El magistrado de la Sala 3 del TS, César Tolosa, el Dr. Serafín Romero, el magistrado de la Sala 1 José Carlos López, Raquel Murillo, directora general de AMA; el presidente de AEDS Ricardo De Lorenzo y Ángel Luis Guirao del Ministerio de Sanidad.
El baremo de daños sanitarios, una demanda histórica que garantizaría la seguridad jurídica
Madrid acoge desde este jueves el XXVI Congreso de Derecho Sanitario
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18/10/2019 06:00
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Actualizado: 24/6/2020 14:24
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Con un taller debate sobre el baremo de daños sanitarios se ha iniciado este XXVI Congreso de Derecho Sanitario que organiza la Asociación Española de Derecho Sanitario y que concluirá este sábado en la capital de España.
En la mesa, que ha estado moderada por Raquel Murillo, directora general adjunta y directora del Ramo de Responsabilidad Civil de Agrupación Mutual Aseguradora (AMA), participaron José Carlos López, magistrado letrado del Gabinete Técnico de la Sala 1ª del Tribunal Supremo; Dr. Serafín Romero, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM).
Junto a ellos también fueron ponentes César Tolosa, magistrado de la Sala 3ª del Tribunal Supremo; y Ángel Luis Guirao, subdirector General de Recursos Humanos, Alta Inspección y Cohesión del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Los expertos coincidieron en que se trata de una medida que garantizaría la seguridad jurídica y establecería criterios de igualdad basados en aspectos técnicos y científicos, a partir de unas escalas pensadas para cada patología, que recogerían una puntuación en función de la gravedad y las secuelas.
Entre los beneficios que supondría el baremo destacaron el descenso de la litigiosidad y una mayor rapidez en la solución de los problemas indemnizatorios. Hasta el momento, debido a la ausencia de criterios únicos, era difícil que las partes pudieran llegar a acuerdos extrajudiciales.
Además, permitiría a las compañías de seguro fijar las provisiones por siniestro dentro de cada ejercicio y frenaría los incrementos de primas.
Jueces y tribunales utilizaban por analogía el baremo de accidentes de tráfico para identificar las secuelas y se establecía un régimen de puntos que tenía en cuenta la gravedad del problema y la edad de la persona afectada, pero había supuestos que no se contemplaban en este contexto.
“La aprobación de un baremo sanitario viene siendo reclamada por el sector desde hace años”, indicó Raquel Murillo, directora general adjunta y directora de RCP de AMA.
«Un baremo sanitario específico tendría muchas ventajas, entre otras, aumentaría la seguridad de los profesionales y reduciría la medicina ‘defensiva’ y la litigiosidad en el sector”.
Necesidad del baremo sanitario
Murillo indicó que, en el sector, “hasta la fecha se ha aplicado, de modo orientativo, el baremo de tráfico que ha tenido un efecto positivo, pero que no resuelve de forma completa los problemas que se presentan en al ámbito de la responsabilidad civil sanitaria”.
También explicó que “el daño sanitario presenta características que lo diferencian del daño corporal derivado de accidentes de tráfico».
«Cuestiones como el estado previo del paciente o la existencia de determinadas secuelas específicas justifican por sí mismas la necesidad de un baremo específico de daño sanitario”.
En relación con la oportunidad de aprobar ese nuevo sistema de valoración, Murillo entiende que “no ha existido hasta ahora el necesario consenso político y que sin duda su aprobación contribuiría a mejorar la situación y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario”.
Por su parte, el Dr. Romero, presidente del CGCOM, defendió la necesidad de un baremo de daños específico para el sector sanitario que cuantifique los efectos adversos en las intervenciones médicas y sanitarias y, considerando que todos los sectores implicados:
La Medicina, la Judicatura, Aseguramiento y pacientes vienen demandándolo desde hace más de 15 años, se preguntó “¿qué o quienes lo impiden?”.
Este experto explicó que, en la atención médica, por su alta complejidad, se producen numerosos incidentes conocidos como “efectos adversos”.
Errores que se cometen por hacer “algo incorrecto” o por “no hacer lo correcto”, pero otros “son consustanciales a los procesos de diagnóstico, a los tratamientos, a las intervenciones de prevención y a las de rehabilitación”.
Para este facultativo estos efectos adversos de las intervenciones médicas y sanitarias tienen, según las estimaciones disponibles, un impacto muy relevante sobre la salud, la organización de los servicios sanitarios y la economía.
Por ello “se trata de un problema prioritario de salud pública mundial” que ha conllevado un aumento de las actuaciones dirigidas a mejorar la seguridad del paciente”.
Por su parte, el magistrado de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, César Tolosa, subrayo que en la actualidad existe “falta de seguridad».
«En 2007 ya se dijo que el sistema de cuantificación de las indemnizaciones mostraba una preocupante anarquía, y a día de hoy, se sigue produciendo una enorme heterogeneidad en las decisiones judiciales, porque la fijación de las indemnizaciones está sometida a un alto grado de subjetividad judicial”.
Tolosa incidió en que la ausencia de un baremo específico a nivel sanitario “tiene efectos adversos, como compensación inadecuada, falta de predecibilidad y un importante incremento de la litigiosidad”.
Asimismo, el magistrado del Gabinete Técnico de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, José Carlos López apuntó que “la especificidad del daño sanitario justifica por sí misma un baremo”. Si bien, debería completarse “con una regulación integral de la responsabilidad civil sanitaria”.
También comentó que “el baremo sanitario no es la panacea y no todos los problemas de responsabilidad civil médico-sanitaria son indemnizatorios” y aseguró que “en cualquier caso hay que ser conscientes de sus límites, evitando ir más allá, porque podría bastar con un baremo que complemente al de tráfico”.
Para concluir, el subdirector general de Recursos Humanos, Alta Inspección y Cohesión del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Ángel Luis Guirao, subrayó que desde enero de 2018 el Ministerio lleva trabajando en un proyecto de Ley para la creación de un baremo sanitario.
“El anteproyecto está finalizado y solo hay discrepancia en dos artículos. Las tablas de valoración están terminadas a falta de que la comunidad científica las valide”, comentó Guirao, quien incidió en que “para su tramitación y publicación se requiere un Gobierno firme».
«No puede llevarse a cabo con un Ejecutivo en funciones y con las Cortes disueltas”.
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