Ante el gran número de perjudicados, el magistrado remitió la causa a la Audiencia Nacional, que argumentó no ser competente para su investigación, ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en una nota de prensa.
En concreto, la Audiencia Nacional sostuvo en su escrito que no quedaba acreditada la existencia de una generalidad de personas, en el sentido de una pluralidad importante de sujetos pasivos afectados.
Todavía rige el secreto de actuaciones
Por eso, y tras el resultado de las investigaciones judiciales realizadas hasta el momento, el magistrado del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Teruel remitió el pasado 3 de diciembre de 2019 al TS un escrito, condensando las cuestiones principales en trece folios, causa sobre la que todavía rige el secreto de actuaciones.
El instructor plantea al Supremo la cuestión de competencia basándose en las investigaciones judiciales e informes de la policía judicial según los cuales existirían un total aproximado de 4.000 potenciales perjudicados.
Ubicados estos en la práctica totalidad del territorio nacional y de los cuales más de 200 podrían haber efectuado ingresos en las cuentas de los investigados.
La causa se sigue por la presunta comisión de delito de extorsión, amenazas graves de muerte, contra la intimidad de las personas, falsedad documental, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo u organización criminal, han apuntado desde el TSJA.
