La modificación de la duración del permiso de paternidad del que disfrutan los miembros de la Carrera Judicial supone pasar progresivamente de las cinco semanas actuales a las 16 marcadas por ley; esto es 8 semanas en 2019, 12 en 2020 y 16 en 2021. Foto: Carlos Berbell.
El CGPJ plantea reforzar 5 juzgados de lo Social para reducir los costes por despido
Se trata de los Juzgados de lo Social de Barcelona, Málaga, Elche, Almería y el Juzgado de lo Social número 1 de Benidorm
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22/11/2019 12:24
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Actualizado: 22/11/2019 13:27
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El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha planteado al ógano de gobierno de los jueces la necesidad de articulación de un «plan extraordinario de urgencia» en aquellos juzgados de lo Social que acumulan mayor número de procesos de despido pendientes de resolver para reducir el coste del Estado en salarios de tramitación, tras constatar un importante aumento de este tipo de asuntos que incide de forma directa en los plazos de resolución.
Se trata de los Juzgados de lo Social de Barcelona, Málaga, Elche, Almería y el Juzgado de lo Social número 1 de Benidorm.
La Comisión Permanente del CGPJ acordó ayer darse por enterado de cada uno de los informes del Servicio de Inspección sobre la necesidad de poner en marcha este plan que resuelva la situación de los citados juzgados, y lo ha comunicado a Justicia a los efectos oportunos.
Para poner en marcha este plan, señala la Inspección, se precisa que el Ministerio de Justicia y, en su caso, las Consejerías de las Comunidades Autónomas correspondientes con las competencias transferidas -Cataluña, Andalucía, y la Comunidad Valenciana- provean «de los medios personales y materiales que sean precisos para el normal desarrollo de la medida de refuerzo».
La propuesta tiene su origen en el repunte de la acumulación de causas por despido que comenzó a registrarse en 2017 y ha sufrido un repunte «especialmente significativo» a lo largo de este año, según publica Europa Press.
Esto origina que el tiempo de respuesta a estos asuntos supere los 90 días hábiles (18 semanas), límite temporal a partir del cual el Estado pude tener que pagar salarios de tramitación a los ciudadanos que han resultado despedidos y han acudido a la Justicia.
MÁS DESPIDOS EN TIEMPOS DE CRISIS
El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial detalla que la crisis económica que tuvo su inicio en 2008 ya provocó un importante aumento del número de despidos que dio lugar a que los tiempos de respuesta de los juzgados de lo social se incrementasen de manera proporcional, pasando de resolver este tipo de pleitos en 2 meses antes de 2008 a un 1 año en el periodo 2011-2014.
Indica que un año después, en 2015, el tiempo de respuesta empezó a reducirse como consecuencia del descenso del nivel de entrada de asuntos.
Sin embargo, dice que desde el año 2017 se está produciendo de nuevo un incremento progresivo que ha sido especialmente significativo a lo largo de estos últimos meses, llegándose a producir una elevación del número de procesos de despido del 10% «respecto del ya alto nivel de entrada del año anterior».
De dichos datos se desprende que las provincias que tienen superior nivel de entrada de demandas de despido son, de mayor a menor: Madrid, Barcelona, Valencia, Las Palmas, Alicante, Málaga y Sevilla.
JUZGADOS AFECTADOS
El Servicio de Inspección del Consejo considera que los órganos a reforzar deberían determinarse siguiendo el criterio de mayor pendencia de asuntos de despido, y tomando como referencia aquellos juzgados en que esa pendencia sea superior a 200 asuntos.
En un primer grupo para reforzar estarían los juzgados con más de 250 demandas de despido pendientes a 30 de septiembre de 2019, que son un total de 24 en Barcelona y 11 en Sevilla.
Le seguiría un segundo grupo con 4 juzgados de Almería, 2 de Elche (Alicante), 3 de Gerona, 4 de Santa Cruz de Tenerife y dos de Toledo; y un tercero integrado por cuatro Juzgados de Alicante capital, uno de Benidorm (Alicante), uno de Ibiza, dos de Huelva, dos de Jerez de la Frontera (Cádiz), cinco de las Palmas de Gran Canaria, uno de Mälaga y otro de Reus (Tarragona).
El objetivo de la medida de refuerzo, según el mismo informe, no es que los jueces de refuerzo dicten 75 o 60 sentencias mensuales, sino que cada equipo «concluya definitivamente -ya sea por decreto, auto o sentencia- un mínimo de 60 asuntos mensuales.
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