El exteniente del Ejército de Tierra, Luis Gonzalo Segura, expulsado del ejército por denunciar presuntos casos de corrupción, denunció hoy en la Eurocámara las «carencias democráticas» dentro de la jurisdicción militar.
Así lo ha expuesto, junto a su abogado Josep Jover, el exmilitar en rueda de prensa.
Gonzalo Segura, expulsado después de trece años de servicio, tras agotar todas las instancias de la justicia española, solo conseguirá que se revierta la decisión de su expulsión con un recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
El exmilitar, contra el que además hay abiertas otras cuatro causas de sanciones administrativas, denunció con la publicación de la novela «Un paso al frente», que en el Ejército funciona un sistema de «castas» que mide con doble rasero a militares de tropa y suboficiales, frente a los privilegios «insultantes, delictivos y poco éticos de algunos oficiales».
Actualmente, la resolución de expulsión está pendiente de recurso ante el TEDH.
En la Eurocámara explicó que haber denunciado la presunta corrupción en el Ejército le empuja a la «exclusión social» pues todos los que acusan son «estigmatizados» y tienen dificultades «aunque sea para trabajar en una empresa de seguridad».
El exteniente indicó que su deseo es volver al Ejército porque ante todo él «es un militar».
Su abogado informó de que la justicia europea tiene un papel que jugar en el caso dado que la carta de derechos fundamentales de la UE recoge el derecho de la libertad de expresión y no establece distinciones en cuanto a garantías entre funcionarios y miembros del Ejército.
Jover también dijo que no estaría fuera de lugar una directiva europea que regule la profesión militar «si no esta legislatura, la próxima».
Recientemente, su abogado, Jover, en declaraciones a CONFILEGAL sostenía que en la cuestión prejudicial «piden que el TJUE se pronuncie sobre si las medidas disciplinarias impuestas a un militar por denunciar públicamente la corrupción son compatibles con la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre 2000».
Un asunto que, «que podría dar un giro de 180 grados a este asunto y que podría afectar, al menos, a otros 30 casos más», indicaba
