Tras una primera sanción, en el mes de octubre pasado, de 10 meses de suspensión de funciones y 2.500 euros de multa, el exfiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, ha vuelto a recibir otra.
Esta vez es más dura: 18 meses de suspensión de empleo y sueldo.
Aquella primera sanción se le impuso por cuatro faltas (dos muy graves y dos graves) en relación con los retrasos en una denuncia contra el exalcalde de Ourense, Manuel Cabrezas (PP).
Esta segunda tiene su origen en el piso que le costeó la Xunta entre 2004 y 2016 y la querella posterior.
«Se le considera autor de dos faltas muy graves: abuso de su condición de fiscal (un año de suspensión) e inobservancia del deber de abstención (seis meses más), ya que durante 12 años la Xunta costeó su céntrico piso de la calle Cardenal Quevedo, los 950 euros de alquiler de un domicilio de 200 metros cuadrados.
Delgado, con destino en Madrid desde mayo, recurrirá esta última sanción en vía administrativa y si, es necesario, ante la Audiencia Nacional.
En su momento, Delgado saldó el pleito con el propietario de la vivienda asumiendo la deuda acumulada.
Pero la Fiscalía General del Estado censura que no abandonara la vivienda cuando fue requerido por la administración autonómica, una vez que esta decidió dejar de satisfacer ese alquiler.
APARTADO COMO FISCAL JEFE DE OURENSE
El pasado mes de abril la Fiscalía General del Estado lo suspendió de sus funciones y lo apartó de su destino como fiscal jefe de Ourense precisamente por este caso.
María José Segarra, la fiscal general, ordenó el pase a esta nueva situación del fiscal jefe de Orense mientras dure el expediente disciplinario y se determine si cometió alguna irregularidad por ello.
El hecho de su suspensión cautelar indica que los indicios sobre los que se ha basado esta decisión son muy consistentes.
Este tipo de «ayudas» eran frecuentes entonces. Hasta que en 2016 la Xunta cambió de política y suspendió estos privilegios, dejando de abonar el alquiler, la luz, el agua y la calefacción lo que comunicó al fiscal jefe, para que abandonara el piso.
Contra todo pronóstico, Delgado, al parecer, hizo caso omiso desde septiembre de 2016. El fiscal jefe entendía que le asistía una especie de derecho adquirido para poder mantener gratis la casa.
Y se produjo el conflicto. Porque el propietario del piso, un octogenario, demandó a la Xunta en abril de 2018 por una deuda de 21.706 euros, IVA incluido.
