El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha sido citado a declarar como querellado el próximo 16 de enero por el Juzgado de Instrucción Número 4 de Fuenlabrada tras ser acusado por el Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso de presunta prevaricación, malversación, delito contra la propiedad intelectual y coacciones.
La querella presentada por el Instituto Alicia Alonso, con el que la URJC tiene desde 2001 un convenio de colaboración, ha sido admitida a trámite, lo que conlleva que los querellantes y los querellados sean llamados a declarar, según el diario ‘Público’.
Entre ellos, se cita al actual rector de la universidad madrileña.
Por su parte, el director del Instituto Alicia Alonso, Alberto García, ha precisado que la querella, dirigida contra el rector y contra la institución, apunta a delitos de prevaricación, malversación, contra la propiedad intelectual y coacciones.
Según relata, el rector comunicó, el 24 de julio, su voluntad de rescindir el convenio a la finalización del curso 19/20, garantizando la continuidad de todas las actividades en curso hasta su finalización.
Sin embargo, siempre según García, el 14 de octubre el rector «se desdice», al comunicar al Instituto la ruptura de las relaciones a partir del 1 de noviembre.
Tres semanas de huelga
En este momento, los estudiantes inician tres semanas de huelga, ya que al asumir la URJC su formación y dejar de ser alumnos del Instituto Alicia Alonso, veían «peligrar» sus prácticas en teatros, además de sus calificaciones, ya que se «anulaban las que ya habían obtenido».
Tal y como explicó el rector en el consejero de Gobierno de la universidad, el 25 de octubre se interpone recurso contencioso-administrativo, por parte de la Fundación de Danza Alicia Alonso, contra la resolución en el que solicita la suspensión.
En 28 de octubre se dicta auto otorgando la medida cautelarísima de suspensión de la ejecutividad de la resolución impugnada.
«Se nos notifica el 31 el auto modificando la medida cautelar en el sentido de mantener la dotación económica y confirmando la anterior suspensión».
«Tras estudiar la nueva situación, el 8 de noviembre se interpone recurso de reposición contra el anterior auto que está pendiente de resolución y, a la vez, se inicia el procedimiento de cumplimiento del Auto en lo referente a la dotación económica», explicó el rector.
Sin embargo, dicho pago, cuya cantidad asciende a 960.000 euros, según García, de los cuales 500.000 euros corresponden a las matriculaciones, no se ha efectuado, con lo que el personal del instituto no ha cobrado los sueldos de septiembre, octubre y noviembre, lo que García califica de «coacción».
Por otro lado, cree que el rector y la universidad podría haber incurrido en «malversación» al haber procedido a llevar a cabo una «contratación irregular de profesores que debían sustituir a los del Instituto Alicia Alonso».
A este respecto, ha explicado que la irregularidad consistiría en que dicha contratación iría en contra de la «memoria verificada», que recoge que el 87 por ciento de las asignaturas y las horas corresponden al Instituto Alicia Alonso, por lo que el rector optó por la contratación de los profesores por vía de urgencia.
Además, intentaría modificar la «memoria verificada», que está registrada con propiedad intelectual, según García.
García ha denunciado también que la universidad tiene bloqueados los fondos del Instituto y ha acusado al rector de «chantaje» y de actuar con «mala fe».
El conflicto afecta a 32 profesores del Instituto y a 400 alumnos, 300 de grado y 100 de titulaciones superiores.
Indignación
Por su parte, el rector de la URJC manifestó en el seno del Consejo de Gobierno su malestar por esta situación.
«Estoy indignado. Indignado porque se lleve, otra vez, el nombre de la universidad a los tribunales y a los medios, sin causa justa».
«Indignado por llevar al rector, no a Javier Ramos, esto es, por llevar a la universidad otra vez a la picota, por intereses particulares», lanzó en el órgano de gobierno de la universidad.
También censuró los intentos de «manipular la verdad, en notas de difusión masiva, pretendiendo dejar las cosas como estaban sin importar ni la calidad de los estudios, ni la experiencia del alumno, ni el nombre y reputación de la Universidad Rey Juan Carlos».
«Iré (a declarar), no solo por mi obligación de atender los llamados de la justicia, sino por la tranquilidad que me da el estar defendiendo que no todo vale, que el dinero público es sagrado, que los negocios particulares son eso, particulares y, por tanto, no tienen cabida entre los muros pagados con los impuestos de todos los ciudadanos», espetó Ramos.
