El juez cree que Indra abonó facturas falsas del partido por 1,1 millones de euros y que su "pleitesía" presuntamente le sería recompensada con adjudicaciones públicas. Foto: EP
El expresidente de Indra declara esta semana por la presunta financiación irregular del PP de Madrid
El exconsejero Borja Sarasola está citado mañana por su presunta participación en el supuesto desvío de fondos públicos para engrosar la caja B del PP regional
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30/9/2019 09:38
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Actualizado: 30/9/2019 09:38
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El expresidente de Indra Javier Monzón, un exdirecto de la empresa y el exconsejero de la Comunidad de Madrid Borja Sarasola declararán esta semana en la Audiencia Nacional por la presunta financiación irregular del PP de Madrid.
Indra está imputada en el caso y declarará próximamente.
Estaba citada para esta semana, al igual que la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, pero el magistrado instructor del ‘caso Púnica’, Manuel García-Castellón, aplazó estas citaciones a petición de sus abogados.
Hoy comparecerá ante el magistrado, a petición propia, el que fuera director de operaciones de Indra Santiago Roura por el presunto desvío de fondos desde la empresa al PP madrileño.
Los investigadores le vinculan con el pago de 110.000 euros a empresarios.
El expresidente de Indra Javier Monzón está citado el viernes, 4 de octubre, a las 10.00 horas.
En uno de los últimos informes aportados a la causa, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que Indra financió con 566.497 euros la campaña electoral del año 2011 del PP de Madrid, a través de contratos falsos.
Los investigadores destacan que las evidencias documentales prueban la «aquiescencia de directivos de Indra -antes de la llegada de su actual presidente, Fernando Abril– a pagar gastos vinculados» al PP de Madrid, lo que se hizo a través de «servicios no realizados a empresas vinculadas a la campaña electoral».
Según la UCO, los fondos que habría aportado Indra fueron a petición de altos cargos de la Comunidad de Madrid y «habrían servido para retribuir los trabajos» que el entramado empresarial había prestado al PP de Madrid, sirviéndose de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM).
Ese entramado al que se refiere la Guardia Civil son Juan Miguel Madoz, administrador de Swat, y el empresario Óscar Sánchez Moyano, quienes mantenían contactos frecuentes con el expresidente madrileño Ignacio González que fueron reflejados en la agenda del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
EL JUEZ CREE QUE INDRA SE CONVIRTIÓ EN LA ‘CAJA PAGADORA DE SERVICIOS ELECTORALES PRESTADOS ENCUBIERTAMENTE AL PARTIDO, DE SUS DEUDAS O LAS DE SUS DIRIGENTES
El juez considera a Indra «parte singular en el concierto urdido por dirigentes del PP de Madrid para utilizar las arcas públicas» de la Agencia Informática de la Comunidad (ICM) «como fuente de ingresos del partido».
García-Castellón cree que Indra, «con la participación activa» de varios directivos, entre ellos Monzón y Roura, se convirtió «en la caja pagadora de servicios electorales prestados encubiertamente» al partido, de sus deudas o las de sus dirigentes.
Sospecha que Monzón y otros directivos «intervendrían en la decisión de la realización de entregas de dinero en efectivo a quien se les indicaba desde los altos puestos» del partido.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la AN estima que Indra abonó facturas falsas del partido por 1,1 millones de euros y que su «pleitesía» presuntamente le sería recompensada con adjudicaciones públicas.
El pasado 18 de septiembre, el exdirector la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid y presidente de las mesas de contratación de este organismo, Silvano Corujo, reconoció ante ante el juez instructor del ‘caso Púnica’ que el organismo adjudicó a Indra un contrato por importe superior a 200.000 euros fuera del procedimiento legalmente establecido.
Silvano Corujo denunció en su día ante la Fiscalía Anticorrupción irregularidades en las adjudicaciones.
Además, Silvano Corujo se reafirmó en lo que ya declaró ante juez y fiscales en julio de 2018: que el exconsejero delegado de ICM José Martínez Nicolás, le hizo saber que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González le había solicitado colaborar para reunir un millón de euros a fin de sanear la ‘caja b’ del partido, que estaba maltrecha tras la campaña electoral de 2011.
SARASOLA DECLARÁ MAÑANA POR EL DESVÍO DE FONDOS PÚBLICOS AL PP
Sarasola está citado para mañana, 1 de octubre, a las 10.00 horas, por su presunta participación en el supuesto desvío de fondos públicos para engrosar la caja B del PP regional.
Este exconsejero está imputado por delito continuado de cohecho, malversación agravada de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral.
Según el auto de citación del juez, Sarasola habría participado «en los conciertos para la financiación del PP de Madrid con fondos públicos desviados de las arcas públicas, desde los distintos cargos que desempeñó desde el año 2007, tanto públicos como en el partido».
García-Castellón destaca en su resolución la supuesta intervención del exconsejero en los «desvíos de fondos a partir de Fundescam, como miembro de la comisión de calificación que realizó en 2007 la propuesta de concesión de la subvención» a esa fundación, «a sabiendas de que dicha subvención era un mero instrumento necesario para conseguir que los fondos públicos de la Comunidad sufragasen encubiertamente gastos electorales ocultados a la Cámara de Cuentas».
El magistrado recuerda en su auto que Sarasola también se encargó de la «coordinación de la administración regional con las empresas públicas Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) y el Canal de Isabel II».
«Dichas entidades públicas serían utilizadas como canal de financiación de gastos particulares y electorales del PP y de sus dirigentes, a través de la adjudicación de contratos sobrevalorados o contratos de cobertura a empresas concertadas, entre las que se encontrarían las mercantiles Indra, Equimedia XL o Imagen y Síntesis Digital.
El instructor también sitúa a Sarasola en la reunión que convocó en la Asamblea de Madrid en junio de 2012 el entonces vicepresidente Ignacio González, también investigado, para solicitar a los directivos de ICM y el Canal de Isabel II que «sobrevalorasen los contratos para detraer dinero» para el PP de Madrid.
Y ese mismo año, según el juez, el exconsejero habría intervenido en la contratación inicial del presunto conseguidor de la trama Púnica Alejando de Pedro para trabajos de reputación ‘on line’ para Esperanza Aguirre, Ignacio González y para sí mismo, «participando en el concierto dirigido a que dicho gasto personal de todos ellos lo abonasen los fondos públicos o proveedores de la Comunidad de Madrid».
La investigación ha revelado también, según señala el instructor en el auto, la participación de Sarasola en la «emisión del informe sobre la factura presentada en 2008 por la mercantil Saranais, vinculada al investigado José Luis Huerta Valbuena, que permitió cargar su coste al presupuesto de la Consejería de Economía y Consumo».
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