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Pilar de Lara tratará de ‘agilizar’ el cierre de macrocausas antes de que el Supremo decida sobre su sanción, según dice su abogado

Al ser superior a los seis meses, conlleva un cambio forzado de destinoLa Comisión Disciplinaria del CGPJ le impuso en marzo, por unanimidad, por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales una sanción de 7 meses de suspensión de empleo y sueldo, que el pasado septiembre fue ratificada por el Pleno del CGPJ. Foto: EP
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La magistrada Pilar de Lara Cifuentes, titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, tratará de «agilizar» al máximo el cierre de las macrocausas que instruye antes de que el Tribunal Supremo decida sobre la sanción de 7 meses y un día de suspensión de funciones que le impuso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha ratificado el Pleno del órgano de gobierno de los jueces, y que al ser superior a los seis meses conlleva un cambio forzado de destino.

Así lo ha señalado el abogado de Pilar de Lara, el magistrado en excedencia Agustín Azparren, exvocal del CGPJ y miembro de la Comisión Disciplinaria del CGPJ entre 2001 y 2007.

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De Lara instruye macrocausas como la Carioca, sobre redes de prostitución; la Pokémon, sobre supuestas mordidas a políticos a cambio de concesiones públicas, que comenzó a investigarse en 2012; o el caso O Garañón -iniciada hace unos ocho años-, también sobre presunta corrupción.

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El pasado 8 de octubre, la magistrada recibió en su despacho la comunicación oficial de la suspensión.

Según ha informado su abogado, al acelerar las instrucciones busca concluirlas antes de que el Supremo decida sobre si se ejecuta la sanción o finalmente se suspende dicha ejecución hasta que tome una decisión final el Alto Tribunal sobre dicho castigo.

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Azparren ha indicado que «lo primero es comunicar la interposición del recurso donde se solicitan las medidas cautelares de suspensión de la ejecución para lo que el Tribunal Supremo suele tardar un mes».

Ha apuntado que «lo normal es agotar los plazos», con lo que no interpondrán recurso hasta agotarlo, que es el «nueve o diez» de diciembre, que finalmente será el 10 al ser festivo el 9.

Azparren ha indicado que De Lara «está viendo la dificultad de si se la suspende definitivamente si no se acuerda la suspensión de la ejecución», por lo que ha abundado que «cuanto menos queden pendientes las macrocausas, mejor».

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«Vamos a intentar acabar todo lo que tenga y para eso tenemos este margen de tiempo (que se iría hasta enero del próximo año una vez interpuesto recurso de suspensión de ejecución de la sanción)», ha explicado.

Asimismo, ha apuntado que esta situación no conduce a una «nulidad» de las múltiples causas que lleva De Lara.

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«Es un tema claro, el Tribunal Constitucional lo declaró hace tiempo, que no se podían ejecutar las sanciones hasta que no se resolviera sobre la ejecución», ha añadido.

LA SANCIÓN FUE IMPUESTA EL PASADO 27 DE MARZO, Y RATIFICADA EL 26 DE SEPTIEMBRE

Esta sanción de 7 meses y un día de suspensión de funciones fue impuesta a De Lara el pasado 27 de marzo por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales.

Fue acordada por unanimidad por los vocales de la Comisión Disciplinaria del CGPJEra la sanción propuesta por el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde.

De Lara la recurrió en alzada al Pleno del CGPJ, y éste ratificó la sanción el pasado 26 de septiembre.

HA CERRADO LA INSTRUCCIÓN O GARAÑÓN

Un día antes del Pleno del CGPJ, De Lara comunicó el auto que concluye la investigación por supuestas irregularidades en el desarrollo urbanístico de O Garañón, en Lugo, y ordenó abrir procedimiento abreviado contra el exalcalde de la ciudad José López Orozco y contra el que era entonces concejal de Urbanismo, el expresidente de la Diputación de Lugo José Ramón Gómez Besteiro, entre otros implicados.

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LA FISCALÍA DE LUGO PIDE LA REAPERTURA DE UNA CAUSA PARA INVESTIGAR LAS FILTRACIONES DEL JUZGADO DE PILAR DE LARA

Como ha informado hoy Confilegal, la fiscal María Vázquez Gómez ha informado positivamente al titular del Juzgado de Instrucción 3 de Lugo, Sergio Orduña Alonso, para que reabra una causa archivada provisionalmente en 2015 e investigue la veracidad del contenido de tres conversaciones que figuran en dos memorias USB que fueron aportadas por el director de Confilegal, Carlos Berbell, a la Fiscalía General del Estado (FGE) a principios de octubre.

Fueron recibidas en la redacción de este periódico, de forma anónima, los pasados 23 y 26 de septiembre.

Ambas contenían lo mismo: tres audios correspondientes a tres conversaciones distintas que juntas suman 2 horas  y 15 minutos, las correspondientes transcripciones y una foto digital de mala calidad que recoge a las dos personas que conversan: el empresario de Lugo Miguel García Gesto y el delegado de La Voz de Galicia en esa ciudad, Miguel Cabana.