Por sedición y malversación condenó a Junqueras a 13 años de cárcel, y a Romeva, Turull y Bassa a 12 años; mientras que por sedición sentenció a Forcadell a 11 años y 6 meses, a Forn y Rull a 10 años y 6 meses, y a Sànchez y Cuixart a 9 años. Foto: Poder Judicial
Las reacciones a la sentencia del ‘procés’
El Gobierno pide el acatamiento de la sentencia, dice que "no procede" hablar de indulto, y anuncia que llamará hoy a Casado, Rivera e Iglesias para pedirles apoyo si hubiese que actuar en Cataluña
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14/10/2019 11:50
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Actualizado: 14/10/2019 16:54
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El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha manifestado el «respeto y acatamiento» del Ejecutivo a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el ‘procés’ y ha apuntado que «acatamiento significa su cumplimiento».
En una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, Sánchez ha apuntado que esta sentencia constata el «naufragio» del independentismo, ante lo que ha ofrecido «diálogo» para afrontar una «nueva etapa» y ha subrayado que el Ejecutivo responderá «con firmeza democrática» sin excluir «ninguna posibilidad que el ordenamiento jurídico vigente otorga».
El jefe del Ejecutivo también ha indicado que la respuesta debe ser «firmeza democrática, proporcionalidad y unidad» de los partidos que apoyan la Constitución ante «los estertores de una etapa».
En este punto, ha insistido en el diálogo dejando «de lado» los extremismos para esta nueva etapa en la que la «concordia» sea uno de los pilares de Cataluña.
Antes de la declaración institucional del presidente, en la que no se han admitido preguntas, ha comparecido el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, que ha pedido respeto a la sentencia, ha destacado que ésta se debe acatar y que «no procede» hablar de indultar a los condenados o de una Ley de Amnistía.
El ministro ha subrayado que «la Justicia actúa con rigor y templanza». «El sistema judicial ha tenido muy clara la idea de justicia y ha huido de cualquier presión de carácter político», ha expresado.
Fuentes del Gobierno han informado que el jefe del Ejecutivo llamará esta tarde a los líderes de los principales partidos nacionales con el fin de pedirles que se sitúen «del lado del Gobierno» en caso de que sea necesario actuar en Cataluña, para gestionar la reacción del independentismo a la sentencia.
JUNQUERAS, TRAS LA SENTENCIA: ESTO NO ES JUSTICIA, ES VENGANZA’
El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, líder de ERC, que ha sido condenado a 13 años de cárcel, ha reaccionado a la sentencia diciendo que «esto no es Justicia; es venganza».
Lo ha dicho en una conversación telefónica con su equipo de ERC tras publicarse el fallo.
Junqueras ha expresado que «sobre todo se condenan ellos mismos, porque, tardaremos más o menos: la independencia seguro que es inevitable», y ha pedido al independentismo no desfallecer.
TORRA AFIRMA QUE LA SENTENCIA ES ‘INJUSTA’ Y PIDE UNA REUNIÓN URGENTE CON EL REY Y SÁNCHEZ
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha rechazado la sentencia contra los impulsores del 1-O, en su nombre y en el del ‘govern’, la ha tachado de «injusta» y ha asegurado que forma parte de «un juicio político y de una causa general» contra el derecho a la autodeterminación y el independentismo.
Lo ha dicho en una declaración institucional en el Palacio de la Generalitat, en la que ha anunciado hoy mismo remitirá una carta al Rey y otra al presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedir reuniones urgentes con ellos para abordar la «crisis» que se abre con esta sentencia.
Torra también ha anunciado que ha pedido al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, comparecer ante el pleno de Cámara catalana y también una reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo para mañana por la mañana.
LOS CDR LLAMAN A UNA MOVILIZACIÓN PERMANENTE: ‘ES LA HORA DEL PUEBLO’
Los Comités de Defensa de la República (CDR) han llamado hoy a sumarse a una movilización permanente, tras la sentencia, y «a desafiar el régimen desde la base, allá donde hace más daño».
En un comunicado colgado en las redes sociales, han afirmado: «Ahora es la hora del pueblo. Ahora es la hora de la desobediencia».
A las 12.00 independentistas han cortado una decena de carreteras catalanas en diversos actos de protesta a la sentencia y hay unos 6.000 concentrados en Gerona ante la Delegación de la Generalitat.
Pasadas las dos de la tarde un grupo de manifestantes también ha ocupado las vías del AVE al sur de Gerona.
EL BARÇA: ‘LA PRISIÓN NO ES LA SOLUCIÓN’
El FC Barcelona ha emitido un comunicado de repulsa a la sentencia, en el que ha expresado que «la prisión no es la solución».
«Del mismo modo que la prisión preventiva no ayudó a resolver el conflicto, tampoco lo hará prisión dictada hoy, porque la cárcel no es la solución», reza el comunicado.
El club se define como una de las entidades de referencia de Cataluña, y dice que de acuerdo con su trayectoria histórica da su valoración a la sentencia desde la «defensa de la libertad de expresión y del derecho a decidir».
Afirma que «la resolución del conflicto que vive Cataluña pasa, exclusivamente, por el diálogo político».
«Por eso, ahora más que nunca, el club pide a todos los responsables políticos que lideren un proceso de diálogo y negociación para resolver este conflicto», añade.
Además, cree que dicho diálogo debe «permitir la liberación» de condenados.
Por último, manifiesta «todo su apoyo y solidaridad a las familias de los que son privados de su libertad».
Por su parte, el Espanyol, ha querido mostrar su «respeto» a las decisiones judiciales.
«Reiteramos nuestro respeto a las decisiones judiciales, así como lamentamos el sufrimiento que desgraciadamente determinadas situaciones procesales puedan generar a personas individuales, sus familias o los sentimientos colectivos», ha señalado en un comunicado, en el que ha alentado «a todos los poderes públicos a buscar soluciones políticas y democráticas por esta crisis social, por la vía del diálogo y dentro del marco legal y del más estricto respeto a la legalidad».
LAS REACCIONES POLÍTICAS
El líder del PP, Pablo Casado, ha expresado su respeto a la sentencia del ‘procés’ y ha exigido al jefe del Ejecutivo que se comprometa a no indultar a los condenados por sedición y malversación, de forma de se ponga al lado del Tribunal Supremo y no busque un «atajo político» dejando una puerta abierta para una posible investidura en el futuro.
«Desde el PP respetamos esta sentencia y además valoramos el trabajo de la Sala y, en especial de su presidente, Manuel Marchena«, ha manifestado en una entrevista en Antena 3.
Casado también ha mandado un «mensaje de tranquilidad» a todos los catalanes y los españoles en su conjunto porque, según ha insistido, «quién la hace la paga», y ha trasladado su apoyo al Gobierno para defender la legalidad.
Ha subrayado que ahora tienen que «poner las medidas para que esto no se revuelva» y «preservar el orden público a través de la legislación en vigor en caso de que hubiera algún tipo de insurrección, tal y como ha amenazado el presidente de la Generalitat y el presidente del Parlamento de Cataluña», Quim Torra y Roger Torrent, respectivamente».
Por otra parte, ha anunciado que si el PP logra llegar al Gobierno de España tras las elecciones del 10 de noviembre recuperará las transferencias de prisiones que ostenta el Gobierno de Cataluña con el objetivo de evitar «discrecionalidades» como las que, a su juicio, se pueden producir en la cárcel de Lledoners con los políticos independentistas presos al aplicar el tercer grado penitenciario.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha aplaudido la sentencia del ‘procés’.
En una rueda de prensa en el Congreso, ha destacado que «hoy se ha hecho justicia», y ha apuntado que van a exigir que no haya privilegios penitenciarios para ninguno de los condenados.
«Hoy hemos ganado los buenos y han perdido los que han querido quitarnos los pasaportes y nos han hecho sufrir», ha expresado Rivera.
El líder de Ciudadanos ha pedido este lunes al presidente del Gobierno que le convoque a una reunión, también con el líder del PP, para que los tres pacten cómo «garantizar la seguridad» tras la resolución y alcancen también un acuerdo para evitar que los «políticos delincuentes condenados» puedan obtener «beneficios penitenciarios» y ser indultados.
Además, Rivera ha garantizado que estará «al lado del Gobierno» si Sánchez entiende que «nunca más la solución es pactar con los nacionalistas», y ha subrayado que los condenados «tienen que cumplir hasta el último de sus días».
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado que queda claro por el consenso de los jueces del Supremo «que no hubo violencia» y que esta condena pasará a la historia «como símbolo» de que los conflictos políticos no se deben judicializar.
Y ha añadido que con esta sentencia «culmina una etapa crucial de un camino que nunca» se debió recorrer: «el camino de la judicialización de un conflicto político que debió haberse gestionado siempre por cauces políticos».
También ha señalado que a partir de ahora todo el mundo debe respetar la ley y asumir lo dictaminado por los magistrados y que toca «arremangarse y trabajar por reconstruir puentes entre una sociedad catalana dividida y entre parte de la sociedad catalana con la sociedad española».
Iglesias, que se ha hecho estas declaraciones en Facebook, también ha mandado un abrazo a los condenados del ‘procés’ y a sus familias, puesto que aunque discrepa absolutamente con ellos, ha podido comprobar en sus conversciones su calidad humana.
El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha anunciado que recurrirán la sentencia contra los líderes independentistas catalanes al considerar que está probado el delito de rebelión, que la formación, que ha ejercido la acusación popular, reclamaba para los líderes del ‘procés’.
Abascal y el secretario general de VOX Javier Ortega Smith, abogado de la acusación popular durante el proceso judicial, han comparecido en las inmediaciones del Supremo para analizar la sentencia.
La consideran «muy desafortunada» y «una vergüenza para España» y para el propio Tribunal Supremo. Según ha indicado Abascal, evidencia hasta qué punto el Estado es «incapaz» de defender el orden constitucional y la soberanía nacional ante unos hechos que ahora se resumen como «poco más que una algarada callejera».
El líder de VOX destaca que «hay un golpe de Estado vivo» en Cataluña, donde hay un gobierno «en rebeldía» que ha apostado por la vía eslovena y que, entre otras cosas, ha apoyado a unos «terroristas» que serán juzgados en la Audiencia Nacional tras haber sido detenidos con explosivos, en alusión a los CDR en prisión preventiva.
Por su parte, el coordinar federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha calificado las penas impuestas a los líderes independentistas de «sumamente desproporcionadas», y ha señalado que la prisión no facilitará la resolución del conflicto en Cataluña.
En un mensaje en Twitter, el líder de IU ha apuntado que «ahora hace falta diálogo, negociación y un proyecto de España» que seduzca también a los catalanes.
El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha considerado que esta sentencia supone una «derrota sin paliativos» del independentismo catalán en la vertiente de comisión de delitos.
«La justicia ha hablado (…) ha ganado el Estado de Derecho», ha evidenciado López quien, tras expresar el «pleno respeto» y «acatamiento» a la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ha destacado la victoria de la sociedad española respecto al independentismo, tanto en lo jurídico como en lo político.
López ha recordado que las sentencias están para ser cumplidas, por lo que ha reiterado la necesidad de respetar y acatar el fallo del Tribunal Supremo.
ASOCIACIONES DE JUECES Y FISCALES
La Asociación de Fiscales (AF) también ha expresado ante esta sentencia que «España es un Estado democrático donde la observancia de los derechos fundamentales es la piedra angular que informa todo nuestro sistema jurídico» y que la tramitación de esta causa, la celebración del juicio y su posterior sentencia «evidencian el sometimiento de nuestras instituciones a la legalidad».
Además, ha subrayado que es «deber de los demócratas» acatar el fallo.
En un comunicado tras conocerse la sentencia, esta asociación, que preside Cristina Dexeus, ha resaltado el trabajo de todos los participantes en este proceso (magistrados, fiscales y demás coadyuvantes de la Administración de Justicia) porque han demostrado «alta preparación» y un «escrupuloso respeto a los derechos y garantías de los procesados» que establecen las normas y la Constitución.
La AF felicita a nuestro sistema judicial, encarnado en este concreto caso por el Tribunal Supremo, por «haber demostrado, una vez más, que en cualquier controversia que al mismo se semote solo se tiene en cuenta el impero de la ley».
«Por ello, es deber de los demócratas su acatamiento, sin perjuicio de los recursos que pudieran proceder», concluye.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) también ha lanzado un comunicado en el que destaca que la sentencia dictada hoy es «la más clara expresión del adecuado funcionamiento del Estado de Derecho, de la fortaleza de nuestras instituciones y de la independencia del Poder Judicial en España, un Poder Judicial del máximo rigor jurídico, representado en este caso por la Sala Segunda del Tribunal Supremo».
Al mismo tiempo, esta asociación que preside Manuel Almenar, ha hecho un llamamiento a la «serenidad» y también ha recordado el obligado respeto y acatamiento a la sentencia, «consecuencia lógica de nuestro ordenamiento constitucional y de los principios básicos de cualquier Estado de Derecho».
Desde Foro Judicial Independiente (FJI) han señalado que «una vez más los órganos judiciales, en este caso el Tribunal Supremo, ponen de manifiesto a la ciudadanía que la Justicia funciona y todos los españoles somos iguales ante la Ley».
En un comunicado, esta asociación que preside Concepción Rodríguez, ha indicado que «la opinión pública ha podido constatar que el juicio se ha realizado en condiciones de máxima transparencia y con respeto a todos los derechos y garantía del debido proceso».
«Como expresaba Cicerón, para ser libres somos esclavos de la Ley, en un Estado social democrático y de derecho todos los ciudadanos tenemos la obligación de cumplir estrictamente el principio de legalidad», ha destacado.
FJI también ha recordado que las resoluciones judiciales deben ser «cumplidas por todos los ciudadanos sin excepción y que la sentencia de Tribunal Supremo es firme, ejecutiva y pone fin a la vía jurisdiccional, sin perjuicio de los recursos extraordinarios que se puedan interponer».
«Sin entrar en consideraciones jurídicas, debemos señalar que España es un Estado de derecho donde el poder Judicial ha cumplido una vez más y como no podía ser de otra manera la importante función que nuestra Constitución le asigna», ha sentenciado.
LA FGE VIGILARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS DE PRISIÓN DEL ‘PROCÉS’ Y RECURRIRÁ EN CASO DE QUE NO SE ACATEN
La Fiscalía General del Estado (FGE) vigilará el cumplimiento de las penas de prisión dictadas por el Supremo en el ‘caso procés’ y presentará los recursos oportunos en caso de que no esté de acuerdo con los regímenes penitenciarios que se impongan a los exdirigentes catalanes condenados.
Así lo ha advertido la fiscal general del Estado, María José Segarra, en una comparecencia pública, en la que se ha mostrado satisfecha con el resultado de la sentencia porque los hechos probados coinciden «en lo sustancial» con el relato que ha hecho el Ministerio Público.
Considera que en la resolución queda claro que «el delito de sedición puede incluir los fines de la rebelión, resaltando así la íntima relación entre ambas figuras delictivas».
Esto es porque, según ha subrayado, el Supremo «reconoce la existencia de episodios de violencia en el marco de una movilización ciudadana que se configuró como un alzamiento público y tumultuario que, en última instancia, perseguía la alteración del marco constitucional, que es el presupuesto para el ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales».
También ha destacado que el tribunal «reconoce el concierto de voluntades y el reparto de funciones entre la mayoría de los acusados», ya que «conforme a un plan descrito en distintas hojas de ruta anteriores, se produjo una actuación coordinada de miembros del ‘govern’, del Parlamento catalán y de los responsables de las organizaciones ANC y Omnium Cultural».
Además, ha incidido en que los condenados «pretendían impedir la vigencia de las leyes y el cumplimiento de las decisiones judiciales», con el objetivo de «alterar el orden institucional, cuya base no puede ser otra que la propia Constitución».
«Y para todo lo anterior, los acusados utilizaron recursos públicos de la ciudadanía, a sabiendas de la manifiesta ilegalidad de sus objetivos», ha apuntado.
Segarra ha valorado que el Supremo se haya mostrado «particularmente concluyente cuando desestima cualquier justificación de estas conductas basadas en un inexistente derecho a decidir o en una supuesta inviolabilidad parlamentaria que no puede amparar los actos que sirven como vehículo para desobedecer al Tribunal Constitucional».
«Una vez más, nos recuerda el Supremo que sin el respeto a la ley, no hay democracia», ha aseverado.
Además, Segarra ha aprovechado su comparecencia para reconocer y valorar el trabajo de los cuatro fiscales que han trabajado en este procedimiento, Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, de los que ha dicho que pueden estar «satisfechos» de su labor.
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