Cincuenta delegaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), procedentes de los cuatro puntos cardinales de España, celebran, desde ayer en su XXVII Asamblea Estatal en Rivas-VaciaMadrid, localidad al este de la Comunidad de Madrid, que organiza la Coordinadora Regional Madrileña.
Más de 350 afectados por la hipoteca componen esas delegaciones.
Es el primer encuentro nacional tras el nuevo Gobierno salido de las urnas. Es un encuentro fundamental ante el nuevo panorama político.
En dicha Asamblea se decidirá el plan de acción para hacer efectivas sus demandas y propuestas legislativas.
Desde este colectivo se pretende que este 2020 debe ser el año del Derecho a la vivienda gracias a la presión popular.
“Esperamos que este Gobierno que se llama progresista anteponga los derechos de los ciudadanos a cualquier ‘lobby’”, explica Paco Morote, su portavoz nacional.
La principal reivindicación es frenar la ola de desahucios existentes en nuestro país.
“Tal y como dice la relatora de las Naciones Unidas, Leilani Farha en su informe último informe, «Directrices para la aplicación del Derecho a una vivienda adecuada», habría que buscar alternativas a los desahucios y utilizar esta herramienta como última alternativa.
En este contexto, se le pide al Gobierno una ampliación de la moratoria de desahucios, que finaliza el 15 de mayo, con la mejora y ampliación de sus protocolos de acceso para que no afecte solo a las ejecuciones hipotecarias y también se acojan los casos de alquiler y ocupación.
La Ley 1/2013 de 14 de mayo de Protección a Deudores hipotecarios, estableció en su día unos periodos de moratoria a las familias en situación de vulnerabilidad que no dispusieran alternativa habitacional.
“La moratoria era de dos años, que suelo se amplió a otros dos, hasta que llegamos al próximo vencimiento de mayo del 2020”.
“Frente a familias que han rehecho sus vidas, hay otras que siguen con problemas económicos graves. Y sería importante que estas personas vieran ampliada la posibilidad de seguir en sus viviendas”, afirma.
«Esa moratoria debe vincular a los nuevos propietarios de las viviendas. Por la presión del Banco Central Europeo y del Banco de España hacia la banca para que se desprenda de sus activos tóxicos, se han vendido miles de viviendas a los fondos buitres. Es importante que se contemple la responsabilidad subsidiaria de los nuevos propietarios”, apunta Morote.
PLAN DE CHOQUE
Por eso mismo ese colectivo ya había registrado en el Congreso su plan de choque de «Propuestas para abordar la grave crisis de emergencia habitacional, así como el Derecho a la Vivienda» al nuevo gobierno y grupos parlamentarios.
Ese Plan de Choque se registro el pasado 7 de enero en el Congreso y está estructurado en seis apartados que pretende frenar el ritmo de desahucios existentes, que se incremente el parque de vivienda social, uno de los menos numerosos de Europa y se mejore la protección del consumidor.
A este respecto Morote dice que “hay que señalar que esta nueva normativa Ley de Contratos de Créditos Inmobiliarios (LCCI) está favoreciendo a la banca pues blanquea cláusulas como la del vencimiento anticipado que ya fueron declaradas abusivas por TJUE. Esta Ley no aumenta la protección de los deudores y es incapaz de impulsarla responsabilidad limitada a la vivienda para evitar, tras perderla, deudas de por vida”.
También en el mencionado Plan de Choque se insiste en garantizar los suministros básicos en la vivienda.
Según el INE, en 2018 un 7,9% de la población no podía mantener una temperatura adecuada en su vivienda en los meses fríos del año, algo que aumenta al 28,3% para las personas con menos ingresos.
Desde la PAH su portavoz nacional explica que “nos parece una buena opción que los Suministros estén garantizados con la aplicación del Principio de Precaución consistente en evitar los cortes en los suministros básicos de tal manera que antes de producirse el corte, la empresa suministradora debería verificar con los Servicios Sociales que la persona afectada no se encuentre en situación de vulnerabilidad”.
Por último, se plantea la necesidad de una Ley Estatal de la Vivienda.
A pesar de que el artículo 47 de la Constitución consagra el Derecho a la Vivienda de todas las personas, no existe una ley estatal que, sin perjuicio de las competencias autonómicas, establezca unos mínimos de garantía para cada persona, sin discriminación por razón de residencia como sucede en la actualidad.
Para este colectivo es fundamental aprobar dicha Ley sobre la base de la 24/2015 catalana y la propia Ley de la PAH, registrada y aceptada en el Congreso en septiembre de 2018, más la incorporación de cuestiones –como el derecho subjetivo a la vivienda y el contrato de alquiler indefinido para ciertos colectivos de la Ley 3/2017 valenciana– avalados por el Tribunal Constitucional y otros pendientes de abordar, como la despenalización de la ocupación de las personas en situación de exclusión social y residencial.
MÁS DE UN MILLÓN DE DESAHUCIOS DESDE 2008
En España se han ejecutado 1.000.002 desahucios desde 2008, una media diaria de uno cada doce minutos.
Un 68% de ellos por impago de alquiler, según denunció la PAH, un estudio hecho por el propio Morote en colaboración con José Luis Meseguer, de la PAH Valencia.
Aquí se abre el debate para controlar los precios del alquiler.
“No hay ningún mecanismo de control a nivel de precios y eso se nota. Hay muchas viviendas propiedad de fondos buitre fuera del mercado por lo que los precios de los alquileres no bajan”, cuenta.
Es necesaria una reforma fiscal sobre la vivienda “y que la vivienda desocupada tribute de tal forma que se saque al mercado en lugar de tenerlas cerradas. Según el INE hay más de 3.400.000 millones desde el 2011 como dato más reciente pero es posible que haya más», señala nuestro interlocutor.
«Hablar de más de un millón de desahucios se dice pronto, y aún faltan por cerrar los datos oficiales de 2019».
A su juicio, hay que adoptar medidas urgentes para paralizar los desahucios, detrás de cada uno de los cuales hay un drama familiar.
La plataforma se queja de «la falta de una legislación que nos proteja y el exceso de políticas y gobiernos que han priorizado la especulación. Se calcula que el millón de desahucios ha afectado a más de 2,5 millones de personas”.
Para ello, este colectivo insta al Gobierno de PSOE-Unidas Podemos «si de verdad quiere ser un gobierno progresista, a que esté por los derechos sociales» y cumpla la legislación internacional «para que no haya un desahucio más sin alternativa habitacional».
