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Comienza el juicio a la antigua cúpula de Pescanova por maquillar las cuentas

La Fiscalía pide 28 años de cárcel para el expresidente y una multa superior a los 22 millones de eurosEn el banquillo se sientan Manuel Fernández de Sousa, expresidente de Pescanova (en la imagen); su hijo Pablo Javier Fernández Andrade; y otros 17 acusados. Foto: Carlos Berbell
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La Audiencia Nacional (AN) comienza a juzgar hoy a la antigua cúpula de Pescanova por presuntamente maquillar las cuentas de la compañía.

Se sentarán en el banquillo el expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa; su hijo Pablo Javier Fernández Andrade; y otras 17 personas acusadas de maquillar los estados financieros de la compañía entre 2009 y 2012 con el objetivo de ocultar las pérdidas millonarias que la acabaron abocando a un concurso de acreedores.

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Hace ya casi siete años de la quiebra de la compañía.

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La Fiscalía pide 28 años de cárcel para el expresidente de Pescanova y una multa superior a los 22 millones euros.

Para su hijo reclama 13 años y medio de prisión y una multa de 504.000 euros; y para el exconsejero delegado Alfonso Paz Andrade, 12 años y seis meses de cárcel y más de 5 millones de euros de una multa.

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Para la empresa matriz, pide una multa superior a los 348 millones de euros.

La auditora BDO, por su parte, afronta 45 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, y subsidiariamente respecto de su socio auditor Santiago Sañé Figueras, 161 millones de euros.

El caso será juzgado por un tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la AN.

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Se prevén más de 30 sesiones y que el juicio quede visto para sentencia el 26 de marzo de 2020.

LA INVESTIGACIÓN COMENZÓ EN 2013

La investigación comenzó en 2013, y ha corrido a cargo del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, el magistrado José De La Mata.

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Cerró las pesquisas en junio de 2018 y propuso juzgar a 19 exaltos cargos de la pesquera y a 12 sociedades por supuestos delitos de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, falsedad en documento mercantil, estafa, insolvencia punible, alzamiento de bienes, delito de uso de información privilegiada y de impedimento de la actuación del organismo supervisor.

Según señala la Fiscalía en su escrito de acusación, entre 2007 y 2012 el Grupo Pescanova desarrolló un intenso plan de inversiones por un importe bruto de 833.832.000 euros con el fin de expandir su negocio de acuicultura de langostino, salmón y rodaballo, principalmente localizado en Ecuador, Centroamérica, el Cono Sur, Galicia y Portugal, «cuyas expectativas no pueden materializarse rápidamente».

Indica que en un principio esas inversiones se financiaban en su mayor parte mediante créditos del propio Grupo a las sociedades correspondientes, pero que posteriormente, especialmente a partir del año 2010, ante la insuficiencia de los flujos internos de caja se empezó a incrementar significativamente la financiación bancaria, que hizo que fuera aumentando el nivel de endeudamiento de Pescanova.

Por ello, señala el fiscal, el Grupo dirigido por Fernández de Sousa-Faro acudió a mecanismos alternativos de financiación con vencimiento a corto plazo, que generó tales gastos financieros que necesitaban ser financiados de nuevo mediante «un mecanismo piramidal insostenible», que hacía crecer las deudas.

‘SOCIEDADES SIN PERSONAL, RECURSOS NI INSTALACIONES’

Explica que para sortear esa situación y seguir obteniendo financiación externa, los acusados, desde sus diferentes ámbitos de gestión, responsabilidad y decisión, «y siempre bajo el control último del presidente» decidieron conjuntamente ejecutar determinadas prácticas comerciales irregulares que agravaban la situación financiera y patrimonial de la empresa.

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Según señala, entre otras cosas, los acusados utilizaron desde 2007 una red de sociedades instrumentales, «sin personal, recursos, ni instalaciones, radicadas en despachos profesionales o centros de negocios» con el objetivo de «registrar operaciones comerciales irreales con el Grupo Pescanova».

También destaca que con el fin de que las consecuencias económicas derivadas de esas operaciones irregulares no aflorasen en la contabilidad de Pescanova, ni en sus cuentas anuales, ni en los informes y documentos que estaban obligados a presentar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los acusados decidieron elaborar sus estados financieros «ocultando el importe real de su deuda bancaria y, por ende, su verdadera situación de insolvencia.

BENEFICIOS DE 15 MILLONES MIENTRAS PERDÍAN 223

Según explicaba De La Mata en su auto de apertura de juicio oral, las cuentas anuales de la pesquera en 2010 y 2011 no se correspondían con la realidad de la situación económica y financiera de la sociedad y su grupo.

Por ejercicios, en 2010 el grupo declaró un resultado de 15.448.000 euros, cuando en realidad el importe real era de -222.910.000 euros, mientras que al año siguiente, se declararon unos beneficios superiores a los 16 millones de euros aunque las pérdidas rondaban los 300.000 euros.

Respecto a la operativa de ampliación de capital de la ‘vieja’ Pescanova, la Fiscalía apunta que en 2012 el Consejo de Administración de la pesquera aprobó la emisión de 9.290.464 nuevas acciones por cerca de 125 millones de euros ofreciendo una información en el folleto de emisión que «omitía el importe real de su deuda financiera, de manera que las mismas no reflejaban su situación de insolvencia».

Un año después, la multinacional suspendió la cotización el Bolsa, tras detectarse irregularidades en su contabilidad.

Ese fue el punto de inicio de un largo proceso, que ha incluido un concurso de acreedores, y que ha desembocado en la refundación de la empresa, ahora en manos de la banca como Nueva Pescanova.