El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo en el que se solicita, como medida cautelar, la suspensión de 3.000 millones de euros en préstamos estatales a interés cero concedidos a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).
Los créditos están destinados a prefinanciar los dos principales programas de artillería incluidos en la estrategia de modernización militar elaborada por el Gobierno, según la documentación judicial.
La petición de suspensión cautelar de los préstamos —cuestión que aún debe resolverse— se enmarca en el recurso interpuesto por Santa Bárbara Sistemas, filial de General Dynamics European Land Systems (GDELS), contra la concesión de estos créditos a la UTE de Indra y Escribano. En concreto, el recurso se dirige contra la financiación de los programas de obuses de ruedas, por un importe de 1.181 millones de euros, y de obuses de cadenas, que asciende a 1.821 millones.
Ambos préstamos figuran en el real decreto de 14 de octubre de 2025, por el que se establecen las normas reguladoras de la concesión directa de créditos para el desarrollo industrial de los programas especiales de modernización militar.
Más de 14.000 millones de euros en préstamos militares
En conjunto, el Ejecutivo ha concedido 14.224 millones de euros en préstamos sin intereses a distintas empresas para prefinanciar el desarrollo de estos programas de modernización de las Fuerzas Armadas.
Los programas en los que participa Indra —ya sea en solitario, con socios o a través de Hisdesat, compañía que controla desde el pasado martes— concentran 7.944 millones de euros en financiación pública. Por su parte, los programas de Airbus suman 4.030 millones de euros, incluyendo uno de 350 millones compartido con Indra, mientras que los de Navantia alcanzan los 2.292 millones.
Precisamente, los dos créditos cuya suspensión cautelar se solicita son los de mayor cuantía concedidos a Indra, que liderará proyectos en distintos ámbitos —tierra, mar, espacio y ciberespacio—, frente a los asignados a Airbus y Navantia, centrados en los dominios aéreo y naval, respectivamente.
