La Fiscalía Provincial de Madrid pide cuatro años de prisión para la viuda del empresario guipuzcoano Enrique Sarasola Lerchundi, Cecilia Marulanda Ramírez, y para sus hijos Fernando y Enrique Sarasola Maralund por un supuesto delito contra la Hacienda Pública relativo en el caso de la viuda al Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2002, y en el caso de los hijos al Impuesto de Sucesiones.
También pide que se imponga una multa de 10 millones de euros a Cecilia Marulanda, y de cuatro millones a cada hijo.
En concepto de responsabilidad civil reclama a Cecilia Marulanda 2.379.758,53 euros, y 916.452,10 euros a cada hijo.
El caso será juzgado en la Audiencia Provincial de Madrid.
Todavía no se ha fijado una fecha para el juicio.
Según relata la Fiscalía en su escrito de acusación, hasta el 2 de noviembre de 2012, fecha en que falleció Enrique Sarasola Lerchundi, la sociedad Hipódromos y Caballos, domiciliada en Madrid y cuyo patrimonio neto declarado en el 2001 ascendía a un total de 26.354.560,29 euros, pertenecía al fallecido y a sus dos hijos en las siguientes cuotas de participación: el 32,24 % de las acciones a Enrique Sarasola Lerchundi; el 13,80% a cada uno de sus hijos Fernando y Enrique, y el 40,04% a la sociedad Azulintas BV, domiciliada en Holanda, la cual está participada al 100% por la sociedad Scoupe International N.V., domiciliada en Curacao (Antillas Holandesas).
Indica que esta mercantil, a su vez, pertenecía en última instancia a Enrique Sarasoola Lerchundi y a Cecilia Marulanda Ramírez, casados en régimen de gananciales.
El Ministerio Público afirma que a través de esta estructura “opaca” compuesta por dos sociedades holandesas, la familia Sarasola detentaba el cien por cien de las acciones de Hipódromos y Caballos, al ser ambos las personas que en última instancia eran propietarios de Azulintas BV.
Indica que Enrique Sarasola Lerchundi antes de fallecer dispuso que el certificado de las acciones al portador de Scoupe Internaional NV se quedara bajo la custodia de la Fundación Lyonmar, fundación panameña constituida a instancias suyas por la madre de la viuda y abuela de los hijos, “con el fin de ocultar parte de su patrimonio y de articular el traspaso de sus activos a sus herederos a su muerte”.
Dispuso que a su fallecimiento el protectorado de dicha fundación, que hasta entonces era ejercido por él a través de Ficavi Holding SA, pasara a estar compuesto por su esposa y dos hijos, quienes podían así disponer libremente de todos los bienes y activos de la Fundación, entre los que se encuentran las acciones de Hipódromos y caballos SA titularidad de Azulintas- Scoupe.International NV.
El Ministerio Público explica que a su fallecimiento, sus hijos Fernando y Enrique pasaron a ser propietarios de la mitad de ese 40,04% que correspondía a su padre de participación en Hipódromos y Caballos SA a través de la estructura Azulintas-Scoupe Internarional NV, cuyo valor neto ascendía para cada uno a 2.661.810,59 euros.
El fiscal sostiene que “ninguno de los acusados declaró la adquisición de estas acciones a título de herencia en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, habiendo ambos renunciado formalmente a la herencia de su padre en territorio español”.
Afirma que Cecilia Marulanda Ramírez no declaró en su IRPF de 2002 la mitad que le correspondía de ese 40,04% de participación en Hipódromos y Caballos a través de la citada estructura Azulintas- Scoupe, y cuyo valor neto ascendía a 5.323.621,18 euros.
Detalla que las cuotas supuestamente defraudadas a la Hacienda Pública ascienden a 916.452,10 euros en el Impuesto de Sucesiones por cada uno de los hijos del fallecido, mientras que la cuota supuestamente defraudada a la Hacienda Pública por Cecilia Marulanda Ramírez en su IRPF, a 2.379.758,53 euros.
