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La Red de Consejos y Comisionados de Transparencia denuncia la desidia de la Administración

Firman una declaración institucional en Málaga sobre la necesidad de dotar de más medios a estas entidades ante la situación de abandono que se palpa en materia de transparenciaJavier Amoros, presidente en funciones del Consejo de Transparencia lee una parte de la Declaración de Málaga.
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Peor que nunca. La situación de las entidades que se crearon en nuestro país en materia de transparencia es crítica por falta de medios de toda índole.

La Red de Consejos y Comisionados de Transparencia, formada por todas las autoridades públicas de control de la transparencia en España, denuncia este martes en una declaración institucional que se respete su trabajo y que la transparencia sea un elemento clave de la agenda política y en el funcionamiento de las administraciones públicas.

De momento la cultura de transparencia es una utopía en nuestro país, según los expertos.

Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en transparencia y en acceso a la información pública, ha sido uno de los ponentes a este IV Congreso de Transparencia que concluyó este martes en Málaga.

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Sobre esta declaración advierte que “el momento que se vive es crítico. Las administraciones bajo el mandato de Pedro Sánchez han dejado de presentar las alegaciones y ni siquiera contestan los requerimientos del Consejo de Transparencia u otros autonómicos”, apunta.

Para Blanes, los propios comisionados que suscriben dicha declaración advierten que en el último año la situación ha empeorado ostensiblemente “la transparencia es la gran olvidada de los partidos políticos”.

“No se ha avanzado nada. La falta de medios jurídicos para que sus resoluciones se cumplan, de personal y económicos son flagrantes para realizar su trabajo con solvencia”.

El propio Consejo de Transparencia mantiene una interinidad en su presidencia desde que hace dos años Esther Arizmendi falleciera. También al parecer ahora se plantea un recorte del presupuesto de esta entidad del orden del 20%.

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“La actividad del Consejo de transparencia no gusta. Obliga a dar información a terceros que no se quiere dar. Ahora intentan que funcione lo peor posible para que el ciudadano advierta que acudir a esta entidad no vale para nada”, destaca Miguel Ángel Blanes.

La sensación que existe entre muchos expertos en transparencia y en la sociedad civil es que se aprobó una ley, se creó una entidad como el Consejo de Transparencia, pero realmente el ánimo era de cubrir el expediente y no hacer nada.

“Las resoluciones de los Consejos autonómicos son contradictorias, con escasos medios. Poca seguridad jurídica se ofrece desde sus resoluciones”.

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“En Galicia y Castilla-León esta atribución se la dieron al Defensor del Pueblo autonómico donde son vinculantes mientras el andaluz también se ocupa de protección de datos desde el pasado 1 de octubre”, indica Blanes.

Este colectivo de entidades de transparencia demanda a los poderes públicos una mayor proactividad en materia de transparencia y que cumplan con la Declaración de Cádiz.

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Este docuemnto se formalizó hace justo un año y en la que los organismos que conforman la Red solicitaban apoyo explícito a su labor en favor de la transparencia pública, así como un compromiso decidido en la implantación de la nueva cultura de la transparencia.

En su opinión “todos los comisionados de están de acuerdo en modificar la actual Ley de Transparencia en profundidad antes de aprobar el Reglamento que está pendiente”.

“Es muy importante que en esta reforma el derecho de acceso se plantee como un derecho fundamental y estar al mismo nivel del derecho de protección de datos personales”. Blanes advierte que la normativa de transparencia genera muchos problemas en la actualidad.

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Falta de respeto institucional

Entre esos problemas, nuestro experto destaca que “los límites y las causas de inadmisión de recursos y resoluciones son muy amplios e indeterminados”.

“Sobre el silencio administrativo no hay claridad a nivel autonómico y estatal. El propio Tribunal Constitucional en una sentencia habló de silencio negativo que debía de entenderse”.

Blanes revela la falta de respeto institucional en algunas ocasiones del Ministerio de la Presidencia que ni siquiera responde a los requerimientos del Consejo de Transparencia.

“Ante la falta de medios jurídicos, muchas entidades públicas no se molestan en impugnar las resoluciones de los consejos de transparencia”.

“Si no se cumplen no pasa nada. La sensación de pasotismo es total”.

En esa reforma que se reclama se pide que el Consejo de Transparencia pudiera interponer multas coercitivas a entidades y autoridades por dichos incumplimientos y aplicar esa potestad sancionadora cuando hubiera entidades que no publicasen en el portal de transparencia la información.

O reiteradamente no contestan a las solicitudes y las deniegan de forma arbitraria “poder tener capacidad sancionada. La ley actual permite que la Administración incumplidora tramite su propio procedimiento sancionador”.

Todos los nueve Consejos y Comisionados de Transparencia de nuestro país reconocen en esta nueva declaración que, transcurrido un año desde que se adoptó la “Declaración de Cádiz”.

“No se ha obtenido la respuesta deseada” por parte de los representantes públicos y que “la política de transparencia continúa siendo una gran olvidada en la agenda de los gobernantes y los grupos políticos”.

La Red de Consejos y Comisionados de Transparencia considera que no han “sido dotados de medios adecuados, ni en el terrero de los recursos humanos ni en el de los económicos y materiales”.

Y destacan que existe resistencia a esta nueva cultura de transparencia por parte de organismos e instituciones públicas, cuestión que “supone un grave obstáculo para la eficacia de la actividad de los órganos garantes”.

Además, recuerda que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal continúa con una presidencia interina que dura casi dos años.

Los firmantes de la declaración consideran que el compromiso de los responsables públicos con la transparencia “ha ido perdiendo peso en los últimos años”.

También advierten del peligro de dejar “morir de inanición” a los Consejos y Comisionados de Transparencia, encargados de defender los derechos de la ciudadanía ante la opacidad de las administraciones públicas.

El texto recoge también la necesidad de conectar la transparencia con otras cuestiones en un marco más general de integridad pública, tales como medidas de Gobierno Abierto, códigos éticos, control de la actividad de los grupos de interés o “lobbies”.

También se integran la publicación de agendas de trabajo de autoridades públicas y altos cargos, así como la protección de los denunciantes de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico y la ética pública y la necesidad de redefinir la política establecida por la ley de transparencia y por las leyes autonómicas dictadas en su desarrollo.

Miguel Angel Blanes, en un evento anterior en Oviedo, fue ponente de este Congreso Internacional de Transparencia recién concluido, denuncia la situación crítica de la transparencia y sus entidades en nuestro país.

Declaración de Cádiz

La Declaración de Cádiz, y en la que se reitera este año la importancia de su cumplimiento, fue firmada el 28 de septiembre de 2018, Día Internacional del Derecho a Saber, por la Red de Consejos y Comisiones de Transparencia y contó con el apoyo de treinta y dos entidades de la sociedad civil.

En esta declaración institucional, todos los organismos públicos encargados de garantizar la transparencia en nuestro país lamentaban la falta de medios para ejercer su labor.

Reafirmaban su compromiso con la implantación de la transparencia en España y solicitaban a los poderes públicos apoyo y compromiso en la “implantación y éxito de la nueva cultura de la transparencia” así como una reforma que mejore las garantías del “derecho de acceso”.

Es decir, del derecho que tiene la ciudadanía a obtener información pública; y de la “transparencia activa” o la obligación que tienen las organizaciones públicas de informar sobre su actividad.

Entre las reformas que solicitaban estos organismos destacaban aquellas que supondrían un cambio legislativo.

Algunas eran reconocer el derecho de acceso como un derecho fundamental, modificar el procedimiento de solicitud de información para hacerlo más sencillo o reforzar los Consejos de Transparencia para que puedan sancionar a los organismos que no cumplen con las obligaciones de transparencia.

Hay que señalar que la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia está formada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano de garantía de la transparencia a nivel estatal, así como por el resto de las autoridades de control de la transparencia creadas en el ámbito autonómico.

Esta Red mantiene relaciones permanentes de colaboración a través de encuentros periódicos en los que se tratan las cuestiones que comúnmente les afectan y se intercambian experiencias prácticas que permiten un desarrollo de sus funciones más eficaz y coordinado.