Josep Jover, abogado del exteniente Luis Gonzalo Segura, ha invocado ante la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 5 de Madrid, Carmen Valcarce, la Directiva de protección de los denunciantes de corrupción aprobada por la Unión Europea y que entró en vigor el pasado 17 de diciembre.
Es la primera vez que se aduce ante un tribunal español este texto legal que, aunque España tiene dos años para transponerlo a la legislación española, tiene plena validez desde la fecha citada.
Jover defiende a Segura frente a la querella por injurias y calumnias interpuesta por el Ministerio Fiscal a instancias del teniente general de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Miguel Alcañíz, a quien el exteniente se refirió el pasado 4 de julio, a propósito de la alimentación que estaban recibiendo los soldados en la lucha contra los incendios en la Ribera del Ebro.
«Que una de las tres comidas de militares que están apagando incendios sea un sándwich de cuatro lonchas de chorizo es una canallada. Miguel Alcañiz Comas, jefe de la UME, es un corrupto, un golfo, un negligente o todo junto porque esa comida no es de recibo y no cuesta 8 €», escribió Segura en su cuenta de Twitter @luisgonzaloseg.
Luego repitió en otro:
Miguel Alcañiz, jefe de la UME, es un corrupto, un golfo, un negligente o todo junto por gastar 640.000 € en raciones adaptadas para la UME y dar de comer sándwiches de chorizo a sus militares mientras estos se juegan la vida apagando incendios (y además les descuenta 8 €). pic.twitter.com/n4DkMx75AB
— Luis Gonzalo Segura (@luisgonzaloseg) July 4, 2019
Tras conocer la noticia de que los mandos de la UME habían decidido ponerlo en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, Segura, que fue expulsado del Ejército de Tierra en 2015, volvió a cargar contra el teniente general y publicó que Alcañiz es “el mismo que ensalzaba en 2013 a militares fascistas de la División Azul que lucharon con los nazis durante la II Guerra Mundial. ¡Nos vemos!”.
INTERROGADO EL PASADO 17 DE DICIEMBRE
El exteniente fue interrogado por la magistrada Valcarce el pasado 17 de diciembre, en Madrid, en el marco de las diligencias previas 1871/2019.
«Intentamos entonces invocar la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión pero la magistrada nos dijo que no era el momento procesal oportuno y que presentáramos las alegaciones que estimásemos oportunas más tarde. Es lo que hemos hecho», explica Jover.
En el escrito presentado ante Valcarce, el abogado señala a la magistrada que la Directiva prohibe cualquier tipo de represalias contra los denunciantes de corrupción.
«La Directiva dice que debe haber una fase probatoria previa en todos los procedimientos judiciales contra los denunciantes de corrupción que garantice la inversión de la carga de la prueba», señala el abogado.
«Es el Ministerio Fiscal el que tiene que probar que su querella no es una represalia por la denuncia de corrupción», añade.
La Fiscalía tendría, por lo tanto, que probar que es mentira lo afirmado por Segura sobre las raciones de comida a los soldados de la UME.
Hasta ahora el mecanismo funcionaba al revés.
Era el querellado el que tenía que demostrar que el contenido de sus palabras eran la verdad y, si era así, entonces se aplicaba el principio de la «exceptio veritatis», la excepción a la verdad.
«Es el Juzgado el que debería permitir las alegaciones de descargo en esta misma fase en la que nos encontramos, suspendiendo su tramitación y ordenando que se incorpore a las actuaciones el testimonio del alto cargo militar, para acreditar que desde el mismo momento de la incoación del referido expediente se hicieron constar los ‘motivos razonables’ por los que se hicieron las manifestaciones», dice el escrito interpuesto.
Por último, solicita el archivo de las actuaciones.
NO FUE EL ÚNICO
El exteniente Segura no fue el único que opinó sobre el sándwich de chorizo y la comida que recibían los efectivos militares que luchaban contra los incendios en diversas partes de España.
Varios partidos, como Ciudadanos, IU y Vox pidieron explicaciones al Gobierno en el Congreso de los Diputados.
