Polonia podría ser expulsada de la UE por su reforma judicial, alerta el Tribunal Supremo polaco
El Tribunal Supremo de Polonia, en Varsovia. Foto: EP

Polonia podría ser expulsada de la UE por su reforma judicial, alerta el Tribunal Supremo polaco

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18/12/2019 00:00
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Actualizado: 18/12/2019 00:00
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El partido gobernante en Polonia, Ley y Justicia (PiS), pretende sacar adelante un proyecto de ley que permitiría destituir a los jueces que critiquen abiertamente su reforma judicial, una medida que si sale adelante podría suponer que el país sea expulsado de la Unión Europea, según ha avisado el Tribunal Supremo polaco.

Este proyecto de ley, que debatirá esta semana en la Cámara Baja de Polonia, aumentaría la responsabilidad disciplinaria de los jueces de un modo similar a la ley marcial vigente durante el régimen comunista.

El PiS quiere introducir sanciones disciplinarias para los jueces, incluido el despido, por cuestionar la legalidad de los nombramientos judiciales, algo habitual en los últimos meses por la gran contestación que ha tenido la reforma judicial del Gobierno polaco.

«Infringe numerosas provisiones de la Constitución, así como las normas y estándares del Derecho Comunitario«, señaló ayer en una rueda de prensa Michal Laskowski, portavoz del Alto Tribunal polaco.

El Supremo polaco ha destacado en un comunicado que «la evidente vulneración del derecho comunitario llevaría con toda probabilidad a una intervención de las instituciones de la UE al entender que existe una infracción de los tratados europeos, lo que a largo plazo podría conducir a que Polonia deba abandonar la Unión Europea».

Además, ayer denunció en una resolución que las sanciones disciplinarias podrían usarse para cesar a los jueces y magistrados que expresen opiniones contrarias a la mayoría gobernante.

El presidente de Polonia, Andrzej Duda. Foto: EP

El Tribunal Supremo de Polonia también ha sentenciado recientemente que el nuevo órgano disciplinario impulsado por el PiS no puede ser considerado como un tribunal e insta a los jueces integrantes de la misma a no emitir más sentencias.

Establece que el órgano que recomienda a la presidencia los candidatos a ocupar puestos de jueces y magistrados ha dejado de ser independiente con la reforma judicial, lo que ha arrojado dudas sobre la legitimidad de los últimos 300 nombramientos.

El pasado jueves, el PiS respondió presentando una enmienda en la que se prevén sanciones para los jueces si cuestionan la legalidad de los nombramientos judiciales. La reforma judicial prohíbe a los jueces participar en actividades políticas y prevé sanciones e incluso la destitución.

Asociaciones de jueces, fiscales y abogados de Polonia y organizaciones de la sociedad civil han convocado para hoy protestas en las principales ciudades del país para mostrar su oposición a este proyecto de ley.

El pasado sábado también hubo protestas contra esta propuesta de reforma judicial.

El expresidente polaco Lech Walesa, figura principal de la transición de la dictadura a la democracia en el país, llamó a la ciudadanía a salir a las calles masivamente para protestar si el gobernante Partido Ley y Justicia (PiS) sigue adelante con su propuesta de reforma judicial.

«No podemos permitir la destrucción de una justicia independiente. Basta de cesiones», destacó el Nobel de la Paz en un mensaje publicado en Twitter, en el que anunció que estaría en primera línea de la manifestación.

El proyecto de ley del PiS que permitiría destituir a los jueces que critiquen abiertamente su reforma judicial se debatirá mañana y el viernes en el Parlamento polaco, donde Ley y Justicia tiene mayoría absoluta.

No la tiene en el Senado, lo que previsiblemente alargará la tramitación de la medida en el caso de que tenga luz verde de la Cámara Baja.

La Comisión Europea (CE) ha dicho que analizará al detalle la nueva legislación, especialmente lo referente a su encaje en el Derecho Comunitario.

PAGAZAURTUNDÚA URGE A LA CE A ACTUAR ‘CON CONTUNDENCIA’ ANTE LA GRAVE VULNERACIÓN’ DEL ESTADO DE DERECHO DEMOCRÁTICO EN POLONIA

Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de UPyD en la delegación de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, ha instado al Ejecutivo comunitario a “actuar como un auténtico guardián de los Tratados” con el objetivo de “preservar el Estado de derecho democrático en Polonia”.

Pagazaurtundúa lanzó el martes un comunicado en el que critica la respuesta de la Comisión Europea sobre las «reformas ilegales» que ha emprendido el gobierno polaco para «controlar» la Justicia.

Se refirió en concreto a su posición sobre la sentencia del TJUE en relación a las disposiciones que establecen una edad de jubilación para los jueces y fiscales distinta según seas hombre o mujer.

“La Comisión no actúa con suficiente determinación cuando asegura que «toma nota» para luego añadir que «está lista para apoyar al gobierno polaco y así continuar las discusiones sobre los asuntos pendientes relacionados con el Estado de Derecho en Polonia»”, ha lamentado la eurodiputada.

Afirma que “su respuesta dista mucho de lo que esperamos ante una situación objetivamente grave” porque para la vicepresidenta de LIBE, “el Gobierno de Polonia reta una y otra vez a las instituciones comunitarias cuando anuncia que no cumplirá con la sentencia del TJUE».

EL TJUE HA DECLARADO ILEGAL LA LEY DE POLONIA QUE FIJA UNA EDAD DE JUBILACIÓN DE JUECES DISTINTA PARA HOMBRES Y MUJERES

El pasado 5 de noviembre, el TJUE declaró ilegal la reforma impulsada por el Gobierno polaco hace dos años en la que estableció una edad de jubilación para jueces de tribunales ordinarios y fiscales diferente para hombres y mujeres.

En la misma sentencia, concluyó que Varsovia ha violado el Derecho de la UE al reducir la edad de jubilación de los jueces de tribunales ordinarios y atribuir al ministro de Justicia la facultad para prorrogar el periodo de actividad de dichos magistrados.

El TJUE estimó el recurso interpuesto por la Comisión Europea contra Varsovia y declaró que Polonia ha incumplido las obligaciones que le impone la legislación comunitaria.

La reforma, aprobada en julio de 2017, redujo la edad de jubilación de fiscales y jueces de tribunales ordinarios, así como la edad de jubilación anticipada de los jueces del Tribunal Supremo polaco a 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres, edades que anteriormente estaban fijadas para ambos sexos en 67 años.

Además, esa ley atribuyó al ministro de Justicia la capacidad de prorrogar el periodo de actividad de los jueces de tribunales ordinarios una vez que alcanzaran las nuevas edades de jubilación fijadas.

El TJUE determinó que esta ley polaca «introdujo condiciones directamente discriminatorias por razón de sexo» al establecer edades de jubilación diferentes para hombres y mujeres.

Rechazó el argumento de Varsovia según el cual estas diferencias «constituyen una discriminación positiva».

El TJUE remarcó que la reducción de edad ordinaria de jubilación de los jueces combinada con la nueva facultad del ministro de Justicia para autorizar las prórrogas «viola el principio de inamovilidad» de los jueces.

Esta combinación, explicó, plantea dudas «legítimas» porque «podría tener en realidad la finalidad de permitir al ministro apartar a determinados grupos de jueces una vez alcancen la nueva edad ordinaria de jubilación» y «simultáneamente mantener en el cargo a otra parte de ellos».

En junio, el TJUE ya había dictaminado que la polémica reforma viola los principios de inamovilidad del juez y de independencia judicial.

Y la Justicia europea argumentó que todos los Estados miembros tienen la obligación de garantizar que sus órganos jurisdiccionales que formen parte de sus sistema de vías de recurso cumplan con las exigencias de la tutela judicial efectiva y, para asegurar dicha tutela, «resulta primordial preservar su independencia».

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