La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, defendió ayer la creación de un derecho penal internacional del medio ambiente y la creación de un tribunal supranacional que castigue a los responsables de los delitos contra el medio ambiente a nivel internacional, conocidos como «ecocidios».
Fue durante su intervención en la apertura de las mesas redondas sobre el Cambio Climático que tuvo lugar en la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP25) que hoy llega a su fin en Madrid.
“Si hemos aceptado que la sanción a las más graves violaciones de los derechos humanos no puede quedar a expensas de la voluntad o la eficacia del sistema judicial de un país, los atentados más graves contra el ecosistema han dejado de ser un asunto nacional para convertirse en una materia de gobernanza global”, subrayó la ministra.
Delgado recordó que el delito medioambiental está previsto en el Código Penal español.
«Pero tenemos que trascender la regulación y establecer un Convenio Internacional multilateral que recoja todas las agresiones al medio ambiente, que recoja la realidad de lo que es ya un problema medioambiental, porque tenemos una emergencia medioambiental», dijo.
La ministra indicó que tanto la Corte Penal Internacional, que se rige por el Estatuto de Roma, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos “nacen de convenios internacionales que no incluyen disposición alguna relativa al derecho al medio ambiente o a su protección”, por lo que los procesos medioambientales quedan circunscritos a los órganos jurisdiccionales de cada país.
SANCIONES
En el curso de su intervención hizo especial hincapié en un aspecto muy importante: las sanciones a imponer.
«Estamos hablando de la perspectiva coercitiva de la normativa medioambiental. El drama climático trasciende las fronteras. Es un problema global y universal. Y necesitamos herramientas universales, compromisos universales y sanciones universales«, añadió.
«Sigue pendiente la tarea de construir un sólido vínculo entre los derechos humanos y el ecosistema, e integrar su protección en el sistema internacional de defensa y salvaguarda de esos derechos humanos”, remachó.
El pasado mes de noviembre, el Papa Francisco I posicionó públicamente a la Iglesia apoyando que el «ecocidio», los delitos contra el medio ambiente, sea considerado un nuevo crimen contra la Humanidad y la paz y que sea incluido como tal en el Estatuto de Roma.
El término ecocidio fue utilizado por primera vez en la historia por el asesinado primer ministro sueco Olof Palme, a principios de los años 70, en referencia al daño medioambiental llevado a cabo durante la guerra de Vietnam.
Formó parte, como delito, del borrador del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, a principios de los años 90, pero fue suprimido del texto final por presiones de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Holanda.
Es el documento rector que establece los crímenes internacionales existentes, que son: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Ha sido suscrito por 122 naciones.
Junto a la ministra, en el acto participaron el fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo Antonio Vercher.
Acto seguido comenzaron los coloquios con la presencia de los fiscales de Medio Ambiente españoles Álvaro García y Antonio Pelegrín, y sus colegas Luis Esteves (Brasil) y Rob de Rijck (Holanda) que, junto Horst Büther (Alemania), miembro de la Red Europea para la Implementación y Aplicación del Derecho Ambiental (IMPEL) debatieron sobre la perspectiva jurídica de la contaminación urbana, la provocada por los grandes buques de pasajeros o los incendios forestales.
