La FGE suspende 10 meses al exfiscal jefe de Orense y advierte al fiscal superior de Galicia por retrasos en un caso de un exalcalde del PP
De izquierda a derecha: El fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, y el exfiscal jefe de Orense, Florentino Delgado.

La FGE suspende 10 meses al exfiscal jefe de Orense y advierte al fiscal superior de Galicia por retrasos en un caso de un exalcalde del PP

El origen del expediente es una denuncia de la abogada Elena Díaz Valverde, letrada de la exconcejal socialista de Ourense Áurea Soto
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05/10/2019 15:07
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Actualizado: 05/11/2020 21:22
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La Fiscalía General del Estado (FGE) ha acordado suspender de funciones durante 10 meses al exfiscal jefe de Ourense Florentino Delgado por cuatro faltas (dos muy graves y dos graves), y sanciona de forma leve y realiza advertencia al fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, en relación con los retrasos en una denuncia contra el exalcalde de Orense Manuel Cabezas (PP).

Las faltas muy graves del exfiscal jefe de Orense Florentino Delgado son por “inobservancia del deber de abstención” e “ignorancia inexcusable en el cumplimiento de deberes”.

Por cada una ha sido sancionado con cinco meses de suspensión.

Las dos graves son por «abuso de autoridad», por las que se le imponen sendas multas 1.500 y 1.000 euros.

Por su parte, la sanción leve a Suanzes tiene que ver con la desatención de supervisión como superior.

Esta resolución llega a raíz de una denuncia presentada el año pasado por la abogada Elena Díaz Valverde, letrada de la exconcejal socialista de Ourense Áurea Soto, que se quejaba de trato de favor injustificado al exalcalde ‘popular’.

El expediente disciplinario se abrió por «retraso injustificado» en las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción 1 de Ourense ante una denuncia que Áurea Soto presentó contra el exalcalde de Ourense, el ‘popular’ Manuel Cabezas, regidor hasta 2007, al que acusaba de no exigir a promotores la cesión urbanística del 10%.

Soto denunció que Cabezas no habría reclamado a algunos promotores que cedieran el 10% de los proyectos urbanísticos entre los años 1998 y 2003, lo que habría supuesto que el Ayuntamiento dejase de percibir 1,7 millones de euros.

En marzo de 2018, la abogada de Soto, Elena Díaz Valverde, denunció ante la Fiscalía Superior de Galicia la supuesta «inactividad» del fiscal sobre esa denuncia de 2014, pero el organismo gallego remitió el expediente al por entonces propio fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado; para que «se investigase a sí mismo», criticaba en su día Soto.

Delgado citó hasta cuatro veces a la abogada para que declarara, ésta no acudió, pero presentó una queja ante la Fiscalía Superior de Galicia.

Por su parte, el fiscal jefe de Ourense abrió diligencias de investigación penales a la letrada por un supuesto delito de desobediencia.

Finalmente, en septiembre de 2018, la abogada decidió presentar denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que ahora ha derivado en estas sanciones.

Con motivo de la apertura del expediente disciplinario, la Fiscalía apartó a Delgado del caso abierto en el Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense y nombró a un fiscal sustituto para dicho procedimiento.

DELGADO YA FUE APARTADO TEMPORALENTE EL PASADO ABRIL POR EL ALQUILER DE UN PISO

El pasado abril, la Fiscalía General del Estado apartó temporalmente de su cargo a Florentino Delgado, mientras se tramitaba el expediente disciplinario abierto a raíz del conflicto por el piso en el que residía en la ciudad y que la Xunta dejó de pagar en 2016; un céntrico inmueble de 200 metros cuadrados.

La Xunta de Galicia comenzó en 2004 a pagar una vivienda al fiscal jefe de Ourense. Con el cambio de gobierno en la Xunta, se rescindió la partida destinada a este fin en 2008, aunque después se volvió a abonar.

Al año siguiente, con el relevo en el ejecutivo autonómico en la Xunta se continuó la financiación de la vivienda hasta que en junio de 2010 se le volvió a comunicar a Delgado que se rescindía el contrato por parte de la administración.

No obstante, la administración continuó realizando el pago hasta 2016, año en el que se resolvió el contrato y se comunicó a las partes implicadas.

Sin embargo, tras esto, el propietario del piso, un octogenario, denunció a la Xunta por impago enabril de 2018.

Delgado llegó a un acuerdo con el propietario del inmueble para abonarle la deuda de 21.706 euros generada desde 2016, que comprendía luz, agua y calefacción.

Delgado obtuvo plaza en Madrid el pasado mayo, en la Fiscalía Provincial.

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