Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de UPyD en la delegación de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, ha instado al Ejecutivo comunitario a “actuar como un auténtico guardián de los Tratados” con el objetivo de “preservar el Estado de derecho democrático en Polonia”.
Pagazaurtundúa lanzó ayer un comunicado en el que critica la respuesta de la Comisión Europea sobre las «reformas ilegales» que ha emprendido el gobierno polaco para «controlar» la Justicia.
Se ha referido en concreto a su posición sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación a las disposiciones que establecen una edad de jubilación para los jueces y fiscales distinta según seas hombre o mujer.
“La Comisión no actúa con suficiente determinación cuando asegura que «toma nota» para luego añadir que «está lista para apoyar al gobierno polaco y así continuar las discusiones sobre los asuntos pendientes relacionados con el Estado de Derecho en Polonia»”, lamenta la eurodiputada.
Afirma que “su respuesta dista mucho de lo que esperamos ante una situación objetivamente grave” porque para la vicepresidenta de LIBE, “el Gobierno de Polonia reta una y otra vez a las instituciones comunitarias cuando anuncia que no cumplirá con la sentencia del TJUE».
Pagazaurtundúa subraya que “el Estado de derecho democrático está siendo atacado porque los valores de los Tratados y de la Carta de Derechos Fundamentales no son compartidos por el actual Gobierno polaco”, y urge a la Comisión Europea a actuar «con contundencia la «grave vulneración del Estado de derecho democrático en Polonia».
La eurodiputada se comprometió la semana pasada con jueces y fiscales polacos a denunciar ante las instituciones europeas “la grave vulneración de la separación de poderes”.
Informa que se reunió con jueces y fiscales «perseguidos por el régimen polaco»: el juez Dariusz Mazur, portavoz de la asociación de jueces Themis; el juez Waldemar Żurek, exportavoz del Consejo Nacional Judicial (KRS); el fiscal Krzysztof Parchimowicz, de la dirección de la asociación de fiscales Lex Super Omnia; y la fiscal Ewa Wrzosek, «una de las mujeres fiscales más perseguidas en Polonia por el régimen ultranacionalista».
El TJUE HA DECLARADO ILEGAL LA LEY DE POLONIA QUE FIJA UNA EDAD DE JUBILACIÓN DE JUECES DISTINTA PARA HOMBRES Y MUJERES
A principios de noviembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal la reforma impulsada por el Gobierno polaco hace dos años en la estableció una edad de jubilación para jueces de tribunales ordinarios y fiscales diferente para hombres y mujeres.
También sentenció que Varsovia ha violado el Derecho de la UE al reducir la edad de jubilación de los jueces de tribunales ordinarios y atribuir al ministro de Justicia la facultad para prorrogar el periodo de actividad de dichos magistrados.
El TJUE estimó el recurso interpuesto por la Comisión Europea contra Varsovia y declaró que Polonia ha incumplido las obligaciones que le impone la legislación comunitaria.
La reforma, aprobada en julio de 2017, redujo la edad de jubilación de fiscales y jueces de tribunales ordinarios, así como la edad de jubilación anticipada de los jueces del Tribunal Supremo polaco a 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres, edades que anteriormente estaban fijadas para ambos sexos en 67 años.
En España la jubilación es a los 72 años.
Además, esa ley atribuyó al ministro de Justicia la capacidad de prorrogar el periodo de actividad de los jueces de tribunales ordinariosuna vez que alcanzaran las nuevas edades de jubilación fijadas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que esta ley polaca «introdujo condiciones directamente discriminatorias por razón de sexo» al establecer edades de jubilación diferentes para hombres y mujeres.
El TJUE también concluyó que la reducción de edad ordinaria de jubilación de los jueces combinada con la nueva facultad del ministro de Justicia para autorizar las prórrogas «viola el principio de inamovilidad» de los jueces.
Esta combinación, explicó, plantea dudas «legítimas» porque «podría tener en realidad la finalidad de permitir al ministro apartar a determinados grupos de jueces una vez alcancen la nueva edad ordinaria de jubilación» y «simultáneamente mantener en el cargo a otra parte de ellos».
En junio, el TJUE ya había dictaminado que la polémica reforma viola los principios de inamovilidad del juez y de independencia judicial.
La Justicia europea argumentó entonces que todos los Estados miembros tienen la obligación de garantizar que sus órganos jurisdiccionales que formen parte de sus sistema de vías de recurso cumplan con las exigencias de la tutela judicial efectiva y, para asegurar dicha tutela, «resulta primordial preservar su independencia».
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