La Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir del próximo lunes a un policía nacional, Carlos G. G., acusado de facilitar información a los miembros de una banda criminal cuando trataban de introducir droga en España.
La Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel por un supuesto delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos.
Será juzgado por un tribunal de la Sección Cuarta.
El juicio comienza a las diez y media.
Según señala en el escrito de acusación, como consecuencia de la ‘Operación Agua Dulce’ de la Sección Greco-Galicia del Cuerpo Nacional de Policía entorno a una organización criminal que estaba tratando de introducir sustancias estupefacientes en España, «se pudo determinar que el acusado, siendo funcionario de la escala básica del Cuerpo Nacional de Policía, segunda categoría», destinado en la fecha de los hechos en la Secretaría de la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado (UDYCO Central)», proporcionaba información a los miembros de dicha organización, investigada en las diligencias previas 137/2012 del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, “en detrimento de las funciones de investigación encomendadas al Cuerpo Nacional de Policía” y por motivos “totalmente ajenos” al ejercicio de su función.
La Fiscalía alude a tres intervenciones.
Según explica, la primera se produjo entre el 24 y el 29 de mayo de 2013, cuando «el acusado comunicó a los miembros de la organización criminal investigada que la policía tenía controlado un barco cargado de cocaína en alta mar, información que conoció tras proceder al registro de entrada en la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado (UDYCO Central) de un FAX» remitido por la Administración para el Control de Droga (DEA en sus siglas en inglés) en el que se indicaba dicho extremo.
Añade que la segunda tuvo lugar el 10 de junio de 2013, entre las 19:19 y las 19:34 horas, al realizar “numerosas” consultas en las aplicaciones ‘ADEXTTRA’ (bases de datos de extranjería del CNP), ‘ATLAS’ (bases de datos reseñas y búsquedas policiales de personas), y ‘SIDENPOL’ (base de datos de denuncias) relativas al «contenido de atestados y de todo tipo de datos personales y familiares de N. R. L. y facilitó la información a los miembros de la organización criminal investigada».
Indica que la última tuvo lugar el 20 de junio de 2013, entre las 19:55 y las 20:10 horas, tras efectuar varias consultas en las mismas aplicaciones relativas al «contenido de atestados y de todo tipo de datos personales y familiares de C. G. R. y facilitó la información a los miembros de la organización criminal investigada».
La Fiscalía manifiesta que los hechos narrados son constitutivos de un supuesto delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos de los artículos 197.2, 198 y 74 del Código Penal.
Además de cuatro años de prisión, pide que se le imponga una multa de 5.760 euros (8 euros durante 24 meses), e inhabilitación absoluta por un periodo de 8 años.
