El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro (Ciudadanos), declaro ayer como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa tras aceptar el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5, Miguel Ángel García Gutiérrez, una denuncia interpuesta contra él por el PP.
A su salida de los juzgados, donde acudió y salió caminando en compañía de su abogado, a diferencia de lo que hizo en julio de 2019, cuando accedió por la puerta de atrás y a la carrera para que la prensa no fotografiara o grabara en vídeo su entrada o salida de los juzgados, aseguró que estaba «tranquilo» y se mostró convencido que la demanda del PP «decaerá como las anteriores».
En declaraciones a los medios tras una hora en la sede de los juzgados de Melilla, Eduardo de Castro manifestó que «he venido a una declaración judicial, una de tantas, y he respondido a las preguntas que me ha hecho su señoría, a una aclaración que me ha pedido la señora fiscal y a las preguntas de mi abogado».
La primera autoridad melillense negó las alegaciones de los populares, que le acusan de haber adoptado decisiones de forma indebida cuando aún no había tomado posesión del cargo de presidente de la Ciudad, y subrayó que la denuncia del PP «forma parte de una estrategia de este partido «para tumbar al presidente a base de denuncias que no van a ningún sitio».
El magistrado García Gutiérrez citó a De Castro como investigado por las órdenes verbales, actuaciones y resoluciones adoptadas entre el 17 y el 22 de junio, antes de tomar posesión de su cargo.
En su denuncia, el principal partido de la oposición subrayó que dichas órdenes «constituyen un presunto delito continuado de prevaricación, ya que en esos momentos las atribuciones correspondían a Juan José Imbroda como presidente en funciones».
Según el PP, De Castro «no solo no respetó el tiempo prudencial y legalmente establecido para ejercer como presidente tras el Pleno de investidura, sino que provocó, de forma consciente y arbitraria, perjuicios a la ciudadanía al dejar un arbitrario vacío de poder y adoptar resoluciones» que podrían tornarse nulas de pleno derecho.
«Incumplió conscientemente, de manera burda y reiterada, el Estatuto de Autonomía, el Reglamento de la Asamblea y el Reglamento de Gobierno y de la Administración», afirmaron los populares.
Entre otras actuaciones, el PP denunció que el presidente del partido naranja «ordenó a la funcionaria de regencia cambiar todas las cerraduras de presidencia y protocolo, al jefe de la Policía Local la apertura de un atestado e investigación policial de las cámaras del Palacio de la Asamblea, ordenó por escrito a consejeros y viceconsejeros que se abstuvieran de utilizar sus despachos, cuando estos continuaban en sus funciones».
Además, añadieron que Eduardo de Castro, «sin poseer las atribuciones de presidente, firmó decretos de cese de todos los consejeros y viceconsejeros, cuando legalmente deberían permanecer en funciones hasta el nombramiento del nuevo ejecutivo, dejando a la ciudad de Melilla sin gobierno, hecho inédito en el conjunto del territorio español».
«Estos ceses apresurados», tal y como se explica en el texto de la querella, «generaron múltiples problemas surgidos, entre ellos la contratación del transporte de los fuegos de artificio para la celebración de los festejos de la Noche de San Juan, que, sin embargo, se celebraron tras un procedimiento irregular que también se denuncia en el citado procedimiento».
