La acusación popular de Vox considera que no es de recibo que por una interpretación «totalmente contraria a derecho», realizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se beneficien los procesados prófugos, Carles Puigdemont y Antoni Comín, y sea un «medio para evitar» la actuación de la Justicia.
De esta forma ha respondido Vox al requerimiento que Pablo Llarena realizó el pasado 19 de diciembre a las partes del juicio del «procés» para que se pronunciaran sobre la indidencia podría tener la sentencia dictada ese día por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la situación de Puigdemont y Cómin, procesados y huidos a Bélgica.
Vox ha mantenido el mismo criterio que la Fiscalía. Considera que la sentencia del TJUE no afecta a la condena de 13 años de inhabilitación y de cárcel impuesta a Oriol Junqueras.
«A la fecha de dictarse la sentencia del TJUE, la situación fáctica analizada en la misma ha sido superada», dice la acusación popular.
Por ello, solicitan que se mantenga «la situación en prisión del señor Junqueras, se declare su inhabilitación porque no existe ninguna causa que lo impida».
Y añade: «La protección que otorgaría la condición de parlamentario europeo no puede ser considerada como una inmunidad absoluta».
