDR, entre ellos del presidente de Cataluña, Quim Torra, y Carlos Carrizosa manifestó su «inmensa vergüenza» por estas muestras de apoyo a los encarcelados.

Carrizosa denunció que «en este Parlamento se está amparando a personas que mediante resolución judicial han entrado en prisión por presuntamente hechos como atentar contra todos los catalanes, contra la convivencia».

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«Nos sentimos amenazados por aquellos que respaldan el terrorismo», dijo, y algunos diputados como Ernest Maragall (ERC) se levantaron y se encararon.

Además, en protesta por la prisión decretada, los cuatro diputados de la CUP abandonaron el hemiciclo en plenas votaciones de las propuestas de resolución.

Acto seguido, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, pidió la convocatoria de una junta de portavoces, y en ella se aprobaron dos declaraciones a favor de los siete CDR encarcelados, que contó con el rechazo de Cs, el PSC y el PP.

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Cs ni se presentó en esa reunión de la Junta, y los representantes de los socialistas y los ‘populares’ se levantaron de la mesa porque no compartían el texto que se estaba construyendo a partir de una propuesta de la CUP, por lo que no será una declaración institucional del Parlamento catalán dado que requiere del apoyo de todos los grupos.

El texto de JxCat, ERC y Comuns señala una «campaña de criminalización» del movimiento independentista, en lo que aseguran es un intento de equipararlo con el terrorismo, rehúsa de forma explícita la violencia y se reafirma en las vías democráticas para lograr objetivos políticos legítimos.

Rechaza la operación impulsada por la Audiencia Nacional y la Guardia Civil, así como las «vulneraciones contra los derechos fundamentales» como el derecho a la presunción de inocencia de los siete miembros de los CDR que han ingresado en prisión incondicional.

Habla de «deriva represiva y autoritaria del Estado», reafirma el compromiso del Parlamento catalán con la libertad, la democracia y la defensa de los derechos civiles.

Tras aprobarse esta declaración en la Junta de Portavoces, el presidente catalán, Quim Torra, la ha suscrito.

«Nos quieren hacer caer en provocaciones. Nos quieren desmovilizar. Nos quieren atemorizar. No lo conseguirán. Suscribo la declaración de la Junta de Portavoces del Parlamento, aprobada con los votos de JxCat, ERC, En Comú Podem y la CUP«, ha afirmado en Twitter.