La trabajadora social acusada de falsificar el DNI de un hombre fallecido en 1980 y cobrar la pensión de jubilación de dicha persona durante 33 años ha admitido los hechos y ha aceptado dos años de cárcel.
«Estoy muy arrepentida. Voy a pagar todo lo que debo a la Seguridad Social», señaló ayer Juana Igeño Martínez, de 83 años, entre lágrimas al inicio de la vista oral en la Audiencia Provincial de Madrid.
La Fiscalía pedía inicialmente 6 años de prisión por un delito continuado de estafa y otro de falsedad en documento oficial; que abonara al Instituto Nacional de la Seguridad Social una indemnización de 205.590 euros, y que se le impusiera una multa de unos 4.300 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
Tanto la Fiscalía como la acusación presentada por la Tesorería de la Seguridad social han llegado un acuerdo con la defensa por el que la pena ha quedado reducida a dos años de prisión por la aplicación de atenuantes, y al pago de 147.963 euros.
El acuerdo solo se refiere a la parte penal, dado que Bankia no ha aceptado el pacto alcanzado, al mostrarse en contra de la cuantía a pagar.
La Tesorería General de la Seguridad Social acusa a esta entidad de responsable civil de los hechos por no percatarse de lo que estaba sucediendo.
El juicio, que quedó ayer visto para sentencia, se celebró para dilucidar si Bankia era responsable subsidiaria, como sostiene esta acusación.
Declararon el exdirector de la entidad donde la acusada extraía el dinero y la inspectora de policía encargada de la investigación.
El exdirector de la sucursal explicó que en 1981 se abrió una cuenta de ahorro con el nombre del fallecido y que la mujer iba al banco con el DNI y con la Fe de Vida (certificado que declara que una persona está viva), manifestando que estaba enfermo en casa.
«Vino con un DNI caducado y le comenté que debía llevar un notario si la persona del DNI estaba impedida en casa», ha relatado. «Si usted le viera, el pobrecito no se puede ni mover», le contestó ella, según ha indicado en declaraciones a los periodistas tras declarar.
Según señala la Fiscalía en su escrito de acusación, Juana Igeño prestaba sus servicios como trabajadora en el Hospital Psiquiátrico Alonso Vega de Madrid. Allí estaba internado J. P. M., quien murió el 17 de marzo de 1980.
La Fiscalía indica que gracias a que el fallecido no tenía familiares conocidos, Igeño se hizo con su DNI y documentación bancaria para seguir percibiendo la pensión de jubilación por incapacidad absoluta que le había sido concedida en 1977.
La cobró desde el 1 de abril de 1980 hasta el 31 de julio de 2013 y obtuvo la cantidad de 205.590’02 euros.
El Ministerio Público detalla que la cantidad a percibir fue inicialmente de 104,16 euros mensuales, ascendió en 2012 a 675’64 euros mensuales y en 2013 a 689’15.
Señala que para ingresar el dinero, el 23 de diciembre de 1981, Igeño abrió una cuenta corriente a nombre del fallecido, donde domicilió el pago de las pensiones y desde donde retiraba en efectivo todos los meses el dinero ingresado.
Dice que a partir de 2008 modificó su modus operandi y falsificó una autorización a su favor firmada “aparentemente” por J. P. M. que le permitía hacerse con el dinero.
En enero de 2013, Bankia -antes Caja Madrid- le instó a que aportara una Fe de Vida y Estado del titular de la cuenta, “que la acusada obtuvo del Registro Civil Único de Madrid”, presentando el DNI original del fallecido, y una autorización a su favor para solicitarla, “que ella misma había confeccionado imitando su firma”.
