Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo en funciones ha informado a Ecologistas en Acción de Talavera de la Reina que está tramitando la queja presentada contra la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) porque que no les ha informado –a pesar de haber sido requeridos– de por qué no han ejecutado la orden de demolición del chalet del fiscal decano de Talavera.
Esta demolición decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), y, en vez de eso, han abierto abierto un expediente de legalización de la obra.
«Una vez estudiada su queja, tal como se le indicó en el acuse de recibo en su día enviado, procede admitirla a trámite porque reúne los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución, en relación con la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, que regula esta institución», dice la misiva enviada por Fernández Marugán a María del Prado Salmerón, responsable de Ecologistas en Acción de Talavera, la cual, recién recibida por correo postal, tiene fecha de 23 de enero.
Esta organización ecologista solicitó información a la CHT sobre la demolición del mencionado chalet el 31 de octubre.
La CHT contestó el 20 de enero informando que habían suspendido la ejecución de derribo del chalet porque habían abierto un expediente de legalización de obra, solicitado por la esposa del fiscal decano de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade.
El chalet está construido en zona prohibida, parte en zona de servidumbre y parte en zona de policía del dominio público hidráulico sobre el que tiene jurisdicción plena CHT.
Ecologistas en Acción solicitó la intervención del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el mismo fin que con el Defensor del Pueblo, saber por qué no se ejecuta una sentencia firme, pero contestaron que no eran competentes.
«Desde Ecologistas en Acción de Talavera no entendemos la inacción de la CHT. Hay una sentencia del TSJCLM que no se ejecuta. ¿Por qué?«, se pregunta Salmerón.
«El artículo 410 del Código Penal dice que las autoridades o funcionarios públicos que no cumplan las resoluciones judiciales cometen un delito de desobediencia y pueden ser inhabilitados por un periodo de seis meses a dos años», añade.
«El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia del asunto Hornsby contra Grecia, dice que las autoridades públicas que no cumplan una resolución judicial firme y ejecutiva están privando por completo de eficacia a la tutela judicial», prosigue.
«Y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta sería ilusorio si se permite que una sentencia firme quedase inoperante. No soy jurista, pero lo que dice la ley y los dos tribunales más importantes de la Unión Europea es que las sentencias firmes hay que cumplirlas. Y eso no lo está haciendo la Confederación Hidrográfica del Tajo, lo que puede tener consecuencias personales para los responsables«, señala.
